Alejandro Toledo, una de las piezas mayores del caso Odebrecht en Perú

El exmandatario peruano pedirá el "habeas corpus" para evitar su extradición al país andino

Alejandro Toledo Foto archivo: Biblioteca LSE vía Flickr

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición a Perú fue avalada por un juez de Estados Unidos, es una de las piezas mayores de la investigación del caso Odebrecht en el país andino.

Toledo es uno de los tres exgobernantes peruanos implicados en las investigaciones de esta trama de corrupción que, en su caso, comprende la presunta entrega de un soborno de unos 35 millones de dólares para facilitar los negocios de la empresa brasileña.

Estas son algunas de las claves que explican la decisión de la Justicia estadounidense de extraditar al exmandatario.

1. LA OMNIPRESENTE ODEBRECHT

El caso Odebrecht, que ha implicado a un gran sector de la clase política y empresarial peruana, tiene entre sus investigados, además de Toledo, los exgobernantes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

También comprendió en sus pericias iniciales al exmandatario Alan García (2006-2011), quien se suicidó en abril de 2019 para evitar ser detenido por una orden fiscal.

En cuanto a Toledo, la justicia peruana pidió su extradición por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias y desde febrero de 2017 tenía una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.

El exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses encarcelado por riesgo de fuga, pero finalmente pasó a cumplir arresto domiciliario en marzo de 2020, a raíz del inicio de la pandemia de la covid-19.

2. LA INFORMACIÓN

En enero de 2020, el fiscal jefe del equipo especial Lava Jato en Perú, Rafael Vela, aseguró que Jorge Barata, exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en el país andino, aportó «mucha información» sobre las coordinaciones para el pago de sobornos al expresidente peruano.

Un mes antes, el empresario peruano-israelí Josef Maiman se había convertido en colaborador de la Fiscalía, tras admitir que prestó las cuentas de sus empresas para recibir el soborno de 35 millones de dólares que Odebrecht le entregó a Toledo para beneficiarse con la licitación de la carretera Interoceánica Sur durante su Gobierno.

Mediante ese acuerdo de colaboración, se ordenó que Maiman devuelva unos 14 millones de dólares al Estado peruano y solicitó la ejecución de una prueba anticipada para asegurar el testimonio del colaborador – de avanzada edad y con problemas de salud – en el juicio que se abrirá por este caso.

Según las investigaciones fiscales, desde las empresas de Maiman ubicadas en paraísos fiscales presuntamente se traspasaron fondos a la sociedad Ecoteva, que fue fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.

3. UN SEGUNDO PEDIDO DE EXTRADICIÓN

Precisamente, el 21 de abril pasado el Gobierno de Perú, que por entonces presidía Francisco Sagasti, aprobó presentar una segunda solicitud de extradición de Toledo y su esposa Eliane Karp por presunto lavado de activos.

El ministro de Justicia de ese momento, Eduardo Vega, explicó que este pedido se acordó por el caso Ecoteva, desde donde Toledo supuestamente pagó las hipotecas millonarias de propiedades que adquirió tanto en Lima como en las playas del norte de Perú.

Las pesquisas de la Judicatura encontraron «una ruta de dinero con cuentas ‘offshore’ en Panamá y Costa Rica», que luego «vinieron al Perú para hacer compras de inmuebles», según detalló Vega en ese momento.

4. EL AVAL DE LA JUSTICIA DE EE.UU.

Tras un prolongado proceso que comenzó con su detención en 2019, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, avaló este martes que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas.

Hixson aseguró que su tribunal consideró las pruebas «sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero».

Luego del visto bueno de la Justicia estadounidense, será el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el que tomará la decisión final en un caso que el propio Gobierno de Estados Unidos ha representado los intereses de Perú durante el proceso.

Aunque su defensa solicitará como último recuerdo una orden de «hábeas corpus», de la decisión que tome Blinken dependerá de que Toledo, de 75 años, sea procesado en su país y afronte el pedido fiscal de una condena de 20 años y 6 meses de prisión por el caso Odebrecht.

El exmandatario pedirá el «habeas corpus»

Alejandro Toledo dijo en una entrevista que su defensa pedirá el «habeas corpus» a la Justicia estadounidense, lo que podría retrasar e incluso evitar su extradición a Perú, donde está acusado de corrupción.

«La siguiente acción de mi defensa aquí en los Estados Unidos es que vamos a presentar un ‘habeas corpus’, que irá a un juez federal de California y luego todavía tiene dos instancias más», indicó el exmandatario pocas horas después de que el juez Thomas Hixson emitiese una sentencia en la que avala su extradición.

El «habeas corpus», por el que el acusado -en este caso, Toledo- pone en duda las condiciones de su detención y la preservación de su derecho de defensa, es el único recurso legal de que dispone el expresidente, puesto que la sentencia del juez Hixson no puede ser apelada.

Aun así, la petición de «habeas corpus» no paralizará automáticamente el proceso, sino que será la corte que examine el caso la que podrá ordenar específicamente que se ponga en suspensión la extradición mientras esta se resuelve.

Según el abogado de Toledo, Roberto Su, que también participó en la videoconferencia, la práctica indica que normalmente en este tipo de casos en los que presuntamente se pueden haber visto afectados el derecho de defensa y el debido proceso, las extradiciones quedan en suspensión.

Su criticó las, a su juicio, contradicciones e inconsistencias en la decisión del juez Hixson, al que acusó de falta de objetividad y de haber tenido la sentencia ya medio preparada incluso antes de que se produjese la audiencia de extradición el pasado viernes.

«Basta leer la sentencia para darse cuenta de que hay inconsistencias. Esta decisión no la ha tomado el juez del día de la audiencia para hoy; es una decisión en la que ya venía trabajando», apuntó el letrado.

El abogado de Toledo insistió en la que ha sido la principal línea de defensa del exmandatario a lo largo del juicio: las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana, el empresario israelí Josef Maiman y el exempleado de Odebrecht Jorge Barata.

Su lamentó que en su escrito el magistrado «justifique» las inconsistencias de los testigos por el paso de los años y que no las considere lo suficientemente relevantes como para negar la petición de extradición.

Al margen de lo que pueda ocurrir una vez se presente la petición de «habeas corpus», con la sentencia ya en firme del juez Hixson, la solicitud de extradición pasará ahora a manos del Departamento de Estado de EE.UU., que deberá tomar una decisión final al respecto. EFE

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