Funcionarios israelíes avisan del riesgo económico de la reforma judicial

Durante una reunión interna del ministerio, Smotrich recibió las consideraciones de la economista jefa, Shira Greenberg, y de funcionarios de la división de presupuesto, sobre los efectos negativos de la reforma, que ha sido cuestionada incluso a nivel internacional.

Un deterioro del perfil de riesgo crediticio del país provocaría un aumento de los costes de financiación de la deuda pública y encarecería los costes de los préstamos para las empresas, además de afectar negativamente a las inversiones extranjeras directas, lo que a su vez ralentizaría el crecimiento económico, explican los documentos del Ministerio de Finanzas.

Los funcionarios calcularon que una rebaja de la calificación crediticia provocaría una pérdida de crecimiento económico de entre 2,8% y 5,6%, lo que en una década se traduciría en una pérdida de entre 50.000 y 100.000 millones de shekels (entre 13.600 millones y 27.300 millones de dólares) anuales para el PIB.

Israel ha tenido un crecimiento sostenido durante más de una década. En 2022, creció un 6,5%, una cifra inferior al 8,6% de 2021, pero más fuerte que la mayoría de los países occidentales, por lo que un decrecimiento económico representaría un cambio de tendencia muy fuerte para el Estado judío.

A principios de marzo, la agencia Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia A+ de Israel con perspectiva estable, pero, al igual que Moody’s, advirtió de que los cambios judiciales podrían tener un «impacto negativo» en su perfil crediticio.

Los funcionarios de Hacienda señalaron que, debido a la estructura de la economía israelí, el impacto negativo en el crecimiento a largo plazo puede manifestarse rápidamente, sobre todo en el importante sector tecnológico, debido a las operaciones transfronterizas de las empresas y a su dependencia de la financiación internacional y de trabajadores cualificados que pueden abandonar el país.

El sector tecnológico es el motor de crecimiento de la economía israelí, ya que aporta el 17% del PIB y es responsable de más del 50% de las exportaciones y de alrededor del 25% de los impuestos sobre nóminas. En 2022, las inversiones de capital extranjero en alta tecnología israelí ascendieron a unos 12.000 millones de dólares.

En los últimos meses, importantes empresas del pujante sector de la alta tecnología han rechazado la reforma y han anunciaron que transferirán sus fondos a otros países e incluso se reubicarán.

Cinco directores bancarios e importantes empresarios de Israel exigieron al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que detenga «inmediatamente» su reforma judicial y argumentaron que «socava los cimientos de la democracia», perjudicará a la economía y hará del país una «dictadura».

La iniciativa impulsada por el Gobierno, el más derechista de la historia de Israel, ha provocado el movimiento de protesta más importante del país en la historia reciente.

Bajo presión, la coalición gubernamental accedió anteayer, lunes, a suavizar algunos aspectos polémicos de su plan y a retrasar la tramitación parlamentaria de casi todas las nuevas leyes para después del receso legislativo, en mayo, dando tiempo a la negociación.

Sin embargo, la ley sobre el nombramiento de jueces seguirá su curso previsto en el Parlamento, y estipula que el comité de selección pasará de 9 a 11 miembros: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición.

La reforma gubernamental también prevé la ley sobre la «cláusula de anulación», que permite blindar leyes para que no sean sometidas a la revisión de la Corte Suprema en caso de que incluyan aspectos que violen las Leyes Básicas de Israel, con rango constitucional. EFE y Aurora