Parece increíble pero es cierto; hasta hace poco el único tema resonante en el país, con inflamados discursos llenos de ardor nacionalista de nuestro Primer Ministro, era el de la anexión de los territorios ocupados, y ello pese a la pandemia y pese a la grave crisis económica que ésta ha desatado. Pero como por arte de magia, el tema de la anexión ha desaparecido del horizonte público, apenas transcurridos unos días de la fecha fatídica (el 1º de julio), establecida en el acuerdo de coalición como el comienzo del proceso de “extensión de la soberanía”. La política israelí, tal como se viene desenvolviendo en los últimos años, nos debería haber acostumbrado ya a estos vaivenes, pero la verdad es que continúa asombrándonos.
Y ahora, lo que parece volver a ocupar el centro de atención del Gobierno (en este ambiente político uno nunca puede estar seguro de nada) es la pandemia y las medidas a tomar, esta vez en lo que se entiende cada vez más como una segunda ola, así como las acciones que en lo inmediato puedan ofrecer alguna respuesta o algún alivio a los serios problemas de ingreso de una parte significativa de la población, como consecuencia del virtual cese de actividades en múltiples sectores de la economía y de los servicios. Es tiempo ya para ello, porque el descreimiento de la población va in crescendo, atizado por las continuas idas y venidas en materia de directivas gubernamentales sobre cómo enfrentar la crisis sanitaria y la económica, cierres completos y aperturas apresuradas, el sistema educativo sin reglas claras de cómo funcionar, contradicciones en los mecanismos de detección de infecciones y su relación con el público, sistemas de control de contagios en manos de los organismos de seguridad, opacidad en la información sobre cómo y cuánto de los recursos votados han llegado a su destino, etc. etc.- sin mencionar la reacción negativa de la sociedad a la prioridad que el gabinete y la Knéset dieran, ¡en plena crisis! al tema de la exención de impuestos a parte de los ingresos del Primer Ministro.
En las circunstancias actuales, las nuevas medidas económicas que el Gobierno ha decretado y que aprobara el Congreso (la Knéset), constituyen en su mayor parte una continuidad -con quizás algo más de profundidad- de las que se anunciara en su oportunidad pero que se habrían estado cumpliendo a medias. Lo novedoso en estas nuevas medidas es que abarcan tres categorías: asalariados desempleados, trabajadores independientes y dueños de empresas, es que se extienden hasta finales de junio del 2021, al menos en el caso del seguro de desempleo. A ello cabe agregar el énfasis puesto en la promesa de aumentar la rapidez con que la ayuda debería llegar a los bolsillos de quienes la necesitan (lo que podría interpretarse, maliciosamente, como una forma de frenar -sin éxito hasta el momento- las fuertes manifestaciones convocadas por trabajadores independientes y propietarios de pequeñas empresas, muchos de los cuales se encuentran en situaciones muy difíciles).
En paralelo con estos anuncios del Gobierno, el Banco de Israel comunicó este 7 de julio un conjunto de medidas adicionales de apoyo económico, centradas en tres puntos: a) un plan de compras de bonos corporativos (instrumentos de crédito emitidos por las grandes empresas para obtener financiamiento) por hasta 15 mil millones de shekel; b) renovación de la línea de crédito especial al sistema bancario, sin especificación de límite (la línea de crédito anterior ascendió a 4.3 mil millones de shekel) y con una tasa de interés de 0,1%, para que los bancos otorguen préstamos rápidos a las pequeñas empresas afectadas por la crisis del Coronavirus; c) establecimiento de infraestructuras legales que permitan a los bancos ampliar el tipo de garantías requeridas por la línea de crédito especial del punto anterior.
Con el conjunto de estas medidas, a las que se agregan las que se están tomando en el ámbito poblacional para reducir los contagios e intentar contener la epidemia (cierre de ciudades y poblados con altos índices de infección, cierres en el sistema educativo, limitaciones a eventos y elevación de sanciones por el no uso de máscaras, uso intensivo de pruebas de infección, etc.), habrá que ver si finalmente se estará prestando verdadera atención a lo que el propio gobierno califica como la crisis más grave de los últimos 100 años. Pero aunque así como parecen haber quedado atrás -¡por ahora!- los planteos de la anexión, la pequeña política (¿estaría bien llamarla politiquería?) sigue tan campante.
Porque no es otra cosa que politiquería lo que llevó en plena crisis a votar una exención de impuestos sobre los financiamientos del gobierno que recibe el Primer Ministro. Ni es otra cosa que politiquería los que indujo a un miembro de la oposición de la extrema derecha (sí, hay también partidos de oposición de extrema derecha) a presentar un proyecto para ordenar que una comisión de la Knéset investigue supuestos conflictos de interés entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y no es otra cosa que politiquería lo que llevó al Primer Ministro a instruir a su partido, el Likud, para que votara favorablemente ese proyecto (aunque él se abstuvo de presentarse en la Cámara durante la votación, que fue derrotada).
Y para agregar el insulto a la ofensa, mientras se escriben estas líneas continúa pendiente el debate sobre qué Presupuesto se discutirá en la Knéset: ¿un presupuesto para el año 2020 (es decir, para los meses que quedan hasta que finalice el 2020) o un presupuesto para el 2020/2021? Esto último es lo que aparentemente se pactó en el acuerdo de coalición, pero ¿qué importa lo que se estipuló y firmó en ese acuerdo? El hecho es que el Primer Ministro y el Ministro de Hacienda quieren ahora un presupuesto sólo para el 2020, argumentando que la pandemia genera enormes incógnitas sobre el futuro (aunque de esas incógnitas se sabía ya cuando se negoció el acuerdo). Por eso no es extraño que se sospeche que la insistencia actual en votar un presupuesto sólo para el 2020 podría deberse a que ello permitiría al Primer Ministro Netanyahu convocar a elecciones anticipadas, si así le conviniera, al no aprobar en tiempo el presupuesto del 2021.
Hoy por hoy hay cerca de 800.000 asalariados desempleados y 380.000 trabajadores independientes y dueños de pequeñas empresas que han perdido sus fuentes de ingreso; su situación ensombrece el panorama social y ya se han movilizado -pese a las promesas del gobierno- para demandar soluciones de alivio inmediatas. Pero también requieren recobrar la esperanza de que, más allá de las emergencias, existe un futuro por el que vale pena luchar. Y para eso se precisan nuevos liderazgos que diseñen, divulguen y conduzcan hacia ese futuro.
El mundo entero discute hoy, en medio de la lucha contra la pandemia, cambios sociales y económicos que, aunque ya se venían perfilando antes de la crisis sanitaria, ésta está mostrando que esos cambios son necesarios y hasta posibles. Eso sí, siempre que la tecnología y sus actuales avances se pongan al servicio del bienestar social más que a la ganancia económica.
Pero en Israel, que tanto ha aportado y puede aportar a esos avances tecnológicos y cuya sociedad se precia de los niveles alcanzados, parece haberse internalizado la idea de que no existen liderazgos alternativos, que no hay quienes puedan substituir a la actual clase política y que la seguridad del país reside en sus actuales dirigentes y en sus políticas (ideas que con mayor o menor sutileza se vienen predicando desde los más altos niveles de gobierno, desalentando además a presuntos líderes emergentes). Y no es verdad. El pueblo del libro tiene suficientes reservas como para generar desde su interior nuevos liderazgos. Y quizás sea en la academia, tan vilipendiada últimamente, donde puedan encontrarse, aunque pueden surgir de cualquier sector de la sociedad. En todo caso, una condición necesaria para generar nuevos actores en la arena política es la superación del rechazo a participar en esa actividad, junto al reconocimiento del papel positivo que esa participación puede tener. Los tiempos actuales exigen esa renovación, ¿pero estará ya en camino?