- Es a la vez trágico e irónico que el Estado de Israel, uno de los padres fundadores de la visión de crear una Corte Penal Internacional independiente después de las atrocidades inimaginables cometidas contra el pueblo judío durante el Holocausto, se haya convertido ahora en el objetivo de ese mismo Tribunal Internacional basado en la manipulación política palestina.
- La Corte insistió obstinadamente en atribuir elementos de la condición de Estado y la soberanía a una entidad palestina que claramente, y según todos los estándares internacionales, no es un Estado.
- Esa entidad palestina tampoco tiene territorio soberano y, por lo tanto, incluso según el Estatuto de la CPI, no puede ser objeto de la jurisdicción de la Corte. Los palestinos no tienen absolutamente ningún lugar en la Corte.
- Esta decisión no solo daña irreparablemente la integridad y credibilidad de la CPI, sino que también tiene el potencial de socavar y descarrilar el proceso de negociación de paz en Oriente Medio, ya que la Corte, a instancias de su fiscal, está intentando prejuzgar el resultado de ese proceso, en contra de toda lógica histórica y jurídica.
Es a la vez trágico e irónico que el Estado de Israel, uno de los padres fundadores de la visión de crear una Corte Penal Internacional independiente después de las inimaginables atrocidades cometidas contra el pueblo judío durante el Holocausto, se haya convertido ahora en el objetivo de esa misma Corte Penal Internacional.
Como uno de los países líderes que participó activamente desde el principio, en la negociación y redacción del documento de fundación, el Estatuto de la CPI, es aún más irónico que Israel se encuentre ahora siendo acusado por la Corte debido a la manipulación política palestina.
Lo que pretendía ser un órgano jurídico independiente dedicado a prevenir la impunidad de que disfrutan los criminales de guerra más graves y atroces, llevándolos ante la justicia, ahora está siendo manipulado políticamente contra el único Estado que desde principios de la década de 1950 ha abogado constantemente por el establecimiento de tal organismo, el Estado de Israel.
La ironía es aún más evidente dadas las acrobacias legales de la fiscal de la Corte orientada e influenciada políticamente y la mayoría de los jueces de la Cámara de Asuntos Preliminares, en su obstinada y defectuosa insistencia en atribuir elementos de estadidad y soberanía a una entidad palestina que distintivamente, legalmente, políticamente y según todos los estándares internacionales, no es un Estado.
Dado que tal entidad no es un Estado, entonces no puede reclamar tener ningún territorio soberano y, por lo tanto, incluso de acuerdo con el Estatuto de la CPI, que está abierto solo a los Estados, no puede ser objeto de la jurisdicción de la Corte. Por lo tanto, los palestinos no tienen absolutamente ningún lugar en la corte.
Esta irónica situación no es sorprendente dada la atmósfera internacional prevaleciente de incitación y hostilidad hacia Israel en todo el sistema de la ONU.
Sin embargo, lo que es impactante es el hecho de que la única institución jurídica internacional que sus fundadores esperaban y pretendían, y declararon en su documento fundacional, ser “una Corte Penal Internacional independiente y permanente … con jurisdicción sobre los crímenes más graves a la comunidad internacional en su conjunto”, se ha dejado manipular y abusar políticamente.
Lo que se pretendía que fuera un órgano jurídico apolítico, desprovisto de presión e influencia políticas, ahora se ha permitido convertirse en un «órgano más que ataca a Israel» a disposición de los elementos de la comunidad internacional que buscan socavar la legitimidad de Israel. De hecho, los líderes palestinos han logrado manipular la Corte convirtiéndola en su propio tribunal privado y en su patio trasero.
Al hacerlo, la Corte se permite sufrir un perjuicio irreparable. Cualquier integridad jurídica, credibilidad y buena fe que pudiera haber tenido está siendo dañada irreparablemente.
Esta decisión de la Cámara de Asuntos Preliminares de la Corte de aceptar el argumento de la fiscal, basada puramente en resoluciones políticas no vinculantes, no legales y sin autoridad de la Asamblea General de la ONU, desafía toda lógica legal. El hecho de que la Corte esté tratando de ejercer jurisdicción sobre un territorio en disputa que se encuentra en medio de un proceso de solución de controversias reconocido internacionalmente, va directamente en contra de la lógica de la práctica de solución de disputas internacionales.
Esto es tanto más ilógico dado el hecho que el Estado de Israel no es parte en el Estatuto de Roma.
Dado que el Estatuto de la CPI está abierto solo a Estados soberanos, y dado que no existe ningún Estado palestino soberano, y dado que no existe ningún territorio palestino sobre el cual la Corte pueda ejercer su jurisdicción, la Cámara de Asuntos Preliminares, por cualquier lógica legal, debería haber rechazado las alegaciones de la fiscal.
A la luz de el hecho de que los territorios objeto de las remisiones palestinas a la Corte, se encuentran bajo un proceso de negociación y solución de controversias consensuado e internacionalmente aceptado, la Cámara de Asuntos Preliminares de la CPI, por cualquier lógica legal, debería haber rechazado los alegatos de la fiscal, en lugar de intentar prejuzgar y socavar el resultado del proceso de negociación determinando que existe un territorio palestino soberano.
Esta fue la opinión presentada a la Cámara de Asuntos Preliminares por siete Estados partes del Estatuto de la CPI, así como por cientos de abogados internacionales independientes y organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, la mayoría de los miembros de la Cámara de Asuntos Preliminares optaron por ignorar esta opinión.
Lamentablemente, esta decisión no solo daña irreparablemente la integridad y credibilidad de la CPI, sino que también tiene el potencial de socavar y descarrilar el proceso de negociación de paz en Oriente Medio, ya que la Corte, a instancias de su fiscal, está intentando prejuzgar el resultado de ese proceso, contrario a toda lógica histórica y jurídica.
El secuestro, abuso y manipulación de la CPI es la antítesis de la visión de sus padres fundadores, los Estados y los expertos legales internacionales que dedicaron tanto tiempo, esfuerzo y entusiasmo a establecer un cuerpo jurídico genuinamente objetivo.
Una versión de este artículo apareció en el Times of Israel el 6 de febrero de 2021.
Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs
El Emb. Alan Baker es director del Instituto de Asuntos Contemporáneos del Jerusalem Center for Public Affairs y director del Global Law Forum. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, así como acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se desempeñó como asesor legal y subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y como embajador de Israel en Canadá.