Corte Suprema: no habrá compensación por evacuación de asentamientos

La Corte Suprema de Justicia congeló temporalmente la transferencia de millones de shekels del gobierno en compensación a los evacuados de las casas construidas ilegalmente en Cisjordania en Amona, Ofra y Netiv Haavot.
La Corte dijo que el estado debe presentar una declaración antes del 12 de marzo justificando por qué debería permitirse pagar a los colonos por demoler casas que construyeron sin el permiso del gobierno.
Después de la presentación, el tribunal decidirá si levanta la congelación o la mantiene en su lugar mientras toma una decisión final sobre la compensación de los colonos.
La decisión fue en respuesta a una petición del abogado Shachar Ben Meir, quien argumentó que las decisiones del gabinete en diciembre de 2016 y el mes pasado para aprobar dicha compensación alentaron la construcción ilegal.
“El estado no puede compensar a los infractores de la construcción por la demolición de sus viviendas cuando construyeron sin permiso en tierras que no eran suyas. Y si decide hacerlo, debe ser de acuerdo con las reglas que son iguales para todos”, dijo Ben Meir.
En febrero de 2017, las fuerzas israelíes arrasaron Amona, en el centro de Cisjordania, después de que la Corte Suprema dictaminara dos años antes que la comunidad de 40 familias había sido construida ilegalmente en tierras palestinas privadas.
La misma razón fue dada para arrasar nueve casas en el asentamiento cercano de Amona que fueron demolidas un mes después.
En septiembre de 2016, la Corte dictó una resolución similar sobre el puesto avanzado de Netiv Haavot en el bloque Gush Etzion. En ese caso, el principal cuerpo legal del estado aceptó la petición de un grupo de palestinos que argumentaban que las casas habían sido construidas parcialmente de forma ilegal en sus tierras.
El fallo exigía la demolición de 17 estructuras en total. El año pasado se demolieron dos estructuras no residenciales, una carpintería y un monumento para los soldados de las FDI asesinados.
Las 15 casas restantes debían ser arrasadas el martes, pero la Corte Suprema aceptó una petición del estado la semana pasada para retrasar la demolición durante tres meses mientras se construye un vecindario alternativo para los evacuados adyacentes al asentamiento de Alon Shvut.
La orden interina del martes se aplicó a la decisión del gabinete en febrero de autorizar el canalización de casi 60 millones de shekels ($ 17,2 millones) del Ministerio de Finanzas al Consejo Regional de Gush Etzion, el organismo municipal representativo para el asentamiento de Elazar, donde se encuentra Netiv Haavot.
Casi la mitad de esos fondos, 29 millones de shekels ($ 8,31 millones), debían destinarse a la construcción de un vecindario temporal para las 15 familias cuyas viviendas están programadas para la demolición hasta que se construyan viviendas permanentes cerca de ellas.
Un dinero adicional de 24 millones ($ 6,88 millones) se iba a dar a los residentes como compensación por las viviendas demolidas construidas ilegalmente; y 2.25 millones ($ 644,580) se destinaron a cubrir la estadía de los residentes en el alojamiento de hostales durante tres meses, si el vecindario temporal no se completa antes de la demolición.

La comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional y un gran obstáculo para la paz, ya que se construyen en tierras que los palestinos ven como parte de su futuro estado.
Israel, sin embargo, diferencia entre los asentamientos que ha aprobado y los que no ha aprobado. Aquellos sin aprobación se conocen como puestos de avanzada y normalmente están poblados por nacionalistas religiosos de línea dura que ven toda Cisjordania como parte de Israel.