Opinión: En política, la peor batalla es la que no se da

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Foto GPO

Benito Roitman

Hace un par de semanas parecía inminente en Israel la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas, después de la renuncia de Avigdor Liberman, como Ministro de Defensa. Sin embargo, en el último momento desapareció la amenaza del partido Habait Haiehudi, de retirarse de la coalición del gobierno si su líder Naftalí Bennett, no era nombrado en ese cargo (el Ministerio de Defensa pasó a ser liderado por Benjamín Netanyahu, que agrega un ministerio más a sus posiciones como Primer Ministro, Ministro de Relaciones Exteriores). Como resultado,  la coalición de gobierno cuenta actualmente con 61 parlamentarios en un total de 120, una frágil mayoría que  puede desaparecer en cualquier momento; la amenaza de los partidos ultra religiosos, de abandonar la coalición por los temas de reclutamiento militar de la juventud ultra religiosa, continúa vigente. Y no parece ser menos importante, en el contexto de la actual ida y vuelta de elecciones anticipadas, la continua posposición de la apertura de juicios contra el Primer Ministro en investigaciones que se arrastran desde hace  años.

Estas idas y venidas en el panorama político de cortísimo plazo llamarían la atención aún en un escenario de relativa tranquilidad ciudadana, pero piénsese que tienen lugar en Israel, donde se vive una constante inquietud en la frontera sur con Gaza, y donde la situación en la frontera norte, con Líbano y Siria, es muy delicada, para decirlo de manera diplomática (y todo ello sin hacer referencia a la continuidad de la ocupación en Cisjordania). Sin duda, y en atención a lo anterior, el tema de seguridad destaca en el panorama político mencionado, y ha venido siendo manejado muy hábilmente –justo es reconocerlo- de tal manera que la idea (falsa) de que “no hay quien lo sustituya” se ha ido internalizando en una gran parte de la sociedad. Pero claramente,  de lo que se trata es de mantener y perpetuar el estatus quo, sin horizontes a la vista. Esto, en términos futboleros, equivale a echar la pelota hacia adelante.

Mientras tanto, el quehacer económico y las problemáticas sociales internas discurren por caminos totalmente alejados de esas realidades políticas, como si se tratara de dos países distintos. De hecho, los temas económicos  -y por extensión, sus consecuencias sociales en términos de bienestar-  no constituyen en Israel una parte importante de los enfrentamientos entre gobierno y oposición, pese a la constatación de la permanencia de la pobreza y de la desigualdad en la sociedad.  Parecería existir un consenso no escrito sobre la vigencia del modelo económico vigente, conocido como el modelo neoliberal, de tal manera que los avances en la privatización de empresas de propiedad estatal no despiertan ninguna inquietud, y la paulatina pero persistente disminución del gasto público como proporción del PIB es ya un lugar común, pese a que conlleva un estancamiento –y una caída- de la oferta pública de servicios sociales.

Efectivamente, el modelo vigente descansa sobre premisas tales como que el Estado no debe intervenir, o intervenir lo menos posible, en la actividad económica (lo que conlleva promover los procesos de privatización y desregulación) así como ir disminuyendo su participación en el resto de las actividades; que es el mercado quien ha de definir qué y cuánto producir, a través de los sectores privados, que el mero crecimiento económico hará que sus beneficios se filtren por sí solos hacia abajo en la escala social y que la apertura de la economía, incluyendo especialmente la apertura financiera y con ella el libre movimiento de capitales, beneficia a toda la sociedad. Todo esto está presente, en diversas medidas, en el funcionamiento de la economía y de la sociedad israelí; y a pesar de que es cada vez más notorio que ese modelo es responsable por el agravamiento de la problemática social, continúa aplicándose, con el aparente beneplácito de la mayor parte de la clase política.

No se trata de negar los avances materiales de la economía israelí, sustentados en gran medida en desarrollos tecnológicos de punta y en la exportación de los bienes y servicios derivados de esos desarrollos. Pero una y otra vez se viene señalando, sin demasiado eco hasta el momento, la presencia de una creciente brecha entre los altos niveles de productividad de las actividades de alta tecnología –que ocupan menos del 10% de la fuerza de trabajo del país- y los bajos niveles de productividad del resto de las actividades productivas. Y esto se refleja en importantes diferenciales de salarios, y contribuye a la desigual distribución del ingreso y a la acentuación de las diferencias sociales.

Entre las acciones requeridas para revertir estas situaciones, para revisar el modelo económico vigente  y para retomar un sendero de crecimiento socialmente inclusivo, destaca la necesidad de una reorientación del gasto público, tanto en su volumen como en sus destinos finales. Esto debería reflejarse en la decisión de aumentar la participación del gasto estatal como porcentaje del PIB y en dirigir esos aumentos a reforzar y consolidar las actividades de educación y salud, buscando simultáneamente financiar esos aumentos con una revisión de la estructura tributaria. Pero eso no es lo que está sucediendo; por el contrario, lo que se sigue es una política de cortes tributarios, mientras se constata un creciente aumento del déficit fiscal (acercándose a 4% del PIB, cuando estaba previsto en poco más de 2%). Y ese aumento del déficit llevará inevitablemente a cortes en el gasto, y sabemos ya qué sectores y qué actividades serán las afectadas.

En el verano de 2011, hace más de siete años, manifestaciones multitudinarias salieron a reclamar justicia social, a protestar por el alto costo de la vida y por la creciente falta de acceso a la vivienda por parte de la población joven, entre otras cosas. Se instituyó entonces una Comisión, que presentó una serie de recomendaciones tendientes a dar respuesta a los reclamos populares, pero la mayor parte de esas recomendaciones siguen siendo hasta hoy día nada más que eso: recomendaciones. De hecho, no hay signos que de entonces a ahora se haya mejorado la justicia social, se haya reducido el costo de vida o se hayan resuelto las dificultades para acceder a una vivienda.

Pero tampoco hay signos de que la sociedad se preocupe por esos temas ni que se movilice por reivindicaciones económicas y sociales. Como tampoco parece movilizarse contra la avalancha de disposiciones antidemocráticas que están siendo presentadas y aprobadas por el gobierno actual, ni contra la constante promoción de los asentamientos.  En estas circunstancias parece difícil pensar que en un proceso electoral que se avizora próximo, se pueda cambiar todo esto. Pero aún sigue siendo cierto que, en política, la peor batalla es la que no se da.

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