La gente olvida que, cuando se creó la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998, a través del Estatuto de Roma, la administración Clinton ordenó a la delegación estadounidense votar en contra de su formación. Más tarde, después de decidir firmar el estatuto, la administración aún se negó a presentarlo al Senado para su ratificación. El presidente Bush siguió el consejo de Clinton a este respecto y se abstuvo de buscar el apoyo del Senado.
Washington había respaldado legítimamente la idea general de negar la impunidad a los criminales de guerra. Después de todo, la década de 1990 fue una década horrible para los derechos humanos. Se han producido dos casos de genocidio en Bosnia y Ruanda. Hubo otro caso en Darfur, en el oeste de Sudán. Las instituciones de la ONU no habían hecho nada para evitar estas acciones. Se suponía que el establecimiento de la CPI cambiaría todo eso. No fue así. Quizás hubo desde el principio la sensación de que la CPI podría no funcionar.
De hecho, durante las siguientes dos décadas, la CPI falló repetidamente en el cumplimiento de su misión de proteger los derechos humanos. Tomemos, por ejemplo, su decisión de no hacer nada respecto a los crímenes de ISIS [Estado Islámico] en Siria e Irak. Es cierto que ninguno de los dos Estados era miembro de la CPI, porque ninguno de los dos firmó el Estatuto de Roma que daría jurisdicción a la corte. En abril de 2015, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, emitió una declaración alegando que no podía hacer nada con respecto a ISIS, a pesar de todos los informes de ejecuciones masivas, torturas y destrucción sin sentido de propiedades religiosas. Bensouda no se había sentido motivada a explorar las implicaciones del hecho de que ISIS estuviera formado por voluntarios de Estados signatarios del estatuto de la CPI. Si hubiera habido voluntad, podría haber existido una manera. Pero la voluntad política estaba claramente ausente. Cabe destacar que Bensouda emitió una declaración en la que decía que su oficina creía que Boko Haram había cometido crímenes de lesa humanidad en Nigeria.
Sin embargo, la CPI no sirvió como factor para detener algunos de los supuestos abusos de derechos humanos más graves de los últimos años. No ha ordenado una investigación sobre el asalto a la minoría uigur en China, incluido su traslado masivo forzoso. Se podría argumentar que China es una superpotencia. Pero ese argumento no ha impedido que la CPI se movilice contra Estados Unidos por las acciones de sus militares en Afganistán. Los enjuiciamientos de la CPI fracasaron en varias acciones legales de alto perfil durante la última década en Kenia, la República Centroafricana y Costa de Marfil.
A pesar de sus fallas y desempeño pasado, la CPI ha demostrado una determinación sorprendente para emprender acciones legales contra el Estado de Israel. Pero en estos casos, la CPI se topa con un muro que no considera. Para que prosiga cualquier proceso legal, el establecimiento de su jurisdicción es un requisito previo. Pero si no hay un Estado palestino que pueda delegar en la CPI su jurisdicción penal, entonces la jurisdicción de la CPI es un problema real. Como señala el Fiscal General Adjunto de Israel para el Derecho Internacional, Roy Schondorf, siete Estados han presentado su opinión de que la CPI no tiene jurisdicción en este caso, a saber, Alemania, Australia, Canadá, Brasil, Hungría, Uganda, Austria y la República Checa. El predecesor de Bensouda, Louis Morano Ocampo, enfatizó en una entrevista esta semana que cuando era Fiscal de la CPI, su organización no accedió a reconocer la jurisdicción territorial de los palestinos porque no existía un Estado palestino y aún no existe.
Israel debe resistir estos esfuerzos por convertir a la CPI en un arma política en su contra. Una acusación de la CPI puede tener el aura del derecho internacional. Pero Israel no debe permitir que estos movimientos en la CPI, que son esencialmente políticos, socaven su propia confianza en sí mismo sobre la justicia fundamental que sustenta su causa.
Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs
El Embajador Dore Gold se ha desempeñado como Presidente del Jerusalem Center for Public Affairs desde 2000. Desde junio de 2015 hasta octubre de 2016, se desempeñó como Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Anteriormente se desempeñó como Asesor de Política Exterior del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, Embajador de Israel ante la ONU (1997-1999), y como asesor del Primer Ministro Ariel Sharon.