Las autoridades iraníes confirman la muerte de dos agentes en las últimas protestas

La agencia de noticias IRNA informó que un basiji murió en la ciudad de Sanandaj, capital del Kurdistán iraní, en choques con “alborotadores» y no ofreció más detalles.

Un segundo miembro de estas milicias islámicas murió en los “disturbios” en Teherán , informó el portavoz del Consejo Municipal de la capital, Alireza Nadalí, según la agencia de noticias Tasnim.

Según la fuente, la víctima murió víctima de “un arma de fuego” y tenía la cara llena de perdigones.

Desde que comenzaron las protestas por la muerte de Amini el 16 de septiembre al menos una docena de efectivos de las fuerzas de seguridad han muerto en los choques con manifestantes, según las informaciones de medios oficiales.

Irán vivió el jueves duros enfrentamientos en varias ciudades del país, entre ellas Teherán, donde las protestas se extendieron a diferentes puntos, desde el sureño Gran Bazar, a la norteña plaza de Tajrish.

El Kurdistán iraní, región de origen de Amini, también vivió fuertes choques y allí murió al menos un civil de un disparo, una muerte que la Policía atribuyó a «fuerzas contrarrevolucionarias».

Tras los choques, el Gobernador del Kurdistán cerró los colegios y las universidades de la región.

El motivo oficial del cierre es el «aniversario del nacimiento del Profeta del islam», pero otros años esa festividad se festejaba en esa región con una reducción de las horas lectivas.

Amini, de 22 años, murió el 16 de septiembre tras ser detenida tres días antes por la llamada Policía de la moral en Teherán por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico.

Su muerte ha desatado unas protestas que se suceden desde entonces y han ido mutando desde grandes movilizaciones con mujeres quemando velos fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad a las universidades e incluso a colegios en los que las niñas se quitan los velos.

Esos choques causaron 41 muertos según el recuento de la televisión estatal de la semana pasada, pero la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, eleva la cifra a 92. EFE