El juez, Yoram Danziger dictó una medida cautelar que indica que, “Los empleados de las corporaciones bancarias y los altos ejecutivos de estas empresas que presenten su renuncia 45 días después de la decisión de esta petición o la cancelación de la medida cautelar no perderán su derecho básico de recibir todos los derechos que les habría correspondido siguiendo la finalización de la relación de empleador – empleado o el conclusión de su mandato, si esas relaciones finalizaron en la fecha de la presentación de esta petición”.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, leer el derecho en primera instancia, no permite a los empleados planificar adecuadamente sus acciones. Debido a la incertidumbre y la imprecisión con respecto a las intenciones del legislador en varios puntos importantes de la ley, algunos empleados bancarios dejaron su trabajo y otros están considerando la posibilidad de renunciar a las corporaciones en las que han trabajado por décadas. Hay personal que está obligado a presentar un aviso previo de 90 días antes de que la ley entre en efecto – es decir, el 12 de julio de 2016.
“Estas afirmaciones no tienen fundamento. Las preocupaciones con respecto a la renuncia son reales y asimismo, lo expresan los funcionarios públicos, principalmente el Supervisor de Bancos. En tal situación y dado que la medida cautelar solicitada es muy limitada, me parece preferible congelar la situación, que hará que sea posible llevar a cabo esta petición sin preocupaciones acerca de la pérdida de los beneficios de antigüedad que se ciernen sobre los ejecutivos del Banco. Debe tenerse en cuenta que la emisión de esta medida cautelar se justifica aún más por las cuestiones en la petición, algunas preguntas sin precedentes respecto a los arreglos que son desconocidos en otros países.”
Además, el Juez Danziger, decidió que no había justificación viable para la demanda de un período de preaviso anticipado cuando se trata de empleados de alto nivel, cuya renuncia inmediata puede desestabilizar a las entidades gestoras de los fondos públicos.■
Golpe a Kahlón sobre la ley salarial de los altos ejecutivos bancarios
