Un comité ministerial aprobó una propuesta de ley que se presentará el miércoles al Parlamento y que prohibiría hacer fotos o grabar a soldados en servicio, contemplando penas de entre cinco y diez años de prisión para quien lo haga.
El adjunto al abogado del Estado Raz Nizri ya ha advertido que la propuesta de ley no pasará el escrutinio legal, ha criticado que hacer una foto a un soldado suponga un delito y conlleve tener antecedentes penales y ha animado al Gobierno a hacer «una propuesta más moderada», informó el diario Yediot Aharonot.
Las penas alcanzarían los diez años de prisión si los testimonios gráficos «minan el espíritu de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y de los ciudadanos israelíes» o si dañan la seguridad del país.
En el país no está habitualmente permitido grabar en bases militares o puestos de control, por motivos de seguridad, pero sí es posible grabar o fotografiar sin problemas a los soldados durante sus actividades militares.
El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, sin embargo, dio la bienvenida a la norma y señaló en Twitter que los soldados israelíes «están bajo ataque de quienes odian Israel y apoyan al terror, que tratan de humillarlos y hacerles daño. Vamos a acabar con eso».
Según los reportes, la ley sería aplicable solamente a ciudadanos israelíes y no a los palestinos de Cisjordania (Judea y Samaria)
En la última década, una ONG israelí de izquierda, Betselem, ha distribuido más de un centenar de cámaras entre palestinos de Judea y Samaria con el argumento de que la grabación de videos asistiría a proteger sus derechos ante supuestos comportamientos abusivos o inadecuados de soldados israelíes. Pero también, han emergido quejas de que las grabaciones de video abren la puerta a un sinnúmero de provocaciones gratuitas contras las fuerzas de seguridad israelíes como aparentemente surgió en el polémico caso de la familia Tamimi.
La propuesta legislativa será trasladada al Parlamento (Kneset) para su primera lectura el próximo miércoles.
La Fiscalía General del Estado podría rebajar las penas propuestas a entre dos semanas y tres años de cárcel, según Yediot Aharonot. EFE y Aurora