Sagunto es una ciudad española en el municipio Valencia, cuyo gobierno local ha obrado para el rescate de la notoria memoria judía española de la ciudad, pero que sorprendentemente va en sentido contrario a la hora de respetar a los judíos israelíes.
Recientemente el pleno municipal aprobó, gracias a una maniobra de los partidos de izquierda, que la ciudad se considerara «Espacio Libre de Apartheid Israelí», todo un refinado mecanismo basado en el BDS que enmascara el más absurdo y totalitario racismo discriminatorio en contra de los judíos y del Estado de Israel.
Bajo la excusa de una protección a los palestinos, presuntas víctimas de la ocupación israelí, los ediles de la izquierda radical Esquerra Unida con los votos de Compromís, Partido Socialista, Iniciativa Porteña y ADN Morvedre (Podemos) aprobaron una ley que proscribe cualquier relación con Israel, con israelíes y con españoles relacionados con estos, todo un sofisticado eufemismo político-legal para discriminar a los judíos.
En su paroxismo antisemita, los orgullosos promotores de la discriminación a Israel no notaron el pequeño detalle de que también impactan con su flamante iniciativa a la población palestina israelí, que se beneficia con trabajos en las fábricas y empresas israelíes que se quieren proscribir con el boicot y que ponen al alcance de las familias palestinas condiciones de vida imposibles de aspirar en el territorio administrado por la corrupta Autoridad Palestina. Tampoco se percataron de que esta acción atenta contra las mismas leyes españolas en contra de la discriminación.
Este 16 de octubre, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) emitió un boletín en el que se dan detalles de esta situación, detalles que incluyen el resultado de una acción tomada por esta misma institución española en contra de la ley aprobada en Sagunto. Luego de que ACOM informara a las autoridades locales acerca de los riesgos legales de esta aprobación, el municipio hizo una revisión de sus términos que gracias a las maniobras de los promotores acabó en un escamoteo del verdadero talante discriminatorio de la ley.
Finalmente, un juzgado valenciano dictaminó este 10 de octubre que la legislación aprobada en Sagunto viola la Constitución española y las leyes que otorgan privilegios de gestión a los municipios, razón por la cual fue anulada.
Es inverosímil y vergonzoso que en la moderna República española existan a la fecha más de 50 acuerdos discriminatorios similares al reseñado y que replican, en pleno siglo XXI los edictos reales de 1492. Tal como lo señalan las cifras publicadas por ACOM, estos acuerdos han terminado siendo anulados gracias a las acciones de esta institución que los ha confrontado con los derechos civiles y la propia Constitución española.