Fiscal general de Israel: la confiscación de tierra palestina para asentamientos es legal

Biniamín Netanyahu y Avichai Mandelblit Foto: GPO Kobi Gideon

El fiscal general (y asesor jurídico del Gobierno), Avichai Mandelblit, manifestó que en ciertas circunstancias la confiscación de tierras privadas palestinas para los asentamientos es legal. A pesar de que hace menos de un año anunció que no iba a defender el Proyecto de Ley de Regulación, apoyado por el Gobierno, que pretende legalizar asentamientos ilegales en Cisjordania (Judea y Samaria).

Mandelblit ofreció su dictamen revisado tras un pedido de la ministra de Justicia Ayelet Shaked (del partido religioso nacional Habait Hiehudí) durante los debates sobre los procedimientos para el “outpost” o asentamiento ilegal de Harsha, cuya calle principal de acceso está actualmente en proceso de pavimentación sobre terrenos de propiedad privada palestina, por lo que el asentamiento todavía no ha sido legalizado.

El anuncio del fiscal general se basa principalmente en un fallo, hace unas semanas, del juez árabe israelí Salim Joubran, miembro de la Corte Suprema de Justicia, quien afirmó que la tierra palestina privada podría ser confiscada por los asentamientos en ciertas circunstancias, justificando su afirmación en el hecho de que «los israelíes son también parte de la población local».

«Los israelíes tienen derecho a la vida, la dignidad, la propiedad y todos los derechos otorgados a otras personas en Israel», apuntó Joubran.

En la mayoría de los casos anteriores sobre asuntos similares, el fiscal general exigía un debate sobre cada asunto particular y consistentemente descartó la posibilidad de confiscar tierras privadas palestinas.

Por lo tanto, el desvío fundamental de su postura anterior podría tener ramificaciones para los asentamientos ilegales en situación legal similar a la ruta de acceso a Harsha.

La ministra de Justicia elogió la decisión de Mandelblit.

“La ministra de Justicia saluda esta decisión que constituye una etapa más en la aplicación de los derechos de cientos de miles de habitantes de Judea y Samaria», expresó en un comunicado.

«Ella continuará promoviendo un reexamen de las situaciones jurídicas anteriores sobre la regulación de la construcción en Judea y Samaria».

En febrero pasado, los diputados de la Knéset (Parlamento) aprobaron, en segunda y tercera lectura, por 60 votos a favor y 52 en contra, el Proyecto de Ley de Regularización que busca legalizar asentamientos ilegales, apoyados por el Gobierno, en Cisjordania.

El proyecto de ley tiene por objeto regular el estatus de miles de viviendas en los asentamientos situados sobre terrenos de propiedad privada de palestinos, que asciende a alrededor de 2.000 hogares.

Según la propuesta, el Estado transferiría los derechos del uso de las tierras al Comisionado de la Propiedad del Estado en Cisjordania; mientras que los propietarios de las tierras palestinas serán compensados ​​con un paquete financiero por un monto superior al valor real de la tierra, o recibirán lotes de terrenos alternativos de acuerdo con su elección.

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