Una reciente decisión del tribunal superior de justicia de Las Palmas deja sin efecto las medidas de boicot contra Israel que habían sido aprobadas en el año 2015 en la localidad española.
En el año 2017, tras una demanda presentada por la organización ACOM, el juzgado de Las Palmas decidió anular una resolución aprobada por el Cabildo Insular de Gran Canaria para declarar a la región como «zona libre del apartheid israelí». El cabildo había pedido revocar esta decisión, que ahora fue confirmada por el tribunal local, reafirmando la ilegalidad del boicot a Israel.
En su decisión el tribunal recalca que la decisión del cabildo de sumarse al boicot a Israel «genera sustantividad para erigirse en acto administrativo con efectos jurídicos para los que el Cabildo carecía de competencia por referirse a la política exterior del Estado, que es quien tiene competencia, en su caso, para ello».
En un comunicado ACOM resalta que esta es la tercera sentencia de un tribunal superior español contra el movimiento BDS. La organización española ACOM es la principal denunciante del odio y la discriminación contra Israel en España, habiendo ganado ya 37 demandas en este tema.
Tribunal de Las Palmas en España condena el boicot a Israel
Cabildo Insular de Gran Canaria. Foto: Dominio público
Este es un caso algo particular, primero porque los partidos que votaron a favor del BDS son Nueva Canarias, PSOE y Podemos, siendo el PSOE la izquierda moderada que actualmente gobierna España y que no suele ser tan beligerante contra Israel como los comunistas de Podemos, mientras que Nueva Canaria es un partido de centro-izquierda nacionalista que se escindió de Coalición Canaria, este un partido pseudo-nacionalista, más bien de derechas, que suele apoyar a la derecha del Partido Popular. También porque el Cabildo es un órgano de gobierno particular de las Islas Canarias, a medias entre los Ayuntamientos locales y los Autonomías regionales, un Cabildo puede ser más similar a las Diputaciones de las provincias de España solo que con competencias diferentes, ya que en Canarias existe un cierto sentimiento nacionalista, a poco también separatista y con un pasado de atentados terroristas mediante las Fuerzas Armadas Guanches. Los nacionalistas canarios siempre están quejándose de los males que no soluciona el estado de España y pidiendo más competencias o dinero a España. El juzgado que ha fallado a favor de ACOM no es un tribunal superior, probablemente al no ser el Cabildo una administración superior como pueda ser la Autonomía. Estas sí tienen un Tribunal Superior que está por encima de los tribunales normales, pero los Tribunales Superiores de España, que son el Superior de Justicia y ya no digamos el Tribunal Constitucional, están por encima de todos incluídos los de las Autonomías, aunque sus respectivas competencias suelen estar muy definidas o entran en conflicto en casos muy especiales.
Perdón, el tribunal del estado de España que está por encima de los Tribunales Superiores de las Autonomías se denomina Tribunal Supremo. Los tribunales superiores estatales de España, Supremo y Constitucional, son uno de los principales conflictos entre España y las regiones separatistas, ya que cualquier cosa que hagan, ley o sentencia que dicten, siempre se puede revocar o sancionar desde el gobierno central español a través de los dos máximos tribunales.
Lo que llama la atencion, no son las causas legales y juridicas de la sentencia, sino la falta de evaluacion del tema, vale decir, si corresponde o no a un tema de racismo y/o antisemitismo
Don Alberto , las sentencias y demas resoluciones de los jueces responden a lo que se les plantea y sea objeto del debate. Ya se pronuncian resolviendo es discriminatorio el acuerdo del Cabildo.
Por cierto , una parte de la izquierda como es el caso de los que votaron a favor del acuerdo siempre sacando los pies del plato.
El acuerdo del Cabildo Insular de Gran Canaria fue anulado por el Juzgado nº 4 de las Palmas que lo estimo como discriminatorio , y vulnerador del principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actuación de una Corporación.
Contra la resolución del Juzgado recurrió el Cabildo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas, rechaza el recurso y confirma la resolucion de instancia, resolviendo en el sentido que recoje la noticia.
El vértice del Poder Judicial en España y máximo órgano jurisdiccional, es el Tribunal Supremo no el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional cuyo cometido es ser el máximo intérprete de la Constitución, y entre sus funciones está determinar entre otras la constitucionalidad leyes que aprueba al Parlamento incluidos los regionales, así como examinar si se ha vulnerado un derecho fundamental o libertad pública en este caso a través de un recurso de amparo de cualquier ciudadano y una vez se admita la demanda.
Los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria tienen también obligación de valorar y de apreciar o no si hay vulneración de derechos fundamentales por ejemplo en la obtención de prueba , derecho de defensa, tutela judicial etc. considerarla ilícita
No es un tribunal superior al Supremo, solo cuando exista un recurso de amparo admitido podrá examinar si una sentencia ha vulnerado uno de los derechos fundamentales por ejemplo el derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia, etc y decretará caso positivo el amparo declarando si procede por indefensión la nulidad, más , no puede revisar otras cuestiones de convicción de los jueces o cuestiones de legalidad ordinaria.
En cuanto al gobierno central, no puede revocar y sancionar nada a través ni de esos tribunales ni de cualquier otro. Existe por si se olvida lo que se llama separación de poderes y otra la independencia de los jueces. Cuestión aparte es que por ejemplo que el presidente del gobierno pueda interponer ante el TC recurso de inconstitucionalidad como lo puede hacer , el Defensor del Pueblo, 50 Diputados del Congreso, 50 Senadores, los Gobiernos autonómicos y los Parlamentos autonómicos y el Tribunal Constitucional decidirá lo que sea procedente en derecho.
Como un ciudadano puede acudir en amparo por estimar se le ha vulnerado un derecho fundamental y se le dirá que no o sí