Las comunidades árabes en Israel mantienen una huelga general este martes en protesta por la ola de violencia sin precedentes que ha dejado 167 asesinatos en lo que va de año.
«Los establecimientos, servicios públicos y comercios de las ciudades árabes cerraron sus puertas en respuesta a la decisión del Comité de Seguimiento del Pueblo Árabe de declarar una huelga general e integral, a la que posteriormente se sumarán las escuelas», indicaron.
La comunidad árabe, que representa el 21 % de la población israelí, enfrenta una ola de violencia sin precedentes. En lo que va de año, 167 personas han sido asesinadas, la mayoría en tiroteos, una cifra superior al récord de 126 muertos registrados durante todo 2021, según el recuento de la ONG Iniciativas de Abraham.
La mayoría de los asesinatos permanecen impunes y cerca del 75 % de los asesinatos están relacionados con el crimen organizado, mientras que el resto se atribuye a enemistades de sangre, feminicidios que involucran a miembros de la familia y otras actividades delictivas, según la misma organización.
Este mismo martes, un hombre fue asesinado a tiros y otros dos resultaron heridos cerca de la ciudad Iksal, en el norte de Israel. Y el fin de semana, un imam de 60 años fue asesinado mientras salía de una mezquita en Kafr Qara.
La semana pasada, miles de personas con fotografías de sus allegados asesinados y cajas que representaban ataúdes, salieron a las calles de Haifa para protestar contra la violencia.
En las últimas semanas, los crímenes parecen relacionarse con las próximas elecciones municipales, pues varios candidatos a alcalde y funcionarios han estado en el punto de mira.
El mes pasado, el gobierno israelí decidió que el Servicio de Inteligencia Interior (Shin Bet) colabore en la lucha contra la violencia intracomunitaria de la minoría árabe.
Por otro lado, las autoridades anunciaron en agosto que retendrá fondos por más de 55 millones de dólares destinados a las comunidades árabes hasta que pueda garantizar que no caigan en manos del crimen organizado.
Los fondos, aprobados por el gobierno anterior, estaban destinados a impulsar la economía, mejorar la infraestructura y combatir el crimen, pero se teme que se usen para desviar dinero a familias criminales.
Con información de agencias.