Con ayuda de fondos extranjeros los terroristas de la Autoridad Palestina (AP) se han convertido en una clase privilegiada. La afirmación pareciera un absurdo, pero una reciente publicación de Palestinian Media Watch (Vigilante de Medios Palestinos) no deja dudas sobre esta realidad.
El presupuesto que destina la Autoridad Palestina a las ayudas a terroristas (muertos, prisioneros o liberados) y sus familiares asciende a unos $180 millones, a ser distribuido entre apenas unas pocas decenas de miles de beneficiarios, quienes pueden recibir “salarios” entre $400 y $460 mensuales. Mientras tanto, los fondos de ayuda a las familias en necesidad apenas alcanzan los $200 millones, para ser repartidos entre 118 mil familias, que aspiran recibir salarios de apenas $80 a $200 mensuales.
De esta manera el terrorismo, consistente en ataques con bombas a poblaciones civiles israelíes, apuñalamientos de civiles y soldados, arrollamientos en paradas de autobuses, entre muchas otras modalidades, se ha convertido por obra y gracia de la voluntad de los líderes palestinos en un promisorio emprendimiento que genera a los palestinos más y mejores beneficios que la vida ciudadana.
Uno de los aspectos más tenebrosos de la financiación al terrorismo es encontrar que, tal como lo expone la denuncia de PMW, la gran mayoría de los fondos provienen de ayuda extranjera. En muchos casos salen de los bolsillos de ciudadanos que ni siquiera saben que sus donaciones están siendo usadas para alimentar esta sangrienta opción.
En otros casos, prominentes integrantes de la comunidad internacional aportan importantes cifras a estos salarios de sangre. El macabro presupuesto de la AP asigna a la Unión Europea una cuota de $55 millones y al Banco Mundial una cuota de $116 millones, de modo que la AP tiene que aportar apenas $30 millones para las remuneraciones de los terroristas, asesinos o de sus dolidas familias.
El análisis de PMW no puede ser más contundente: la ayuda a familias necesitadas en la sociedad palestina apenas representa 16% de los fondos que se emplean en recompensar el terrorismo ejecutado en contra de niños, mujeres y hombres en Israel.
La respuesta internacional es sorprendente. Aunque, de palabra, esta política de financiamiento al terrorismo ha sido condenada internacionalmente, únicamente los Estados Unidos, Holanda e Israel han promulgado leyes al respecto en el 2018.
Por ejemplo, en Estados Unidos y en Holanda se limitan legalmente los aportes a la Autoridad Palestina, mientras que en Israel el monto anual por pagos hechos a los llamados “mártires” y sus familiares es deducido de los impuestos que Israel recolecta a nombre de la Autoridad Palestina.
Y tal como asegura PMW, desde su creación la AP ha desperdiciado fondos de ayuda internacional destinados al bienestar de la población en pagos que recompensan e incentivan el terrorismo “[…] abusando de la buena intención de la comunidad internacional para financiar ayuda humanitaria de los más ßnecesitados en la AP”.
Por el momento no es optimista pensar que las acciones contables tomadas por Israel impidan que la AP continúe recompensando el terrorismo, al menos no mientras la comunidad internacional siga representando el mayor financista de los “salarios de sangre”.