La fiscal general, Gali Baharav-Miara, calificó como «legalmente inaceptable» la medida del Gobierno de extender un año el servicio de los reservistas en edad de retirarse con motivo de la guerra contra el grupo terrorista Hamás en Gaza.
La medida «eleva la carga sobre los que sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel en este momento sin aportar medidas activas significativas, incluso en el plazo inmediato, para minimizar la desigualdad en la carga del servicio».
El Gobierno aprobó la prórroga, de otros tres meses (hasta septiembre), de la extensión, aún vigente pero que iba a expirar a finales de mes tras cuatro meses en funcionamiento.
Sin dicha prórroga, los soldados reservistas reciben la baja al cumplir 40, los oficiales en servicio de reserva, a los 45, y los reservistas en puestos clave, a los 49.
Baharav-Miara insistió en su declaración en la necesidad de «agotar todas las posibilidades legislativas y de otros tipos para la plena realización del potencial de reclutamiento militar», así como de la imposición de la carga del servicio «a toda la población».
Por su parte, la fiscal general expuso que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, le habría dicho que no aprobar la prórroga puede tener consecuencias negativas inmediatas y directas para la seguridad de Israel.
El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, defendió en contraposición «ampliar la base» de reclutamiento en lugar de los años de la duración del servicio de los reservistas, y defendió para ello reclutar a los haredíes.
«Cada batallón de este tipo que establezcamos, un batallón ultraortodoxo, disminuye la necesidad de desplegar muchos miles de reservistas gracias al personal del servicio militar obligatorio», apremió el teniente general.
El líder de la oposición, Yair Lapid, calificó directamente la prórroga como una «discriminación entre sangre y sangre» dentro del Estado de Israel, que obliga a parte de la población a estar más años en la reserva «mientras el Gobierno promueve una ley de evasión masiva para jóvenes ultraortodoxos».
La prórroga llega mientras el país sigue inmerso en el debate sobre la desigualdad en el reclutamiento por la exención de los judíos ultraortodoxos, que como estudiantes de escuelas talmúdicas (yeshivá) pueden evitar el servicio militar obligatorio que afecta a sus conciudadanos.
La Justicia considera que la exención militar de los ultraortodoxos es discriminatoria, y Baharav-Miara avisó a comienzos de abril al estamento militar que debe comenzar a elaborar un plan de reclutamiento para los estudiantes religiosos tras expirar una disposición temporal que protegía la exención.
El pasado martes, el Parlamento aprobó un polémico proyecto de ley para estimular el reclutamiento militar de los judíos ultraortodoxos, concebido como una estratagema del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ganar tiempo mientras la Corte Suprema insta al Gobierno a reclutar a más ultraortodoxos para las Fuerzas de Defensa de Israel.
Técnicamente, los legisladores no dieron su apoyo al proyecto de ley que fomenta el reclutamiento, sino que simplemente permitieron su paso a un comité donde el proyecto, probablemente, quedará enterrado, ya que la norma fue aprobada en primera lectura durante un Gobierno anterior (el de Yair Lapid y Naftali Bennet de 2021) y quedó en suspenso tras su disolución. EFE y Aurora
OTRA PIEDRITA PARA ESTE GOBIERNO
gano las elecciones esta tipa?