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Sí, es preciso repetirlo una y otra vez. El conflicto israelí-palestino no está resuelto, ni parece que haya interés en resolverlo.

COP26 en Glasgos. Naftali Bennett y el primer ministro británico Boris Johnson – Foto: Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS

Benito Roitman

Por eso se ha acuñado una expresión que es un delicioso eufemismo: lo que es necesario es administrarlo. En realidad, de lo que se trata es de considerar como “normal” el mantenimiento del estatus quo, y la continuidad de una ocupación que se espera vaya acostumbrando a una sociedad -la palestina- a vivir al ritmo que le imponga el ocupante; la ilusión -o el cálculo- de que una eventual y paulatina mejora en lo económico será suficiente para acallar las protestas que se acumulen, y la constatación y aceptación (pero no la internalización) de que las categorías de ciudadanos de primera, de segunda y aún de tercera son “normales”. Todas éstas son realidades que la sociedad israelí en su mayoría se muestra reacia a enfrentar y proclive a ocultar. Un ejemplo inmediato y notorio ha sido la intervención, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, del primer ministro de Israel, Naftali Bennet, en el transcurso de la cual no hubo una mínima mención del conflicto israelí-palestino. Precisamente por ello es necesario repetirlo una y otra vez: vivimos -y nos hemos acostumbrado a vivir- con un conflicto no resuelto que condiciona nuestro presente y nuestro futuro -es decir, el de nuestros hijos y nietos- nos guste o no.

Pero ¿ese futuro existirá? Porque parece que estamos empeñados en desatar una guerra abierta con Irán, declarando a voz en cuello que estamos preparándonos para atacarlo. Y el resultado sería absolutamente impredecible. Para ejemplificar las posiciones que se manejan actualmente en Israel sobre el particular, se puede hace referencia a dos planteos recientes. En opinión de Benny Morris, un reputado -y controvertido- historiador israelí, Israel enfrenta dos opciones con respecto a un Irán nuclear, que él mismo califica de terribles, y que resume de la siguiente manera: “O bien Israel, de la mejor manera que pueda, utilizando cohetes y bombas, destruye las instalaciones nucleares de Irán, o tendrá que vivir con un Irán nuclear en los años por venir”.  (Ver Haaretz en inglés, del 27/9/2021). Las reacciones a este planteamiento no se hicieron esperar. Por ejemplo, el Prof. Dimitri Shumski, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señala en una nota de opinión en el mismo periódico (el 21/10/2021) que Morris pasa por alto una tercera opción: la búsqueda de soluciones diplomáticas, que pudieran conducir a acuerdos de paz en el largo plazo. El Prof. Shumski, ciertamente, califica esta tercera opción como utópica a la luz de la realidad actual, pero insiste en que Israel no puede ignorarla, más aún cuando sostiene que a lo largo de la historia reciente, “la política sionista se ha caracterizado no solo por un agudo sentido de la realidad actual, sino también por elementos de pensamiento utópico, para luchar incansablemente por cambiar la realidad existente”. Y no nos olvidemos que hoy, a menos de 80 años de la Shoá, Alemania se cuenta entre nuestros mayores aliados.

Pero pese a ello, y al menos en lo que puede observarse de la conducta política del gobierno y de la oposición, así como de los medios de información, esa discusión no resuena como tema principal de la opinión pública (¿quizás por un exceso de confianza o, por el contrario, por la presencia de temores que se ocultan tras la negación?). En su lugar, las preocupaciones actuales parecen centrarse más en la incertidumbre sobre la suerte que pueda correr el actual gobierno, cuya continuidad depende en lo inmediato de la votación del presupuesto. En realidad, las probabilidades de aprobar ese presupuesto antes o hasta la fecha límite del 4 de noviembre son a mi juicio bastante altas, pese a los esfuerzos de la oposición (recuérdese que la no aprobación del presupuesto conduciría automáticamente a la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias). Pero lo que resulta difícil de prever es la suerte de este gobierno después de la aprobación del presupuesto, cuando las fuertes discrepancias internas se manifiesten abiertamente (hoy por hoy, la eventualidad de nuevas elecciones mantiene una cierta calma dentro de la coalición de gobierno, a pesar de sus evidentes -y hasta diría insuperables- contradicciones),

Y planeando sobre todo esto continúa la pandemia, que aun cuando estaría en vías de ser superada, viene dejado su impronta en el funcionamiento social y económico. Las proyecciones macroeconómicas del Banco de Israel, recientemente actualizadas, presentan un panorama que, en vista de las circunstancias, puede calificarse de optimista. El crecimiento del PIB se estima en 7% para este año y 5,5% para el 2022, comparado con una caída de 2,2% en el 2020; el motor de ese crecimiento se vincula con el aumento del consumo privado, ya liberado en gran medida de las restricciones impuestas por el control de la pandemia, y se estima que el déficit público, que alcanzara casi 12% del PIB en el 2020, disminuya a 6.4% y 4% en el 2021 y en el 2022 respectivamente.

Pero una mirada más en profundidad encuentra problemas serios en el funcionamiento de esta economía, tanto en términos de su dependencia de las actividades de alta tecnología como de la continuidad de las brechas entre los diferentes sectores de actividad y sus impactos sobre los diferenciales de ingreso de la población. Pese a ello, no se perciben señales de cambio en el modelo económico, aun cuando en el plano internacional aumenten los planteamientos críticos sobre su funcionamiento. Un ejemplo de esos problemas se ubica en el desarrollo del mercado laboral en Israel, que plantea dilemas tanto económicos como sociales, exacerbados por los efectos de la pandemia. La fuerza de trabajo en Israel, es decir, la cantidad de personas de 15 años y más que declaran trabajar o buscar trabajo asciende actualmente a unos 4,1 millones de personas. Pero esta cifra no comprende a los trabajadores palestinos que laboran en Israel o en los asentamientos y que se estima que ascienden a unos 148 mil trabajadores (legalmente serían unos 87 mil en Israel y 35 mil en los asentamientos israelíes en Cisjordania, además de unos 26 mil, de acuerdo a una estimación de la OIT), ni tampoco a los llamados trabajadores extranjeros, que ascenderían a unas 122 mil (102.300 legales y 19,800 ilegales, de acuerdo a cifras de la Autoridad  de Población e Inmigración de Israel, aunque otras estimaciones sitúan el número de trabajadores extranjeros ilegales en cifras mucho más elevadas).

Estos trabajadores constituyen un agregado de al menos un 6% a la fuerza de trabajo en Israel, y se concentran mayormente en tres actividades: agricultura, construcción y servicios personales de atención (enfermería). Ciertamente, mucho se habla de la necesidad de incorporar a los jaredim (judíos ultra religiosos) en la fuerza de trabajo israelí y de aumentar significativamente la participación de la población árabe israelí en esa fuerza de trabajo. Y no cabe duda que es preciso insistir en esa necesidad tantos por razones económicas como sociales y políticas. Pero mientras tanto, y con respecto a los trabajadores extranjeros y a los trabajadores palestinos, la sociedad israelí se ha acostumbrado a disponer de una mano de obra barata cuyo volumen puede regularse en gran medida a voluntad (atrayendo o expulsando trabajadores extranjeros, aumentando o disminuyendo los permisos de trabajo para los trabajadores palestinos). Y esa mano de obra se ubica en áreas de actividad que aparentemente son desdeñadas por los israelíes (pero que son indispensables para su bienestar). Sin embargo, esta situación parece estar por debajo del radar de la sociedad israelí, que sólo toma conciencia de ella de tanto en tanto, cuando estallan conflictos sociales o se cierran los pasos entre Israel y Cisjordania.

Con el retroceso de la pandemia, Israel se prepara a “normalizar” su mercado de trabajo, lo que equivale a retornar a las estructuras laborales previas, a pesar de los notorios problemas -económicos, sociales, políticos- que genera su estructura. Pero ¿puede ser de otra manera? ¿Se puede revisar a fondo el funcionamiento del modelo económico, mientras se mantiene un estado de beligerancia permanente? ¿Se puede hablar de democracia y al mismo tiempo mantener criterios de democracia distintos para diferentes poblaciones?  No, mientras el conflicto israelí-palestino no se resuelva. Y el paso imprescindible para que esto sea alguna vez realidad, es reconocer su existencia y no ocultarlo debajo de la alfombra, fingiendo demencia. Esa valentía social es la que hace falta.

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