“Seamos realistas, pidamos lo imposible”

Benito Roitman

Israel y la sociedad israelí, agobiada por un pesado verano que se excede a sí mismo (y que aún le quedan restos) está  sobre todo asfixiada por la “legalidad” de un gobierno dispuesto a instaurar paso a paso un proyecto de nación funesto, un proyecto que carece de lo que un proyecto real de país requiere: el consenso explícito de la sociedad en relación con el conjunto de valores que legitimen ese proyecto y que reflejen lo que se declaró, se afirmó y se proclamó al crearse el Estado.

¿Cuál es el proyecto de nación que quiere construir el programa del actual gobierno? Creo que este programa se puede resumir -con un alto grado de simplificación- en tres frentes de acción, correspondientes en términos gruesos a los diferentes partidos que conforman la actual coalición de gobierno, y que se complementan entre sí.

Por un lado, se pretende reformular el funcionamiento del sistema de gobierno de Israel, de tal manera que el poder Ejecutivo disponga de un amplio e irrestricto número de instrumentos para consolidar los llamados “derechos nacionales” frente a los derechos individuales. Esto atenta directamente contra los principios de una sociedad democrática. Para ello es preciso, entre otras cosas, coartar las capacidades del poder Judicial de revisar y en su caso anular aquellas decisiones contrarias a la legalidad y/o al conjunto de valores que definen a esta sociedad. Es así que el discurso del Foro Kohelet, institución que ha venido formulando sistemáticamente las bases de este proyecto de país, insiste en demonizar al poder Judicial en Israel, Un ejemplo de ello es el texto siguiente: “Durante los últimos 30 años, la Corte Suprema ha llevado a cabo una toma de control judicial, con sus poderes en constante expansión, sin ningún mandato legal o constitucional.  El gobierno judicial es inversamente proporcional a la capacidad cada vez menor de los ciudadanos de Israel para gobernarse a sí mismos”.

Con base en este tipo de argumentación es que se defiende la “reforma” judicial en marcha. La reciente votación en la Knéset, que aprobara la exclusión de la “razonabilidad” como argumento del poder Judicial para cuestionar decisiones ejecutivas o legislativas, forma parte de ese proceso. (Como ejemplo de la orientación del Forum Kohelet, puede citarse el texto siguiente: “En 1992, la Knéset aprobó un proyecto de ley bastante limitado que reafirmaba el compromiso del Estado con los derechos humanos. Este proyecto de ley, conocido como Ley Básica: Dignidad Humana y Libertad, fue aprobado entre gallos y medianoche, como un proyecto de ley de un miembro privado, y fue votado por una pequeña minoría de miembros de la Knéset durante un gobierno cojo”.

Por otra parte, este gobierno está poniendo en práctica (quizás habría que decir que está profundizando y explicitando) una política de supremacía judía, en los territorios ocupados, pero también dentro de las fronteras de Israel (si a la línea verde se la pudiera equiparar, de alguna manera, con unas fronteras legalmente inexistentes). El avance hacia la anexión en Cisjordania, de facto si no de jure, forma parte de esa política, así como es parte de esa política la discriminación presupuestal entre comunidades dentro de Israel y la discriminación a secas, implícita ya en la ley del Estado-Nación y explícita en las declaraciones cotidianas de los miembros del Gabinete. Este proyecto (mesiánico) de nación está siendo llevado adelante día con día, y se complementa con el que pretende fortalecer al poder Ejecutivo reduciendo (o eliminando) los contrapesos que puedan defender los derechos individuales y los de las minorías.

Y a estos proyectos, ya encaminados, se agrega aún otro. Se trata de imponer, paso a paso, la ley halájica (cuerpo colectivo de reglas religiosas judías, extraídas de la Torá Escrita y Oral) por encima de -o en lugar de- la legislación secular. Los partidos ultra religiosos que participan en la actual coalición de gobierno no pierden ocasión de avanzar en este proyecto de implantación de las leyes religiosas, para lo cual cuentan con el apoyo de las facciones más radicales del partido religioso sionista, que también conforma la coalición.

En resumidas cuentas, lo que el actual gobierno pretende ir construyendo -o si se prefiere, ir profundizando y explicitando- es un proyecto de nación que privilegie los derechos nacionales judíos aún a costa de la protección y reconocimiento de los derechos de las minorías, que imponga su soberanía desde el Jordán al Mediterráneo y que avance en la imposición de las leyes halájicas en toda la extensión de la vida cotidiana. Y es preciso reconocer la coherencia con que se persiguen estos propósitos, aunque esa coherencia -de resultar exitosa- conlleve necesariamente la pérdida de los valores democráticos y la instauración de un sistema de gobierno teocrático-autoritario, donde prive la supremacía judía sobre los valores igualitarios que corresponden a todos los que descienden -descendemos- de Adán y Eva.

La muy encomiable reacción popular frente a estas pretensiones del actual gobierno -y en particular frente al proceso de “reformas” del poder Judicial- lleva ya más seis meses de continuas protestas y manifestaciones, incluyendo la creciente y seria ola de pronunciamientos de reservistas dispuestos a discontinuar sus servicios en las diferentes ramas del ejército (lo que aparentemente impactaría de manera especial a la fuerza aérea y a las áreas de inteligencia, pese a la liviandad con que el gobierno ha venido tratando el tema). El elemento común que convoca a estas manifestaciones y protestas es el clamor por la defensa de la democracia, en serios riesgos de sucumbir ante los avances del proyecto de nación que persigue y que pretende imponer este gobierno -y que ya ha comenzado a poner en práctica.
Pero junto con la defensa de la democracia como denominador común, cuya indudable importancia se refleja en la persistencia de las protestas, una parte significativa de la sociedad israelí (quizás la más dinámica) ha ido tomando conciencia de que no se trata de -ni se podría- retornar al estatus quo existente antes de la asunción del actual gobierno. El desarrollo de esa conciencia es lo que debe conducir a la formulación de un proyecto de nación alternativo al del actual gobierno, un proyecto de nación basado en la presencia y vigencia de los valores democráticos, en el reconocimiento de los derechos humanos y en la defensa de las minorías, en el respeto al derecho internacional. No es la unanimidad lo que se pretende, porque el derecho a la discrepancia es vital, pero es necesario alcanzar un consenso mínimo alrededor de los valores señalados. Quizás nada mejor para ello que proponerse formular de una vez por todas, a través de una Asamblea Popular especialmente convocada para ello, un proyecto de Constitución, cuyas bases ya estaban expuestas en la Declaración de Independencia y cuya aceptación debería ser fruto de una votación general.

Es tiempo ya de reconocer que aquella quijotesca expresión del Mayo francés del 67: “Seamos realistas, pidamos lo imposible” puede y debe ahora convertirse en una brújula realista que guíe las acciones de esta sociedad: Que se acepte que es correcto, adecuado y posible querer regirse por una Constitución, con todo el respeto que merece la Torá; que es posible y sobre todo necesario contar con un sistema educativo que sea universal, en lugar de continuar con cuatro sistemas públicos aislados entre sí y responsables en gran medida de las brechas que caracterizan y martirizan a esta sociedad; que siempre hay con quien negociar, si de lo que se trata es de alcanzar una paz duradera y si para ello se procede de buena fe y con respeto para el vecino, que no es inferior a mí.  Podamos avanzar en todo ello y mucho más, siempre que recordemos que lo que se ha de buscar no es la unanimidad -que es a lo que aspiran las dictaduras de todo tipo- sino el acuerdo. Y que éste, si es genuino, se alcanza con concesiones mutuas.              

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