El ministro de la Secretaria Nacional Anticorrupción de Paraguay, René Fernández, dijo que la operación que trajo en mayo pasado al país a un avión venezolano-iraní, actualmente retenido en Argentina, «despierta muchas dudas».
Fernández se refirió a la llegada de la aeronave que aterrizó el pasado 13 de mayo en el aeropuerto Guaraní, que sirve a la localidad de Ciudad del Este, y partió el día 16 con una carga de cigarillos.
«El hecho llamativo que se da es una operación de comercio exterior que aparentemente no tiene mucho sustento, no tiene lógica desde el punto de vista financiero y económico», explicó.
El ministro, que formalizó a pedido del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, una denuncia penal ante la Fiscalía por este caso, llamó la atención sobre el hecho de que la tripulación de la aeronave no es «consistente con este tipo de operaciones».
El titular del ente anticorrupción advirtió que los conocedores señalan que en este tipo de trabajos se usa una tripulación «de entre cinco a seis personas».
Sin embargo, en mayo pasado ingresaron 18 tripulantes, 11 venezolanos y 7 iraníes, de los cuales al menos uno ha sido vinculado a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica.
De igual forma, mencionó «la suma de costos» de esa operación, entre ellos la estadía de la tripulación durante tres días o el hecho de que el avión arribó «oficialmente» sin carga al país.
Fernández argumentó que esta situación levanta «las alertas» sobre la posibilidad de que la operación haya sido «una pantalla para el objetivo real de la presencia de esas personas» en Paraguay.
Por otra parte, confirmó que el Ejecutivo formuló una denuncia penal por una «supuesta comisión de hechos punibles de asociación terrorista y financiamiento del terrorismo».
También la Fiscalía anunció el inicio de una investigación para «indagar los hechos ocurridos y determinar las conductas que pudieran tener relevancia penal», ante una comunicación de un funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Al respecto, Fernández consideró, basado en un principio de «economía procesal», que al final se dará una sola investigación, ya que se trata de «varios hechos, pero todos están vinculados». EFE