La Corte Suprema de Justicia de Israel comienza mañana dos días de audiencias previos a la toma de una decisión que los analistas describen como decisiva para el futuro de la democracia del país: permitir o no a Benjamín Netanyahu ocupar el cargo de primer ministro a pesar de estar acusado por corrupción.
Tras más de un año de bloqueo político, el actual primer ministro en funciones y su rival, Benny Gantz, acordaron hace algunos días la formación de un gobierno de unidad en el que se alternarían en el cargo y, entre otras modificaciones al sistema gubernamental, reducirían el mandato de un ejecutivo de cuatro a tres años.
Múltiples organizaciones ciudadanas y un partido político denunciaron a la Corte este acuerdo, que también prevé la anexión de partes de Judea y Samaria (Cisjordania).
A esta denuncia se suman reclamaciones previas, postergadas durante meses por la Corte, que piden que se prohíba a Netanyahu ejercer el cargo de primer ministro en tanto esté acusado de corrupción.
Estos grupos se basan en una ley que imposibilita a ministros ocupar su cargo mientras estén acusados pero no que especifica nada para el caso de un jefe de gobierno.
Respecto a la denuncia del acuerdo de coalición, consideran que este debe invalidarse dado que prevé la modificación de algunas leyes básicas del Estado y la modificación del sistema de gobierno.
Tanto el Likud de Netanyahu como el partido de Gantz, Azul y Blanco, llamaron a la Corte a rechazar estas denuncias y basaron sus argumentos en la necesidad de respetar la voluntad popular, en la severidad de las consecuencias de incapacitar a un primer ministro, a diferencia de otros ministros, y la urgencia de la situación actual que requiere de un Ejecutivo estable para enfrentar la pandemia.
El pasado jueves, el fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, dio su recomendación al tribunal y señaló que no ve «impedimento legal» a que Benjamín Netanyahu sea primer ministro en el nuevo Gobierno aunque enfatizó que el acuerdo de coalición entre el mandatario y Gantz «incluye el consentimiento para la creación de un nuevo modelo de gobierno, que es antinatural para el sistema de gobierno israelí».
La responsabilidad, así, recaerá en los jueces del Alto Tribunal, que no solo tendrán en cuenta consideraciones legales, sino las posibles consecuencias prácticas, como una inminente cuarta elección general en poco más de un año, en caso de fallar en contra de “Bibi” (Netanyahu) o del acuerdo de coalición.
UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA DEMOCRACIA
«Es la primera vez en la historia de Israel que la Corte tiene que tomar una decisión tan drástica y no es una decisión fácil», explica a Meir Shitrit, quien fuera parlamentario más de 30 años, incluyendo 20 en el Likud y tres como ministro de Justicia, entre otros cargos ministeriales.
Shitrit se muestra preocupado por el futuro de la justicia en el país, opina que la confianza del Ejecutivo en el sistema judicial se ha erosionado y que la democracia israelí se ha deteriorado mucho durante la última década, bajo el gobierno de Netanyahu.
Por eso argumenta que, aunque el precio a pagar sean unas cuartas elecciones y una crisis institucional sin precedentes, «este es un momento en el que la Justicia debe definir si es lo suficientemente fuerte para salvaguardar los valores del Estado», tomando una decisión que sería «valiente y honorable», en lugar de «priorizar consideraciones políticas».
LA JUSTICIA CONTRA EL VOTO POPULAR
Desde que Mandelblit comunicó, hace unos meses, la decisión de acusar formalmente a Netanyahu por tres casos separados de corrupción y los cargos de fraude, cohecho y abuso de confianza, por los que deberá sentarse en el banquillo dentro de tres semanas, la palabra «golpe» ha estado muy presente en el debate político israelí.
El propio primer ministro tildó la investigación en su contra de «intentona golpista» y de «persecución» política y atacó sin descanso a la Justicia, creando una profunda grieta entre los poderes Ejecutivo y Judicial que rápidamente se tradujo en una fuerte división social entre quienes le apoyan incondicionalmente y quienes lo acusan de corromper el sistema democrático y dañar las instituciones.
Para Gil Hoffman, principal analista político del Jerusalem Post, el hecho de que Netanyahu obtuviera más votos en los últimos comicios que en los anteriores, incluso a pesar de estar acusado, y de que Gantz haya accedido a un gobierno de unidad que incluye a partidos de casi todo el espectro político, es suficiente para considerar un posible fallo de la Corte contra el mandatario y su coalición, ahora sí, como un «verdadero golpe de estado».
«Para bien o para mal, la gente se ha expresado y decidido que apoyan las políticas de Netanyahu lo suficiente como para ignorar los delitos que pueda haber cometido», agrega, aunque advierte que la situación que enfrenta el país demuestra la necesidad de contar con una «firme separación de poderes», como en Europa o Estados Unidos, donde esta situación se habría resuelto mucho antes. EFE y Aurora