El Ministerio de Exteriores israelí calificó este martes «como decisión desafortunada» el desbloqueo de 50 millones de euros por la Comisión Europea (CE) para financiar a la UNRWA y aseguró que aportará pruebas de la conexión entre Hamás y empleados de la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.
«En las próximas semanas, Israel presentará toda la información que posee a los países patrocinadores y a las comisiones de investigación de la ONU», afirmó hoy el portavoz de la cartera de Exteriores, Lior Haiat, tras lamentar la decisión.
«Las informaciones sobre la implicación de empleados de la UNRWA en la masacre del 7 de octubre, la presencia masiva de funcionarios de Hamás en la organización, incluso en puestos directivos, y el uso extensivo de los activos de la agencia con fines terroristas se acumulan y aumentan día a día», añadió Haiat.
Ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) revelaron dos conversaciones telefónicas de dos maestros de escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en las que revelan su participación en la masacre del 7 de octubre y en el secuestro de rehenes.
«Más de 450 miembros de organizaciones terroristas de la Franja de Gaza, principalmente de Hamás» trabajan para UNRWA, concluyeron las FDI basándose en los servicios de inteligencia.
La Comisión Europea anunció el viernes, 1 de marzo, que entregará a la UNRWA 50 millones de euros, de los 82 asignados en 2024, además de 68 millones adicionales en 2024 para apoyar a la población palestina en toda la región, que se ejecutarán a través de socios internacionales como la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Ese mismo día, el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, alegó que el apoyo de la CE llega «en un momento crítico» y argumentó que permitirá «prestar servicios esenciales y salvar vidas» en Gaza.
Un total de 18 países anunciaron a finales de enero que suspendían sus fondos a la UNRWA a raíz de que Israel revelara que 12 miembros de la organización en la Franja participaron en los ataques del 7 de octubre, a lo que la organización respondió rescindiendo sus contratos y abriendo una investigación.
Entre los países que suspendieron fondos figuraban sus principales donantes como EE.UU., Canadá, Alemania o Japón.
Con información de agencias