La ejecución de un prisionero de origen kurdo por parte de Irán gatilló masivas protestas en la zona kurda del país. Heidar Ghorbani había sido condenado por «rebelión armada».
El régimen de los ayatolás hizo caso omiso a los pedidos de organizaciones como Amnistía Internacional o Iran Human Rights (IHR) para conmutar la pena. Según diversas fuentes, el juicio de Ghorbani incluyó confesiones forzadas y tortura.
Expertos de derechos humanos de la ONU habían instado en septiembre a Irán a revocar su sentencia de muerte por «serias preocupaciones» de que no recibió un juicio justo y fue torturado durante la detención preventiva.
Ghorbani fue declarado culpable y condenado a muerte en 2020 en relación con el asesinato en 2016 de tres hombres vinculados a la milicia progubernamental Basij. Estaba encarcelado desde octubre de 2016. Fue condenado por proporcionar transporte y apoyo logístico para los asesinatos. Pero el veredicto de la corte reconoció que nunca había estado armado.
Videos publicados en las redes sociales mostraron a multitudes reunidas el domingo para una ceremonia en memoria de él en su ciudad natal de Kamyaran, en el oeste de Irán, cantando «los mártires no mueren».
«Heidar Ghorbani fue sometido a tortura y condenado a muerte sin el debido proceso y sin pruebas en su contra», dijo el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam. «La pena de muerte de Heidar es ilegal incluso bajo las propias leyes de la República Islámica».
Los activistas se han quejado en repetidas ocasiones de la práctica continuada de los medios estatales iraníes de difundir «confesiones» de los condenados con el pretexto de entrevistas, por temor a que se hayan obtenido mediante tortura.
También temen que se esté ejecutando un número desproporcionadamente grande de miembros de las minorías étnicas no persas de Irán, en particular kurdos y árabes en el oeste y baluch en el este, que pertenecen en gran medida a la corriente sunita del islam, en lugar del chiísmo dominante en el país.