Ya está. La realización de elecciones anticipadas, quizás uno de los temas más manoseados en Israel en los últimos meses, es una realidad con fecha incluida: 9 de abril de este flamante 2019. No tiene demasiado sentido recordar aquí todas las especulaciones que han circulado -y que circulan- sobre el porqué y el cuándo de estas elecciones. Lo importante, desde ahora y hasta esa fecha, es cómo se definirán las fuerzas que competirán en estas elecciones, en las que se anotan ya, además de los partidos ya conocidos, al menos dos nuevos. Uno de ellos, con el nombre Hozen Israel, ha sido armado y lanzado por Benjamin Gantz, ex comandante en jefe del ejército, y supuestamente se inclinaría hacia el centro del espectro político (cualquiera sea lo que esto signifique); el otro, iniciado por Naftali Bennet y Ayelet Shaked, los dos ex líderes del partido “Habait Haiehudí”, es de clara inclinación de derecha, como lo proclaman orgullosamente sus fundadores (“La nueva derecha” es su nombre en hebreo).
Vale la pena señalar, de paso, la facilidad con que es posible crear un partido político en Israel; alcanza con presentar una solicitud al Registro de Partidos Políticos avalada al menos por cien ciudadanos israelíes (considerados los fundadores) , con sus firmas y señas particulares, y acompañada con documentos que contengan los objetivos del nuevo partido y sus estatutos de funcionamiento (con detalles tales como las condiciones para aceptar miembros del partido, sus derechos y obligaciones, las instituciones del partido y sus funciones y formas de operación, los métodos para determinar la lista de candidatos del partido, etc.). Es así que, de acuerdo con información reciente de Wikipedia, además de los 17 partidos representados en la actual Knéset (el Parlamento israelí), hay otros 29 partidos sin representación parlamentaria (recuérdese que la legislación electoral vigente establece que cada partido que se presenta a elecciones debe obtener un mínimo de 3.75% de los votos emitidos para acceder a la Knéset).
Pero pese a esta multiplicidad de ofertas políticas (que muchas veces refleja ambiciones y conflictos personales, más que genuinas diferencias de enfoque y de propósitos, aunque no parece haber demasiado interés en esta sociedad -vaya uno a saber porqué- en adoptar un sistema más racional de representaciones políticas) es importante tener presente que en estas elecciones se enfrentarán básicamente dos programas. Y es de temer que, desafortunadamente, los contenidos de ambos programas serán más bien asimétricos: el que presentarán los integrantes del actual gobierno, es decir, el partido mayoritario en la actual coalición (Likud) y sus socios menores, se basará seguramente -nos guste o no- en una detallada alabanza de lo alcanzado hasta el momento y en una promesa de continuidad de las políticas actuales en todos los campos, comprendiendo los de seguridad, ocupación territorial, economía, bienestar social, etc. Por su parte, es altamente probable que el grueso de la actual oposición centre su oferta electoral -casi exclusivamente- en la necesidad de expulsar del poder al actual Primer Ministro, sin ofrecer una clara estrategia alternativa de desarrollo y de política interna y externa, que sea esencialmente diferente de la que se ha venido llevando hasta el presente.
De esta manera, son relativamente escasas las probabilidades de que estas próximas elecciones conlleven un cambio significativo en la conducción política de este país. Ciertamente existe la posibilidad de que la Procuraduría General de la Nación se decida a procesar al Primer Ministro Benjamin Netanyahu, en las causas abiertas contra él, antes del 9 de abril. Y en ese caso podría pensarse que las chances del Primer Ministro de continuidad en el poder disminuirían significativamente.
Sin embargo, y a diferencia de lo que seguramente ocurriría en estas circunstancias en otras sociedades calificadas como democráticas y respetuosas de los valores éticos, el Primer Ministro ha declarado ya, con el entusiasta apoyo de sus seguidores, que aún procesado seguirá impertérrito en su carrera electoral. Es así que probablemente nos encontremos pronto con el mismo Primer Ministro, procesado (pero con un proceso que se estirará en el tiempo) y en pleno dominio de sus funciones. Y todo ello con pleno respeto a la legalidad vigente (si se atiende a la letra más que al espíritu de las leyes).
Mientras tanto, el tema que domina en el panorama nacional es el de la seguridad. Y la seguridad, más allá de la figura de Mr. Seguridad que se ha auto construido el Primer Ministro (y Ministro de Defensa), está representada por destacadas personalidades de las fuerzas armadas, como es el caso de Ehud Barak, Moshe Ya’alon, Benjamin Gantz y tantos otros; y es este tipo de figuras las que esperan concitar importantes apoyos electorales, aun cuando sus propuestas programáticas son en el mejor de los casos vagas y en general, indiferenciables de las que predominan actualmente, tanto en el ámbito económico y social como en el propiamente político. Y en lo que parece haberse convertido ya en una tendencia, la ausencia de propuestas renovadoras en esos ámbitos refleja una creciente aceptación del estatus quo por parte de la sociedad. Pero la lección a aprender de todo esto es que el mundo no se acaba el 9 de abril. Bien dice el refranero popular que no hay mal que dure cien años…ni cuerpo que lo resista. No se trata, sin embargo, de esperar sentados que el mal, cualquiera sea la forma en que éste se defina, pase. Se trata, por el contrario, de ayudar a reanimar el proyecto de largo aliento que llevó a construir este país como el hogar nacional judío, dotado además de un claro sentido social.
Ciertamente, ese proyecto está siendo dejado a un costado y substituido por un obcecado mesianismo que, en una extraña mezcla de fanatismo religioso y estridente ultranacionalismo, cuenta con los asentamientos en los territorios ocupados como su punta de lanza. Y en paralelo con ese proceso, se van desdibujando los rasgos solidarios que alguna vez caracterizaron a esta sociedad, de modo que en el ámbito material contamos con una economía desarrollada pero que no es capaz -o más bien parece no estar interesada- en compartir los frutos de su crecimiento, como lo demanda una justicia social bien entendida.
Esto no va a cambiar, así como así, a partir de las elecciones; pero éstas podrían constituir -esperanzadamente- el inicio de un proceso que vuelva a encarrilar a esta sociedad, a este pueblo, en las sendas democráticas y humanistas de su Declaración de Independencia.