Benjamín Netanyahu - Foto: Knéset

La calma (relativa) que se ha instalado en Israel después de las elecciones es engañosa. La verdad es que nadie se atreve a respirar siquiera, no sea que esos ruidos sean interpretados como afirmaciones o negaciones en las negociaciones que se están llevando a cabo -con representantes directos e indirectos, en reuniones cuidadosamente ocultas- para conformar un nuevo gobierno, en el que se esperaría que el actual Primer Ministro, Benjamín Netanyahu quede excluido. Por eso, mientras tanto, esa (relativa) calma.

Pero la vida sigue su curso, y si bien dicen que no sólo de pan vive el hombre, cierto es que sin pan tampoco se va muy lejos. Los temas materiales, la preocupación por el futuro económico, vuelven lentamente a ocupar su lugar en las prioridades de esta sociedad, aunque no sin antes dejar espacio suficiente para celebrar las próximas fechas del calendario: el Nuevo Año judío, el Día del Perdón (Iom Kipur), la Fiesta de las Cabañas (Sucot). En todo caso, la economía va a comenzar nuevamente a reclamar la atención de la opinión pública, o mejor dicho, los forjadores de la opinión pública están decretando que ésta puede ahora detener su atención en esos temas.

Es así que estamos comenzando a sentir la presión por la formulación del presupuesto para el 2020, que la Knéset recién podría comenzar a considerar cuando lo prepare y lo presente el nuevo gobierno que emergerá de las negociaciones que acaban de comenzar; y la preparación y presentación del proyecto de presupuesto 2020 sucederá, en el mejor de los casos, no antes de noviembre o diciembre, cuando la Knéset tiene por ley hasta los tres primeros meses del año fiscal para aprobarlo (o en su defecto está obligada a llamar a nuevas elecciones).

Ya se ha repetido hasta el cansancio que el presupuesto público es el principal instrumento de política, y su importancia aumenta cuando se trata de un nuevo gobierno. Es a través suyo que supuestamente se formulan y materializan las orientaciones de ese nuevo gobierno, y en teoría sería posible deducir, mediante su lectura e interpretación, cuales son las prioridades que defiende: si enfatiza los temas de seguridad por sobre todo, o se preocupa por la problemática social de las minorías, si jerarquiza el papel del estado en la conducción de los procesos económico-sociales o si lo minimiza, etc. etc. Pero en la práctica y en las actuales circunstancias, no serían de esperar grandes cambios en las políticas a seguir; en lo inmediato, se trataría más de la sustitución de una persona (y de lo que ésta ha representado en los últimos años en la vida pública de Israel) que de transformaciones de fondo en el funcionamiento de la sociedad israelí, incluyendo las relaciones con sus vecinos.

Sin embargo, es posible detectar en el ambiente una real preocupación por el futuro, aunque naturalmente tanto los diagnósticos como las soluciones propuestas suelen diferir. Quizás las preocupaciones más articuladas provengan del Banco de Israel, que desde hace ya varios años viene insistiendo en la necesidad de mejorar significativamente la productividad laboral en Israel para superar las brechas sociales que aquejan a esta sociedad y despejar los nubarrones que amenazan la continuidad del crecimiento económico. En agosto de este año, en plena campaña electoral, el Departamento de Investigación del Banco de Israel publicó un documento titulado: “Informe especial del Departamento de Investigación: Aumento del nivel de vida en Israel a través del incremento en la productividad laboral”. Obviamente, en el momento de su publicación este documento pasó prácticamente desapercibido, pero seguramente en las próximas semanas o meses adquirirá nueva presencia, como una eventual alternativa al mantenimiento del estatus quo, al menos en el ámbito socio-económico. En una síntesis muy apretada, puede decirse que el estudio del Banco de Israel parte de un diagnóstico del funcionamiento económico y social que destaca la baja productividad laboral promedio en Israel (24% por debajo del promedio de los países de la OECD), que atribuye a esa baja productividad la responsabilidad por gran parte de los problemas de pobreza y brechas en el ingreso y que identifica cuatro áreas a atender para superar esa baja productividad y mejorar el nivel de vida de la sociedad israelí: la formación de capital humano (reformas en el sistema educativo), la inversión de capitales en el conjunto de las actividades económicas, la mejora de la infraestructura física y la mejora en el funcionamiento burocrático del gobierno. La estimación que hace del costo presupuestal adicional requerido para atender esas necesidades es alto: se sitúa en el orden del 3% anual del PIB, aunque se espera también que como resultado se llegaría, al cabo del tiempo, a un aumento anual del 20% del PIB.

En cuanto a las alternativas de financiamiento de esos costos, se plantea la utilización del déficit fiscal o el incremento de ingresos públicos por la vía de aumentos en el sistema tributario. La propuesta del Banco de Israel se inclina por aumentos en los impuestos, sin especificar detalles sobre los cambios requeridos en el sistema, teniendo en cuenta entre otras cosas los altos niveles actuales del déficit fiscal (que se están acercando al 4% del PIB) y que sitúan actualmente a la deuda pública bruta por encima del 60% del PIB.

Más allá de la necesidad de discutir seriamente esa alternativa, que recoge y sistematiza algunos planteamientos centrales de la problemática económica del país, cabe señalar que sus propuestas conllevan, aún de manera implícita, un cambio de orientación significativo en las políticas públicas.

En los últimos años el gasto público ha venido disminuyendo sistemáticamente como porcentaje del Producto (entre el año 2000 y el 2018, el gasto de gobierno pasó del 45% al 40% del PIB), mientras que la propuesta del Banco de Israel conlleva un incremento en los recursos requeridos en cada una de las cuatro áreas a atender, lo que destaca el papel y la participación que le corresponde al Estado y el reconocimiento, implícito también, que no todo puede dejarse en manos del mercado.

Pero seamos realistas. En estos momentos, la atención continua centrada en la conformación de un nuevo gobierno, con todos los avatares y riesgos que conllevan las negociaciones correspondientes. Aun así, las presiones económicas y los plazos legales comienzan a forzar la discusión de la próxima estructura presupuestaria, y es bueno contar en esas circunstancias con alternativas al mantenimiento del estatus quo económico y social. Documentos como el del Banco de Israel proponen alternativas que deberían ser ventiladas en la plaza pública, lo que remite a la necesidad de discutir el alcance de sus propuestas de la manera más abierta.

Porque es precisamente en la discusión pública de los asuntos que afectan a toda la comunidad, que se pone a prueba la calidad de la democracia. Se abriría así la oportunidad de revertir los procesos que están conduciendo a un sensible empobrecimiento de la sociedad en el sentido más amplio del término, lo que afecta no sólo el futuro económico de esta sociedad, sino su futuro a secas. Quizás esa sea la oportunidad que renueve la esperanza. ■

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