La Ley de Regularización no es ilegal a nivel internacional

Eugene Kontorovich 

La propuesta de “Ley de regularización” en el parlamento de Israel ha atraído un amplio abanico de críticas internacionales, incluyendo desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea , así como políticos de oposición israelíes y el Asesor Jurídico del gobierno.

El proyecto de ley busca resolver una situación en la que, a lo largo de varias décadas, más de mil hogares israelíes en asentamientos de Cisjordania han sido construidos en áreas abiertas a las que posteriormente los palestinos elevaron reclamaciones de propiedades, generalmente basadas en amplias concesiones de tierras estatales por parte del Rey de Jordania durante la ocupación Hashemita (1949-67). Los hogares están en comunidades construidas con algún nivel de participación gubernamental. Así, el proyecto de ley establece que el gobierno compensará a los propietarios del 125% del valor de la tierra, para permitir que las comunidades que allí se han construido permanezcan.

Las parcelas son generalmente campos abiertos, no cultivados. La caracterización frecuentemente utilizada de “tierras privadas palestinas” es engañosa. En la abrumadora mayoría de los casos, no se ha presentado ningún palestino para reclamar las tierras. De hecho, en la mayoría de los casos, no hay demandantes de propiedades que hagan valer sus intereses durante décadas después de casas fueron construidas, una situación que en el derecho común, sin duda justifica la aplicación de la doctrina usucapión, en virtud del cual la posesión a largo plazo de la propiedad sin protesta por los propietarios puede cambiar el título legal, exactamente, para evitar este tipo de conflicto entre los usuarios a largo plazo y los propietarios que reposan sobre sus derechos. En virtud de la legislación jordana, se aplicarían las normas de prescripción, que otorgarían la tierra a sus habitantes actuales. En casos como el de la comunidad de Amona, que fue construida sin cobertura legal, la Corte hizo su determinación sin ningún tipo de verificación de los hechos, y las tierras reclamadas por los peticionarios palestinos sólo ligeramente se superponen con aquellas en las que se asientan los hogares israelíes.

Por lo tanto, la ley propuesta regula situaciones en las que las reclamaciones de propiedades, a menudo difíciles de verificar, se están presentando tardíamente contra áreas que han visto mejoras significativas y con viviendas ya construidas.

Por otra parte, en el fondo son dos doctrinas legales que hacen el pase de propiedad particularmente costoso. Por un lado, la Corte Suprema de Israel ejerce amplios poderes de reparación. En lugar de limitarse a otorgar títulos a los demandantes palestinos, se requiere que el gobierno destruya todas las estructuras cuyas parcelas pueden superponerse incluso en parte con las tierras reclamadas. Por otra parte, la negociación a la sombra de oscuras asignaciones de tierras jordanas se hace casi imposible por una ley de la Autoridad Palestina que penaliza la venta de tierras a los judíos. Mientras que el presidente palestino, Mahmoud Abbás, ha publicado recientemente una orden ejecutiva reducción de la pena de muerte a la tradicional de una vida de trabajos forzados, hay informes de que el antiguo castigo todavía se puede hacer cumplir de facto.

El argumento de la crítica internacional

El argumento central del derecho internacional contra el proyecto de ley es que excede los poderes de un poder ocupante sobre la propiedad privada. Suponiendo, por el bien del argumento, que el derecho de la ocupación beligerante se aplica a los asentamientos de Israel en Cisjordania, la cuestión central es si ese cuerpo de ley prohíbe el dominio y regulación del uso de la tierra por la potencia ocupante. Este argumento se ha centrado en el art. 46 del Convenio de La Haya, en el que se afirma que “la propiedad privada no puede ser confiscada”. Los críticos del proyecto de ley israelí han declarado ampliamente que el art. 46 del Convenio de La Haya prohíbe absolutamente toda acción que implique la desposesión de propiedad privada sin necesidad militar. Esta no es una ley establecida, sino más bien una visión de un largo debate.

En pocas palabras, la prohibición de “confiscación” de bienes inmuebles no significa una prohibición de la expropiación, es decir, una toma sujeta a una indemnización justa. “Decomiso” en el Reglamento de La Haya es un término estrecho que se refiere sólo a cierta toma sin compensar, lo que por supuesto es lo que las potencias ocupantes acostumbran a hacer. En otras palabras, la “confiscación” no cubre todos los tipos de propiedad o reglamentación, como se pone de manifiesto en numerosos manuales militares que se refieren a toda una taxonomía de la regulación, desde la confiscación hasta la expropiación. El Manual de la Ley de Guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos prevé la compensación por las tomas de propiedad privada, y se refiere a esto como “apropiación” y no “confiscación”.

Por ejemplo, el profesor Yutaka Arai en su reciente tratado sobre el derecho de la ocupación distingue específicamente la cuestión de la “expropiación” con compensación del art. 46 “Prohibición de la confiscación”. Arai escribe que “muchos expertos sostienen que la expropiación no está prohibida”. Sigue citando a la autoridad de posguerra George Schwarzenberger como manteniendo que el dominio eminente común para propósitos de desarrollo no está gobernado en absoluto por la ley de ocupación. Es decir, los artículos del Reglamento de La Haya simplemente no abordan esta cuestión.

Algunos ejemplos específicos de propósitos permisibles para los cuales tal dominio eminente de las potencias ocupantes podría ser utilizado incluyen la “reforma agraria” dirigida a la propiedad feudal de la tierra. Ciertamente, la situación actual de la propiedad en Samaria, creada por las concesiones extensas a los clanes por un monarca jordano de ocupación, calificaría para tal reforma. Ciertamente, también hay autoridades que dicen que la expropiación está prohibida, pero en la actualidad no hay solución en la teoría o la práctica. Eso significa que no hay prohibición, ya que la regla básica del derecho internacional es que la acción está permitida a menos que una clara norma de prohibición haya surgido.

Probablemente es innecesario discutir el Estatuto de Roma, ya que Israel no es miembro. Sin embargo, en honor a la minuciosidad, es digno de mencionar que el Estatuto de Roma tipifica como delito el “apoderamiento” de la propiedad ausente sin necesidad militar (Art. 8 (2) (b) (xiii)). Para estar seguros, tales actos son sólo un delito para los propósitos de la Corte Penal Internacional cuando se comete “en el contexto de y asociado con los conflictos armados internacionales,” un elemento que parece que falta en la situación entre Israel y Palestina. En cualquier caso, los comentarios que tratan sobre la “incautación” se refieren a la apropiación no compensada, una analogía muy cercana al delito de “saqueo”.

No es sorprendente que aquellos que sostienen que el derecho internacional prohíbe tal acción no citan ninguna práctica estatal fuera de Israel para esta proposición. Es cierto que el pago de compensación por parte de los ocupantes beligerantes es probablemente bastante raro, ya que normalmente los ocupantes de largo plazo parecen simplemente tomar lo que quieren sin preocuparse por la compensación. Toda la cuestión del dominio eminente -que implica una transferencia de título- sólo surge en ocupaciones prolongadas. En la ocupación típica de corto plazo prevista por los tratados de La Haya y de Ginebra, el ocupante no tiene necesidad o interés de cambiar el título de la tierra, algo que siempre se trata de políticas a largo plazo.

Sin embargo, en varios casos prominentes, los ocupantes a largo plazo han compensado las apropiaciones, algo que la comunidad internacional parece haber aceptado, y ciertamente no lo declara ilegal. Ejemplos de ello son la ocupación turca de Chipre septentrional, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprobó en 2005 un sistema de compensación destinado a permitir que los colonos turcos permanecieran en las fincas griegas. Del mismo modo, la ocupación rusa de Crimea toma propiedad privada con la compensación (a menudo en forma de otras tierras), incluso para proyectos muy controvertidos como el puente de Kerch, que servirá para afianzar profundamente la ocupación y facilitar la transferencia de colonos.

Sin embargo, aunque muchos aspectos de la ocupación de Crimea de Rusia se han denunciado como ilegales por la comunidad internacional, el uso del dominio eminente no fue denunciado. En particular, el informe del Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes rusos en Crimea no hace ninguna mención del dominio eminente. El hecho de que muchos aspectos de la ocupación de Crimea en Rusia hayan sido explícitamente criticados por motivos de derecho internacional, pero el hecho de que este aspecto haya sido ignorado, sugiere que no se considera ilegal.

De hecho, los propietarios que han sido compensados no han planteado su queja.

A medida que el Gobierno francés escribió en su presentación ante la Corte Internacional de Justicia en el caso Wall, “el derecho internacional exige una compensación… lo que resarce todo el daño sufrido por los dueños de la propiedad en cuestión”. De hecho, las denuncias de violaciones del derecho internacional suelen ir acompañadas de demandas de indemnización. El de Israel puede ser el primer caso en el cual el pago de una compensación por encima del mercado es calificado como una violación de la ley internacional.

En resumen, desde antes de la introducción del proyecto de Ley de Regularización, ni el consenso de los comentaristas ni ninguna práctica estatal apoyó la opinión de que la prohibición de la confiscación o incautación de la propiedad privada en los territorios ocupados sólo aplica a la apropiación del suelo sin el pago de una indemnización completa.

Fuente: Justsecurity.org