En enero las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detuvieron al terrorista palestino Asam Barghouti, sospechoso de estar involucrado en un ataque a tiros cerca del poblado de Givat Asaf en Judea y Samaria. En el momento de su detención portaba un uniforme de las FDI, lo cual de acuerdo al Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 en su Artículo 37, sobre las “Prohibiciones de la perfidia”, en el inciso “c” dice categóricamente que está prohibido simular ser un civil, no combatiente.
A esto se le debe sumar que la Cuarta Conferencia de La Haya: Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre (18 de octubre de 1907), en el artículo 23, incluye que adicional a las prohibiciones que han sido establecidas por Convenciones especiales, hay una particular prohibición con respecto a “…Dar muerte o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;…Usar indebidamente una bandera de tregua, de la bandera nacional o de las insignias militares o el uniforme del enemigo, así como los signos distintivos de la Convención de Ginebra…”
Aunque es técnicamente complejo de determinar y de juzgar, es ilegal, aunque como ya fue mencionado difícil de poder llegar a un juicio que condene las acciones de esta categoría. Sin embargo, este tipo de actividades se pueden llevar a un proceso judicial cuando se trata de organizaciones formales (ejércitos y agrupaciones paramilitares debidamente identificadas), pero en los casos que los actos son ejecutados por agrupaciones que practican el terrorismo, las posibilidades de hacerlo son mínimas y más que una condena con parámetros militares, sería tomado desde el marco de un delito civil con alcances asociados a su beligerancia y magnitud del delito.
Es uno de los retos de las guerras modernas de cuarta generación, donde el uso de la perfidia como estrategia de combate se hace común, alegando “desequilibrio”, como si eso fuera una excusa real para comportarse como lo dictan las normas. Pero acá es obvio que el parámetro de permisibilidad está asociado directamente a quien ejecuta el acto y contra quién lo dirige. Y además que es común que la ejecución de ciertos criterios de Derecho Internacional estén sujetos a una interpretación, o al “lawfare” de posiciones de los expertos en la materia.
No es beligerancia cuando de forma tan descarada se violan los derechos aún de la propia población que dicen representar. El estándar sobre lo que estos actos se pueden etiquetar sería, en el caso de los grupos no gubernamentales se les denominaría terrorismo. En el momento que el mismo se ejecuta desde una política de Estado, se le podría denominar “terrorismo de Estado”, aunque el término moderno más acertado sería “crímenes de lesa humanidad”, que es lo que realmente pasa cuando expones a población civil, propia o ajena, a este tipo de actividades que ponen en peligro su continuidad, establecido de esta manera en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Sin embargo hay un doble estándar para juzgar la situación militar en otras partes del mundo y la que se utiliza directamente para hablar del conflicto palestino – israelí, desde todos los frentes el conflicto es más “Sui Generis”, permisivo en la crítica que se da contra la violación a las normas de guerra y el derecho internacional humanitario por parte de los grupos pro palestinos, y absurdamente crítico cuando se trata de crear resoluciones para juzgar las acciones de Israel.
Lo anterior se ve con fuerza en las resoluciones que con mayoría automática se aprueba para condenar a Israel de lo que sea, métrica que no se utiliza cuando se trata de la violación a derechos fundamentales de palestinos contra palestinos; ni se diga contra israelíes, y tampoco se verá en otros casos de conflictos con una situación humanitaria más delicada que esta.
Bryan Acuña Obando