El ministro de Justicia, Yariv Levin, presentó este plan legislativo solo seis días después de jurar su cargo en el nuevo Ejecutivo.
La reforma judicial es necesaria porque, según Levin, la «intervención de los tribunales» en las decisiones gubernamentales y medidas legislativas «han llevado la fe del público en el sistema judicial a un mínimo histórico, han socavado la gobernabilidad y dañado la democracia”.
«Este gobierno promulgará reformas que asegurarán el equilibrio adecuado entre los tres poderes del Estado», afirmó Netanyahu en defensa de esta reforma judicial horas antes del anuncio de Levin, pero cuando su contenido ya se había filtrado en los medios.
Las reformas anunciadas incluyen una propuesta de ley que permita que una mayoría simple de 61 legisladores pueda anular una decisión de la Corte Suprema que implique derogar una ley o decisión gubernamental, conocida como la «la clausula de anulación», que varios partidos que conforman el gobierno ya reclamaron desde la campaña electoral y que Levin calificó como una propuesta «equilibrada».
Además, las nuevas regulaciones reemplazarán a los abogados del Comité de Designaciones Judiciales por cargos políticos, lo que abre la veda para la politización de la justicia; y eliminarán el supuesto de «razonabilidad» como fundamento legal para que la Corte pueda impedir el nombramiento de altos cargos si no cumple con la ley.
Este último punto es particularmente controvertido en este momento, cuando está previsto que la Corte se reúna hoy, jueves, para pronunciarse sobre el nombramiento como ministro de Interior del ultraortodoxo Aryeh Deri, condenado dos veces por corrupción e inhabilitado el año pasado tras su segunda condena por fraude fiscal.
La Knéset (parlamento israelí) aprobó «in extremis», dos días antes de la jura del nuevo gobierno, una norma que supuso una enmienda a la Ley Básica -lo más parecido a una constitución que tiene Israel- y que permite a Deri ser ministro al establecer la inhabilitación de un alto cargo público solo cuando haya ido a la cárcel.
La sentencia a prisión de Deri -que ha sido ministro en varias carteras desde los noventa en los sucesivos gobiernos de Netanyahu- fue anulada después de que éste alcanzara un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía que lo libró de la cárcel.
La Corte Suprema celebrará hoy una audiencia para evaluar varias peticiones contra la designación de Deri como ministro, lo que ahora ocurrirá bajo la sombra de la reforma judicial anunciada por la coalición, que amenaza con obstaculizar el poder del tribunal para anular nombramientos gubernamentales.
La Fiscal General de Israel, Gali Baharav Miara, presentó ayer su posición a la Corte sobre el caso, en la que rechaza el nombramiento de Deri como ilegal a pesar de la legislación aprobada ad hoc y exigida por él para apoyar a Netanyahu en la coalición.
La oposición ya se ha pronunciado sobre al reforma calificada por algunos de ellos como «golpe de Estado» contra la democracia israelí.
“Cualquiera que esté organizando un golpe sobre la forma de gobernar de Israel debe saber que no estaremos obligados a ello de ninguna manera”, afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid, quien prometió «revertir la reforma cuando vuelva al poder». EFE y Aurora
El Gobierno de Israel revela un plan de reforma judicial que preocupa a la oposición
Yariv Levin Foto: Knéset
Israel siempre ha destacado por ser un ejemplo de país democrático, en otras democracias occidentales es prácticamente imposible ver sentencias de culpabilidad a Primeros Ministros, Ministros, militares de alto rango o miembros de la jerarquía religiosa, ya no digamos la diferencia con otros regímenes o países poco democráticos, y aun en democracias como España a lo sumo se vería algún que otro juicio, menos aún sentencias de culpabilidad, siendo la aparición en prensa lo que más expiaría las culpas, si es que las hubiera.
Precisamente en España, desde que comenzó la etapa de la actual democracia, desde 1977, ha sido recurrente la polémica por la falta de separación de poderes democráticos, solo por la justicia. Hasta hace pocos años, al comienzo de la democracia existía un sistema bipartidista, un único partido de izquierdas frente a uno de derechas que solían gobernar con amplias mayorías, pero los miembros de los altos tribunales y órganos judiciales también estaban muy definidos por su ideología. Al ser las sentencias de éstos según las votaciones de varios jueces, decisiones por mayoría, se aprobaban leyes o se condenaba según el color del partido o ideología mayoritaria. Desde siempre ocurrieron periodos de tensión cuando el partido era de un color y los jueces de los altos tribunales eran del otro, periodos que duraban hasta que ocurriera una pacto político o cambios forzosos por muerte o jubilación de sus jueces. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en España, desde hace muchos meses la derecha está haciendo todo lo posible por paralizar los altos tribunales españoles, inoperativos por la falta de sustitutos para las plazas vacantes. Todo por poner obstáculos al actual gobierno de coalición de socialista y comunistas, contra el que la derecha y los nuevos fascistas se están desgañitando.
Por otra parte, en España es habitual que se dan tratos de favores de los afines, concediendo puestos públicos por enchufe en lugar de por méritos, así se explica que adeptos de la secta ultracatólica del Opus Dei tengan una muy alta representación en cargos públicos, contando con una presencia muy por encima de lo que es su realidad entre la población española. En la justicia española, un 33% de los jueces son del Opus, cuando apenas son el 0,6%, y eso contando con los adeptos más otros que solo son colaboradores. Estos jueces son de una evidente ideología derechista, se pueden prever las sentencias que dictarán en determinados asuntos, o al menos suelen dar sorpresas, casi siempre desagradables para el común de los mortales.
El pueblo israelí está preocupado por el cambio de leyes e intervenir en la justicia
lapid volver al poder_?_ jajajajajajajajaja
Así buscan los corruptos evadir juicios y condenas por corrupcion y otros delitos.
En cualquier momento diran que son victimas de «lawfeare».
Padecemos esta asociacion ilicita en el gobierno argentino.
La justicia debe ser independiente del poder político para poder controlar sus acciones con esta reformas nos acercamos a políticos populistas de América del Sur que presionan a jueces actos de corrupción
El camino está abierto a la teocracia y al estado autoritario. La reforma política es más urgente que la reforma judicial.
En todo el mundo hay kirchneristas