Texas es uno de los estados de EEUU que se sumó a la iniciativa de proclamar una ley contra el boicot anti-israelí.
El mismo gobernador de la entidad fue el principal promotor de esta ley estatal que prohíbe a los entes oficiales relacionarse con empresas que hayan participado en sanciones de boicot al Estado de Israel.
Texas se sumó de esta forma, desde 2017, a los más de veinte estados de la Unión que legalmente desaprueban y combaten el movimiento BDS (Boicot, Sanciones y Desinversión) contra Israel, aunque los detractores de la ley afirman que esta constituye una violación de los derechos de libre expresión de particulares y compañías.
Es así como la desinversión propuesta por el movimiento BDS está comenzando a aplicarse en contra de sus mismos promotores. Algunos fondos e instituciones relacionados con el estado de Texas están comenzando a desinvertir, es decir a retirar sus fondos, de las compañías que boicotean al Estado de Israel.
Los montos pudieran alcanzar un total de $72 millones, entre los que destacan las inversiones hechas por el Sistema de Retiro de Empleados de Texas, de $68 millones, y el Fondo Escolar Permanente de Texas, de $4 millones, a ser retirados de las acciones manejadas por el gigante financiero noruego DNB.
Otra compañía que estuvo recientemente bajo el foco por la ley anti-BDS fue la exitosa Airbnb que había decidido eliminar de sus listados a las propiedades de judíos que viven en las comunidades israelíes en Cisjordania (Judea y Samaria). Tras varias demandas contra la compañía y una gran presión de algunos gobernadores y políticos norteamericanos, decidieron revertir su decisión y permitir que se publiquen las propiedades sin discriminación alguna.