El equipo especial de fiscales que investiga el atentado contra el centro comunitario judío AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas en Buenos Aires en 1994, afirmó que espera una mayor colaboración internacional y del Estado argentino para capturar a los responsables y esclarecer el caso, en un informe.
La Unidad Fiscal de Investigaciones dedicada al caso AMIA (UFI-AMIA) reveló en su Informe de Gestión de 2016 que todavía aguarda una respuesta a los pedidos para ubicar y desclasificar información «que pudiera existir en agencias estatales y servicios colaterales».
Asimismo, señaló que continúa trabajando para «optimizar» el trabajo en torno a los pedidos de capturas internacional y las notificaciones rojas de Interpol que pesan sobre los ex funcionarios iraníes acusados de estar detrás del ataque, que continúa sin esclarecerse.
El listado de sospechosos lo integran el ex ministro de Exteriores iraní Alí Akbar Velayatí, el ex titular de la cartera de Defensa Ahmad Vahidi, el ex ministro de Información Alí Fallahijan, el ex asesor gubernamental Mohsen Rezai, el ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y el ex funcionario diplomático Ahmad Reza Asghari.
También están acusados el ex viceministro de Exteriores para Asuntos Africanos de Irán Hadi Soleimanpour y el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani.
«El atentado y su impunidad nos exigen persistir en los esfuerzos para conseguir su esclarecimiento» y «sólo un esfuerzo mancomunado y la cooperación entre agencias e internacional permitirá avanzar» en ese sentido, agregó la UFI-AMIA.
La entidad está compuesta por los fiscales federales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, quienes se hicieron cargo de las pesquisas tras el fallecimiento de su colega Alberto Nisman, ocurrida en circunstancias aún por esclarecer el 18 de enero de 2015.
Nisman apareció muerto en su casa con un disparo en la sien cuatro días después de presentar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios ex altos cargos de su Gobierno por, precisamente, el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El ataque fue el segundo contra sedes judías en Argentina, después de que otro contra la embajada de Israel en Buenos Aires dejara 29 muertos 1992.
La comunidad judía atribuye a Irán y a la organización terrorista lebanesa chií Hezbollh la planificación y ejecución de ambos atentados.
Un primer juicio para determinar los responsables del ataque finalizó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías argentinos acusados de integrar la conexión local que cooperó con los terroristas.
En la última década, la Justicia argentina ha buscado avanzar sobre la pista iraní pero el país persa rechaza colaborar para que los imputados declaren ante los tribunales suramericanos.
En su informe de 2016, la Unidad hizo hincapié en las irregularidades y «deficiencias» que rodean a la investigación, así como al «inmenso volumen de materiales» con el que cuentan y que durante los últimos dos años aumentó «de manera significativa».
Entre los avances logrados el pasado año, el documento destaca la identificación de la víctima número 85 del atentado, Augusto Daniel Jesús, así como el refuerzo de la hipótesis «históricamente sostenida» de que se utilizó una camioneta Trafic en el ataque.
«Son contribuciones inéditas a la investigación que brindan respaldo científico y dotan de mayor rigor y verosimilitud a muchas de las posiciones sostenidas por esta Unidad Fiscal en relación al atentado, sus víctimas y sus perpetradores», concluye. EFE y Aurora
Toda conspiración , desestimada, Pongan presos a Beraja Corach, Menem, Galeano,cuanta verguenza.