Según él, los jueces deben subordinarse al parlamento
Yariv Levin, ministro de Turismo, atacó la legitimidad de la Corte Suprema para decidir sobre la constitucionalidad de la Ley de Regularización, ya que su inconstitucionalidad es el desafío que espera al controvertido proyecto de ley que legaliza los asentamientos sin estatus legal de Cisjordania.
Levin, del partido gobernante del Likud, dijo que los jueces no deberían tener la autoridad para revocar las leyes hechas por parlamentarios democráticamente elegidos.
“La situación en la que todo el mundo espera hasta que un puñado de jueces que son auto-seleccionados a puerta cerrada decidan si les gusta o no la ley no es democrática y no es correcta», manifestó a Radio Israel, llamando a “examen de conciencia” al poder judicial.
Los legisladores aprobaron una medida que permite a Israel compensar a los palestinos cuya tierra ha sido tomada por los colonos, en lugar de retirar los puestos avanzados.
Se ha advertido que esto marca la primera vez en la legislación israelí que afirma explícitamente el apoyo del gobierno a los asentamientos, y reduciría abiertamente los derechos de propiedad de palestinos en Cisjordania de una manera que contravenga las protecciones otorgadas a las poblaciones ocupadas en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra.
En declaraciones a la Radio del Ejército, Levin dijo que el sistema judicial debería estar subordinado a la Knéset.
El diputado de la oposición Ofer Sela (Yesh Atid) atacó a Levin, alegando que el legislador del Likud sólo estaba buscando una excusa para desprestigiar a la Corte, ya que el suyo no es sólo “un intento de ganar puntos políticos entre la comunidad de colonos mediante el apoyo a la ley, sino también la explícita esperanza de derribar la independencia del poder judicial”.
La ley permite compensar a arabes que supongo adquirieron esas tierras de buena fe siendo estafados por quien se las vendio pues era tierra judia.La ley es buena, para todos.
No hagamos como los arabes que expulsaron a los judios de sus paises tomando sus propiedades y sus tierras sin ninguna compensacion.
Sabemos que Betselem esta presto a denunciar, para que los maten a esos arabes que acepten el dinero.
Y algo que paso desapercibido, es que la expulsion de Amona se hizo de manera ilegal como lo denuncio la organizacion legal Honenu,pues se realizo antes de la fecha prevista que era el 8/2/2017.Tal vez para evitar la aprobacion de la ley de regulacion.
Es curioso el apuro que tiene de golpe la Corte(despues de esperar tanto tiempo)en ejecutar las ordenes ahora que hay un nuevo gobierno en USA.
En todo caso, en las circunstancias actuales sería ciertamente pertinente evaluar la independencia del poder judicial civil y militar. Especialmente merecen atención la independencia de los jueces del בג»ץ (Supremo), sus actuaciones, sus fallos, sus nombramientos, la duración de sus cargos, etc. Y esperemos que resulte beneficioso para el futuro de la nación.