En junio de este año, la Corte Suprema de Israel dictaminó que los estudiantes de yeshivas ultraortodoxas debían cumplir con el servicio militar obligatorio tras la expiración de una ley que les otorgaba exenciones generales.
A partir de esto, la fiscal general Gali Baharav Miara determinó que las familias ultraortodoxas que evadieran ese reclutamiento no podían recibir los subsidios de guarderías. Desde entonces comenzó una larga batalla legal por las asignaciones de este subsidio.
Luego de una audiencia celebrada el lunes, el ministro de Trabajo de Israel, Yoav Ben Tzur, finalmente anunció que aceptara el compromiso propuesto por la corte, a partir del cual se desbloquearán los fondos para las familias ultraortodoxas cuyos padres no se hayan enlistado para los primeros seis meses del año académico en curso.
Sin embargo, Ben Tzur, miembro del partido ultraortodoxo Shas, se negó a publicar los criterios necesarios para distribuir los subsidios, bloqueando el desembolso de aproximadamente 200 millones de shekels a más de 75.000 familias que a priori calificarían para recibir el subsidio.
Como parte del acuerdo, Ben Tzur publicará los criterios de elegibilidad para todas las familias dentro de un mes, y los subsidios se otorgarán retroactivamente a los tres meses previos y a los próximos tres meses.
Los subsidios oscilan entre los 1100 y los 1600 shekels por niño al mes, y son un pilar económico para muchas familias ultraortodoxas.
Si no quieren ir al ejército y compartir obligaciones sociales, no deberían tener derecho a recibir nada. Trabajar a los padres no les hará daño, o buscar alguien que los mantenga y no cueste a las arcas de la sociedad. Tienen derecho a solo estudiar, pero no a percibir nada de esa sociedad que se debe autosustentar con obligaciones iguales.