Amnistía Internacional (AI) instó al Estado argentino a cumplir con su «obligación» de llegar «a la verdad y juzgar a los responsables» del atentado terrorista contra el centro comunitario judío AMIA de Buenos Aires de 1994, que sigue impune y del que se cumplen 23 años.
«Actualmente, se lleva adelante el juicio oral sobre el encubrimiento a la investigación del ataque. Luego de años de espera, las familias de las víctimas y la sociedad argentina merecen que el proceso brinde reparación y resultados concretos», explica Amnistía Internacional.
La organización internacional plantea la «urgente necesidad» de aplicar el decreto 812 de 2005, por el que Argentina se comprometió a garantizar la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables.
También fortalecer las unidades especiales de investigación dedicadas al caso, extender las unidades de relevamiento a la dirección de Migraciones e informatización de los registros migratorios; crear una unidad especializada en catástrofes y transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia.
Asimismo, Amnistía Internacional señala que ese decreto vela por promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado y profundizar el proceso del relevamiento de archivos del caso en poder de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas de Seguridad.
«En un nuevo aniversario, Amnistía Internacional acompaña a los familiares en su dolor y se suma a la convocatoria de los actos recordatorios», concluye el texto.
La comunidad judía atribuye a Irán y al grupo terrorista chií Hezbollah la planificación y ejecución del atentado, que fue el segundo contra objetivos judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que también sigue sin esclarecer.
Desde que asumió el poder en 2015, el presidente Mauricio Macri ha insistido en su objetivo de que se haga justicia por ambos hechos.
El listado de imputados en Argentina por el atentado a la AMIA lo integran varios ex altos funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani -fallecido en enero de 2017- y el ex ministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí, pero hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición a argentina.
No obstante, rigen varios pedidos de captura de la Policía Internacional (Interpol).
Más de dos décadas después del ataque, un proceso juzga a 12 personas, incluido el ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), por numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado contra la AMIA, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías imputados.
La polémica arreció en enero de 2015, cuando Alberto Nisman, fiscal encargado de la investigación del atentado, fue hallado muerto, con un tiro en la cabeza, días después de haber acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de presuntamente encubrir a los iraníes sospechosos del atentado.
El fiscal, cuya muerte se desconoce si fue un suicidio o un homicidio, basaba su denuncia -reabierta en diciembre pasado tras ser desestimada en varias ocasiones- en el memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, según él, implicaba encubrir a los sospechosos a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.
Esto, sin embargo, ha sido continuamente negado por Fernández de Kirchner y su entorno. EFE y Aurora