España condena el asesinato de Khashoggi, pero defiende la venta de armas

El Gobierno español condenó el «terrible» asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, pero defendió mantener los contratos ya suscritos de venta de armas a Arabia Saudita, en un debate parlamentario intenso y que mostró una gran división entre los partidos.
El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, rechazó «sin paliativos» ese «terrible crimen» y pidió que «caiga todo el peso de la ley» sobre los responsables.
Sin embargo, Sánchez consideró que hace falta «una posición europea» sobre la venta de armas, ya que hay cierta «hipocresía» por parte de los países de la Unión Europea (UE) contrarios, pues serían los menos afectados por un posible boicot europeo a Riad.
Sánchez recalcó a todos los grupos políticos que busca «defender los intereses de España», entre ellos los económicos, y subrayó que la relación con Arabia Saudita genera inversiones «que crean empleo» en este país, no solo en el sector militar.
España afronta el dilema de sumarse a la suspensión de la venta de armas anunciado por Alemania, que podría tener un impacto negativo en un contrato vigente para la construcción de cinco buques militares para el país árabe.
Ese contrato está a cargo del astillero Navantia, de propiedad estatal y situado en la Bahía de Cádiz (sur), una de las zonas con mayor nivel de desempleo de España y donde trabajadores y sindicatos reclaman que se mantenga el acuerdo, valorado en 1.800 millones de euros y que crearía unos 6.000 empleos.
Sánchez reconoció que «la política es el arte de conciliar intereses a menudo en conflicto», pero no dejó de recordar que el contrato de los buques militares fue firmado por el anterior Gobierno del conservador Partido Popular (PP), actualmente en la oposición.
Además, el actual Gobierno ha cumplido otro contrato firmado por el anterior Ejecutivo para el suministro a Arabia Saudita de 400 bombas inteligentes.
El debate en el Congreso de los Diputados, muy duro y lleno de acusaciones en clave interna, mostró la paradoja de que varios aliados parlamentarios del Gobierno socialista pidieron a Sánchez la ruptura de los contratos militares con Riad en nombre de los derechos humanos, mientras que la oposición liberal y conservadora se alineó, solo en este punto, con el Ejecutivo.
Pablo Casado, líder del PP, apenas se refirió a los contratos con Arabia Saudita, aunque reprochó a Sánchez que pida el respeto a los derechos humanos en ese país pero no se una al Grupo de Lima para defender la libertad en Venezuela ni condene «la dictadura» del presidente Nicolás Maduro.
El líder de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, consideró posible compaginar la defensa de los derechos humanos y el respeto de los contratos internacionales, y también apuntó a Venezuela al recordar que el mayor número de solicitantes de asilo en España proceden de ese país.
El principal socio parlamentario del Gobierno, Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos (izquierda), afirmó claramente: «¡Hay que dejar de vender armas ya!» a Arabia Saudita y se mostró partidario de buscar un comprador alternativo para los cinco buques militares contratados por Riad.
En caso de no encontrar compradores alternativos, Iglesias pidió que el Estado asuma el coste para evitar perjudicar a los trabajadores del sector naval, ya que España es «la cuarta economía de la zona euro» y puede permitírselo, según dijo.
Joan Tardá, del partido independentista catalán ERC (izquierda republicana), advirtió de que el Gobierno podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por vender «a sabiendas» armas a un país que vulnera «sistemáticamente» los derechos humanos.
Otro aliado parlamentario del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, señaló por medio de su portavoz, Aitor Estaban, que «comprende» la complejidad que afronta el Ejecutivo e instó a Sánchez a esperar e impulsar una solución europea, aunque le apoyará si decide suspender los contratos con el país árabe.
Mientras transcurría el debate, varias organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón o Greenpeace, se manifestaron frente a la sede del Congreso para pedir al Gobierno que ponga fin a la venta de armas a Arabia Saudita para no ser cómplice de «crímenes de guerra en Yemen». EFE