Benito Roitman
Hace pocos días el gabinete de ministros dio su voto de aprobación unánime (aunque los detalles de cómo se arribó a esa unanimidad han de quedar para otra ocasión) al proyecto de presupuesto fiscal para el año 2019 y lo envió a la Knéset para su discusión y eventual aprobación final, que tendrá lugar en este mes de marzo. De esta manera, el actual gobierno –la actual coalición– al adelantar casi un año la aprobación del presupuesto del 2019, se asegura en principio su continuidad hasta noviembre de ese año, que es cuando deberían tener lugar, en condiciones normales, nuevas elecciones. Ello, porque nadie en la coalición quiere elecciones adelantadas y al dejar atrás la discusión presupuestal, se elimina un importante obstáculo para su estabilidad.
Es decir, no alcanza con que se esté institucionalizando el ejercicio de los presupuestos bianuales –recordemos que los presupuestos para 2017 y 2018 se aprobaron conjuntamente; le estamos agregando un nuevo presupuesto para el 2019, cuando el ejercicio 2018, apenas ha comenzado y el del 2017 aún no se ha podido evaluar siquiera. ¿Y estamos al tanto de en qué difieren (si es que en algo difieren), y cómo se ajustan esos presupuestos, cuando transcurre tanto tiempo entre su aprobación y su ejecución? La escasa información disponible es eso, sólo información, porque la posibilidad de que la opinión pública influya sobre el contenido presupuestal es mínima. Cierto es que en términos formales, los miembros de la Knéset son los representantes de la opinión pública y a ellos corresponde, en nombre de ella, discutir, opinar, proponer, rechazar, corregir, en fin, asignar los recursos como mejor convenga a la sociedad. Pero sabemos –ojalá nos equivoquemos- que en la discusión parlamentaria priman los intereses partidarios y a veces ni siquiera éstos, sino que son más bien intereses de grupos los que imponen su sello a muchas de las asignaciones presupuestarias.
Mientras tanto el costo de vida no baja y el costo de la vivienda tampoco, lo que lleva a preguntarse cómo se distribuye el crecimiento económico entre la población, cuando el gasto público, que debería ser uno de los principales instrumentos de esa distribución, disminuye año con año como porcentaje del Producto. Así, hasta el Banco de Israel se atreve a decir que “el (proyecto de presupuesto 2019) carece de una discusión amplia sobre cómo tratar la baja productividad de la economía de Israel…
Mientras es importante que el gobierno actúe en paralelo para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos en esas áreas ( en el desarrollo de infraestructura y en educación), nuestro bajo nivel de gasto será insuficiente para apoyar el cierre de las largas y persistentes brechas de productividad entre nosotros y las otras economías avanzadas…
Incrementar la productividad en la economía es la clave para un crecimiento, sustentable y de largo plazo y para incrementar el nivel de vida de todas las capas de la población” (extractos de la intervención de la Presidenta del Banco de Israel en las discusiones previas a la aprobación –sin modificaciones- del proyecto de presupuesto 2019 por parte del gabinete de ministros).
Pero a esta sociedad los problemas económicos –presupuesto, orientación y modelo económico, productividad- no le quitan el sueño (tampoco le quitan el sueño a esta sociedad los problemas de la ocupación, o la dualidad que implica el mantenimiento de sistemas de justicia y de criterios de derechos diferenciados por segmentos de población, pero éste es otro tema). Sin embargo, es necesario analizar cómo el actual funcionamiento económico del país puede contener en sí elementos que podrían eventualmente generar una crisis y ello más allá de los ingentes problemas políticos no resueltos, tanto al interior de esta sociedad como con su entorno.
Cuando se conocieron los grandes yacimientos de gas natural frente a las costas de Israel –Tamar y Leviatán- se planteó la posibilidad (el riesgo) de que el país pudiera contraer la llamada “enfermedad holandesa”. En grandes líneas, esa “enfermedad” supone caer en una situación en que excesivos ingresos de divisas, generados por ejemplo por el descubrimiento, explotación y exportación de recursos naturales, llevara a revaluar la moneda del país, a desalentar la producción interna y la exportación de bienes para sustituirlos por bienes importados (más baratos por la apreciación de la moneda) y a aumentar el desempleo o el subempleo. El nombre de “enfermedad holandesa” le viene porque esa situación se produjo precisamente en Holanda en la década de los 60, a raíz del descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural cerca del Mar del Norte.
Ante el riesgo de que Israel contrajera esa “enfermedad” y para evitar una no deseada apreciación del shekel, el Banco de Israel comenzó en 2013 un programa de compra de divisas en el mercado, que complementaba un programa previo, de acumulación de reservas, iniciado en el 2008. Ese conjunto de acciones llevó casi a triplicar, en 10 años, el volumen de reservas del Banco de Israel, que pasaron de 42,5 miles de millones de dólares a 113 mil millones de dólares, entre finales de 2008 y finales de 2017. Se aprobó además, en 2014, la creación de un Fondo Soberano para depositar en él los ingresos fiscales de la explotación del gas e invertirlos en el exterior, para controlar su impacto sobre la economía interna, aunque ese Fondo comenzará a funcionar recién en el 2020, según estimaciones del Banco de Israel. Con todas estas acciones, la tasa de cambio (del shekel con el dólar) se mantuvo oscilante en todo el período, aunque tendiendo a apreciarse más que a mantenerse estable.
Pero es probable que haya otros elementos en la economía israelí que puedan llevarla a contraer la “enfermedad holandesa”. Una reciente investigación de Yair Kochav (Universidad Ben Gurion) titulada “¿Es que Israel sufre la “enfermedad holandesa debido al sector de alta tecnología?” se plantea esa misma temática. Aunque el país no cuente con grandes recursos naturales –descontando los recientes descubrimientos de los campos de gas natural- se podría decir que esa falta se suple con la creatividad de su población, que se manifiesta en el desarrollo de sus start up de alta tecnología y en la constante oferta de nuevos e innovadores productos y servicios. Si en términos metafóricos hacemos equivalente esa oferta de innovaciones a la oferta de recursos naturales, podríamos decir que los “exits” (ventas) de las start up, sumadas a las exportaciones de alta tecnología (la mayor parte de las cuales corresponden a empresas transnacionales) equivalen a la exportación de recursos naturales, porque efectivamente estamos vendiendo al exterior nuestra creatividad. Pero al igual que cuando los países del Tercer Mundo exportan sus recursos naturales “en bruto” y dejan pasar la oportunidad de procesarlos internamente y de generar mayor valor agregado y mayor empleo, al promover en Israel la venta de la mayor parte de sus start up al exterior, en lugar de auspiciar la producción interna de sus innovaciones y en lugar de apoyar esta capacidad de innovar para modernizar a las industrias tradicionales, se profundiza en el país la existencia de una economía dual, caracterizada entre otras cosas por sensibles diferencias sectoriales de productividad, como denuncia persistentemente el Banco de Israel.
¿Estamos confrontando situaciones que pueden conducirnos a una crisis? Los indicadores macroeconómicos parecen desmentir una afirmación de ese tipo (aunque la apreciación del shekel es cuando menos preocupante). Y sin embargo se mantienen, persistentes y aún crecientes, los problemas que vienen acompañando a este modelo de crecimiento, que ni es incluyente ni es socialmente justo. ¿Querrá esta sociedad que continuemos así? ■