El Grupo de Lima acordó este martes investigar de manera conjunta la participación de «testaferros y funcionarios» del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro con «actividades ilícitas», entre las que se encuentran el «narcotráfico, lavado de dinero, movimiento ilegal de activos o terrorismo».
«Los países del Grupo de Lima deciden apoyar las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen de Nicolás Maduro que los vincule con actividades ilícitas, (…) así como el amparo que otorgan a la presencia de grupos terroristas en territorio venezolano», afirmó el canciller argentino, Jorge Faurie.
Este fue uno de los acuerdos a los que el bloque llegó en Buenos Aires en el marco de su decimoquinta reunión desde que se fundó hace casi dos años, una cita en la que refrendaron su apoyo al líder de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente encargado del país.
Repetidas veces ex funcionarios del régimen venezolano así como informes de inteligencia, han revelado los vínculos existentes entre el gobierno de Maduro y movimientos terroristas como el Hezbollah.
El pasado mes de junio el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que «Irán y Hezbollah tienen una base sólida de operación en América del Sur por su alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro».
Asimismo, el ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, se rebeló contra Maduro y confirmó los vínculos de su gobierno con el Hezbollah. Según las declaraciones de Carvajal, el propio Maduro era el encargado de impulsar las relaciones con el movimiento terrorista Hezbollah en cooperación con el ministro de Interior, Nestor Reverol, y el anterior vicepresidente, Tareck El Aissami.
Los países del Grupo de Lima también anunciaron que llevarán el informe presentado por Naciones Unidas a la Corte Penal Internacional (CPI).
Este documento, presentado a principio de mes por la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, denuncia el uso de prácticas «orientadas a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
«Deciden remitir esta información (informe ONU) a la oficina de la fiscal de la CPI a fin de que este sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos en la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Perú y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia», añadió Faurie.
El canciller, que fue el encargado de leer el comunicado suscrito por los países participantes, se refirió también a la posibilidad de un adelanto de las elecciones al Parlamento venezolano que suscitó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
«En los procesos negociadores siempre hay claras líneas rojas. Para el Grupo de Lima la convocatoria anticipada del mandato de la Asamblea Nacional es una clara línea roja que nosotros no querríamos ver ultrapasar y que merece el fuerte repudio de toda la comunidad internacional», destacó el canciller.
Este encuentro se produjo seis meses después de que Juan Guaidó se adjudicara las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país suramericano, hecho que Faurie celebró y recordó que la búsqueda de la democracia «no tiene plazo».
«El compromiso con la recuperación de la democracia y la libertad no tiene plazo, y la persistencia del Grupo de Lima en estos dos años, con 14 reuniones, muestra nuestro compromiso que es infatigable», subrayó.
Faurie, en nombre de los países del grupo, mantuvo la postura de no apoyar una intervención por la fuerza en Venezuela, afirmando que el compromiso pasa por «encontrar una solución pacífica», aunque no se mostró tan tajante como en otras ocasiones.
«El uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que correspondiera», agregó.
Otra de las áreas que investigarán es el «apoyo brindado al régimen de Nicolás Maduro por parte de Gobiernos y agrupaciones políticas de la región».
Asimismo el Grupo mostró el rechazo a la propuesta del Ejecutivo de Maduro para formar parte del Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, propuesta ante la que apostaron por que esa plaza en el organismo internacional sea ocupado por gente afín a Guaidó.
Faurie se hizo eco de la decisión del Parlamento venezolano de reincorporarse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene como objetivo avalar estrategias de defensa mutua, aunque afirmó que es asunto que se tratará en «futuros encuentros».
En esta reunión participaron representantes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana y Perú, además de altos representantes de los Gobiernos de Canadá, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía.
Asimismo, estuvieron presentes como observadores Ecuador y, por primera vez, El Salvador.
Guaidó, que intervino a través de una videoconferencia al inicio de la jornada, estuvo representado por su embajadora para Argentina, Elisa Trotta, y por el diputado Julio Borges.
La cita en Buenos Aires se realizó mientras en Barbados continúan las negociaciones entre Maduro y la oposición bajo la mediación de Noruega, tras rondas de diálogo en Oslo. EFE y Aurora