Las opciones abiertas

Benito Roitman

¿Se puede hablar de que el genio ha salido de la lámpara y no se sabe cómo y si es posible volver a encerrarlo en ella?

¿O sería más gráfico recurrir a la idea de que la caldera social ha comenzado a hervir, sin que se vislumbren hasta el momento cuáles pueden ser sus válvulas de escape, donde están y cómo funcionan, y qué pasará si no funcionan? ¿Es posible aplicar, a lo que viene sucediendo, el mito de la caja de Pandora, que al ser abierta habría liberado todos los males? ¿No será que las manifestaciones actuales son sólo el preámbulo de un enfrentamiento mayor entre sectores de esta sociedad, que se asemejaría peligrosamente a los choques entre facciones que describe Flavio Josefo en su “Guerra de los Judíos” y que llevaron a la destrucción del Segundo Templo?

Todo esto y mucho más es el comentario diario que nos aportan los medios, los comentaristas, las declaraciones institucionales, las conversaciones cotidianas en la casa, en el café y en el trabajo, el ambiente todo que se vive en el país. Y hoy por hoy parecería que estamos instalados en la calma chicha que precede a la tormenta. Porque la coalición de gobierno no ha hecho más que tirar la pelota hacia adelante, postergando para las próximas sesiones de la Knéset -que comienzan el 30 de abril- la discusión de las “reformas” al funcionamiento del Poder Judicial (y entonces será también que se ha de discutir el nuevo presupuesto público, que de no ser aprobado a fines de mayo conduciría automáticamente a nuevas elecciones).

Porque hay un descreimiento social creciente que está rechazando y combatiendo no sólo las intenciones inmediatas de la actual coalición de gobierno -la demonización del Poder Judicial y su subordinación al Poder Ejecutivo sin contrapesos- sino que la sociedad civil en Israel comienza a revisar críticamente la división de poderes y a tomar conciencia que el Poder Legislativo y el Ejecutivo funcionan de hecho, en el actual sistema político israelí, como una unidad. Y esta sociedad comienza a poner en tela de juicio la abusiva utilización de las “amenazas existenciales” para mantener un clima de tensión que muchas veces no se justifica. Y comienza, también, a dejar de dar la espalda al problema central que afecta a Israel: la ocupación “temporal” de Cisjordania y la falta de interés por negociar la paz. 

Claro está, sin embargo, que ésta es sólo una cara de la moneda. Una proporción significativa de la población apoya a este gobierno y, explícita o implícitamente acepta y defiende el concepto de la supremacía judía, a costa de la vigencia de los valores democráticos, y tolera -si no es que aprueba- el avance de facto hacia la anexión de los territorios ocupados, ejemplificado por el crecimiento constante de los asentamientos y por un desdén olímpico hacia la sociedad palestina.
De hecho, la votación de esa parte de la población es la que ha llevado al poder a la actual coalición de gobierno, aunque ello no signifique el otorgamiento de un cheque en blanco para gobernar sin restricción alguna. Y sin embargo eso es lo que este gobierno se ha propuesto desde el primer momento, con la constante repetición de que ese es el mandato que recibiera de la mayoría. La reacción popular masiva -quizás inesperada en un primer momento, aunque viniera gestándose en silencio- lleva ya cuatro meses de constantes manifestaciones, declaraciones, protestas, que están exponiendo ahora, con brutal claridad, la profundidad de las brechas que dividen a esta sociedad y la carencia -que viene de lejos- de políticas y estrategias  que resuelvan esas brechas. Y esas brechas se manifiestan en el campo educativo, en la distribución de los frutos del crecimiento, en la vida civil (y sus imposiciones religiosas), en la diferenciación de las minorías (árabes israelíes y ultra religiosos judíos) en materia de seguridad, en discriminación étnica.

¿Hasta donde pueden conducir estos enfrentamientos, que hasta el presente se han conducido de manera más o menos pacífica? Lo que el gobierno ha ofrecido es una tregua en el proceso de legislar contra las actuales atribuciones del Poder Judicial, no un desistimiento; y pasada esa tregua, que vence con la reanudación de las sesiones de la Knéset, los escenarios futuros no son para nada halagüeños. La organización, por parte del Gobierno, de manifestaciones de apoyo a sus planes de reforma legislativa (con “un millón de manifestantes” que se jactaban de reunir, aunque se hubieran quedado bastante más cortos) es una clara señal de que la coalición gubernamental pretende continuar con su programa legislativo, pese a sus estridentes llamados a la unidad del pueblo.

Pero la realidad parece situarse cada vez más en una clara disyuntiva entre dos escenarios difíciles -muy difíciles- de conciliar. Todos (o casi todos) dicen aceptar la visión de un Estado judío y democrático, pero los partidarios de la coalición ponen el acento en lo judío, aún si ello tuviera que significar recortes a lo democrático. Para la oposición, por su parte, el énfasis en la democracia es crucial, sin dejar de lado lo judío; y en este caso la aceptación de un deseado equilibrio entre ambos elementos no sólo trasciende lo que pudiera parecer como un oximorón para algunos, sino que abre el camino hacia la inclusión de la problemática palestina en el horizonte político actual.

Lo anterior se dice fácil, pero la verdad es que el enfrentamiento entre ambas concepciones, una vez desatado, aparece casi imposible de resolver, salvo por la imposición de una de las partes, sea con violencia, sea con mayorías contundentes, sea por intervenciones externas. Y sin embargo, mientras ese enfrentamiento se va procesando (y mientras se prolongan las negociaciones entre representantes de la coalición y de los partidos de la oposición, aunque sus resultados sean más que problemáticos) la atención se centrará, en el corto plazo, en la sanción del Presupuesto 2023-2024, que como ya señalara deberá ser aprobado a fines de mayo, so pena de conducir a nuevas elecciones (lo que presumiblemente es lo último que desean los partidos de la coalición, comenzando por el primer ministro Netanyahu, en vista de los cambios en la intención de voto que parece ser la tendencia actual, de acuerdo a varias encuestas de opinión recientes).

Ahora bien, la propuesta presupuestal aprobada por el Gabinete ministerial y enviada ya a la Knéset para proceder a su discusión y eventual aprobación, fue elaborada a comienzos de este año. Los efectos negativos sobre la economía que podrían derivar de la llamada “reforma judicial” que impulsa este Gobierno, y que han sido denunciados por diferentes instancias de economistas e instituciones económicas nacionales y extranjeras, han comenzado a sentirse en alguna medida (una devaluación del orden del 6% del shekel contra el dólar en los últimos tres meses, una cierta reticencia manifestada por varios inversores respecto a la posibilidad de invertir en Israel, el llamado de atención de la agencia calificadora Moody sobre las perspectivas del crédito de Israel). Y a eso se suma el peso del alto costo de vida, que constituye cada vez más la preocupación principal de toda la población.

Así, aunque la tasa de desempleo continúa todavía baja (poco menos del 4%) y la inflación se ubica en el orden del 5% anual, es probable esperar una retracción del crecimiento debida a una menor actividad exportadora, a una disminución de la inversión, así como a una caída relativa del consumo privado (elementos todos ellos contemplados en un reciente ejercicio de escenarios económicos realizado por el Banco de Israel). Lo importante a considerar, en términos del Presupuesto del Gobierno, es que si este tipo de predicciones se cumplen (y existe una alta probabilidad que así sea, aún en parte), los ingresos fiscales previstos en el proyecto de presupuesto enviado a la Knéset deberían recalcularse a la baja (cosa que aparentemente ya estaría sucediendo en el Ministerio de Hacienda, aunque la información sea escasa). Pero esa revisión de los ingresos requiere una adecuación del gasto, si se pretende mantener el nivel de déficit previsto en el proyecto. Esa adecuación implicará fuertes discusiones al interior de la coalición, cuya unidad se mantiene en gran medida por acuerdos financieros sobre asignaciones presupuestales (para los partidos ultraortodoxos y para ampliación de asentamientos, por ejemplo).  Pero es preciso señalar que si esos acuerdos son mantenidos (y ésta es la hipótesis más probable), la adecuación presupuestal se haría en detrimento de los recursos asignados a rubros como la salud, la educación o el bienestar. Con ello, se cerraría el círculo iniciado con la “reforma judicial”.

Ante todo esto, no quedan demasiadas opciones. O continúa la fuerte oposición a unas acciones del Gobierno conducentes a la instalación de un Ejecutivo fuerte y sin limitaciones en su accionar, guiado por una doctrina mesiánico-totalitaria, o nos resignamos y aceptamos vivir al ritmo que nos marquen. Pero lo cierto es que el ejercicio de esas opciones no puede esperar. Es ya nuestro presente.