“En Israel todo es político”, apuntó el ex director del Mossad, Shabtai Savit, en una entrevista reciente ofrecida a la radio estatal Kan. Esto es especialmente cierto en tiempo de elecciones. Los comicios están programados para el 5 de noviembre, pero podrían adelantarse si cae el Gobierno.
Tras la renuncia del ex ministro de Defensa, Avigdor Liberman, (líder del partido nacionalista laico Israel Beitenu), el 14 de noviembre pasado, la coalición gobernante ha quedado con la mayoría mínima de 61 diputados frente a 59 de la oposición. (La Knéset [Parlamento] está compuesta por un total de 120 legisladores).
La retirada del sur del Líbano en el 2000 trajo a Hezbollah a la frontera. En 2005, la salida de Gaza fue algo más organizada; pero, eventualmente las fuerzas de la Autoridad Palestinas apenas pudieron mantenerse en el poder poco más de un año, para ser derrocadas por los islamistas de Hamás.
Una retirada de las colinas de Judea y Samaria (Cisjordania) dejaría el Aeropuerto Internacional Ben Gurión y las principales ciudades de la planicie costera vulnerables al fuego de cohetes y proyectiles de morteros palestinos. Más aún, los analistas estiman que si no fuera porque las tropas israelíes entran cada noche a las ciudades cisjordanas; la Autoridad Palestina habría sido expulsada hace tiempo de Ramallah, como fue desterrada de Gaza.
En este escenario poco atractivo, no es extraño que el bloque de derecha, con el apoyo de los partidos ultra ortodoxos, se vea favorecido en las encuestas.
Bajo este telón de fondo, el primer ministro Benjamín Netanyahu, entiende que no debe permitir a nadie a su derecha. Su lucha política no es realmente con la oposición sino con su socio, el ministro de Educación, Naftalí Bennett, líder del partido religioso nacional Habait Haiehudí, por el control del bloque de derecha. Y Bennett arrastra al primer ministro a posiciones cada vez más extremas, sobre todo cuando se acercan los comicios.
Un ejemplo de ello es el proyecto de ley para expulsar a los familiares de los terroristas de sus ciudades y aldeas a otras zonas de Cisjordania. Tanto el asesor legal del Gobierno, Avichai Mandelblit, como el director del Servicio de Seguridad General (Shabak) se oponen. El primero porque considera que es “inconstitucional” y dañará a Israel en el ámbito internacional, el segundo porque cree que no contribuirá en mucho a la disuasión. Netanyahu había logrado hasta ahora encajonar el proyecto. Pero ahora es claro que no puede. Después de todo, estamos en un año electoral.