En 2019, la fiscal Letitia James presentó la demanda más extensa de EE.UU. para pedir cuentas a más de una decena de fabricantes y distribuidores de opioides, incluyendo a Purdue Pharma, la fabricante del fármaco altamente adictivo OxyContin, y a sus propietarios, la familia Sackler.
No obstante, antes al comienzo del proceso las acusadas negociaron y firmaron pactos multimillonarios con la Fiscalía para evitar sentarse en el banquillo, la primera de ellas Johnson & Johnson, mientras que la filial estadounidense de Teva fue la única que quedó en pie y perdió el juicio tres años después.
Según un comunicado, la matriz de Teva, radicada en Israel, se libró de someterse al litigio argumentando que no tenía «oficina, propiedad, empleados o un agente registrado en EE.UU. y que no realizaba negocios en EE.UU.», y dejando que Teva USA, su filial, fuera la acusada principal en el caso.
Ahora, la Fiscalía considera que la matriz de Teva mintió sobre su implicación en la crisis de los opioides de EE.UU. ya que tomaba decisiones para Teva USA, mantenía propiedades y empleados en el país y controlaba sus finanzas a través de una red «compleja» de empresas pantalla.
De hecho, las autoridades apuntan que la matriz israelí de Teva «movió miles de millones de dólares» de su subsidiaria estadounidense hacia cuentas en empresas en el extranjero y que logró ventajas fiscales «sustanciosas» en EE.UU. e Israel, de acuerdo con un análisis de la relación financiera entre ambas.
La fiscal James pidió al juez que anule una decisión previa que evitó que la matriz de Teva fuera acusada en el caso, y que le dé la «oportunidad» de examinar su «papel real» en la crisis de los opioides y determinar si ha puesto en peligro la capacidad de pago de Teva USA a la hora de depurar responsabilidades.
En total, la Fiscalía ha recabado unos 1.500 millones de dólares de las acusadas para paliar la devastación de la crisis de los opioides en Nueva York, con tratamientos para la recuperación de los adictos y programas educativos.
En torno a 1.000 millones de dólares fueron aportados por las grandes distribuidoras McKesson, Cardinal Health, Amerisource Bergen y Johnson & Johnson como parte de un acuerdo global de 26.000 millones de dólares con el que esas cuatro empresas resolvieron miles de demandas impulsadas en su contra por estados y ciudades del país. EFE
Fiscal de…
Que no olviden a los cerebros detrás del crimen, que son :»gangsters»con levitas.