Alan Dershowitz, constitucionalista y uno de los abogados estadounidenses más notorios, dirigió una carta abierta al fiscal general de Israel Avichai Mandelblit desestimando las acusaciones que se le hacen al primer ministro Benjamín Netanyahu.
Dershowitz, quien se desempeñó en la prestigiosa Universidad de Harvard entre 1964 y 2013, es también una importante figura de referencia en el campo penalista y conocido comentarista sobre el conflicto árabe-israelí.
El fiscal general Mandelblit deberá publicar en breve su decisión de establecer o no si el Primer Ministro puede ser llevado a un juicio, situación especialmente comprometida por el actual clima electoral en Israel.
Los argumentos que establece Dershowitz en la misiva son absolutamente legales. Revisa cada uno de los cargos imputados y los razona de manera de hacer ver que en realidad no pueden constituir argumentos legítimos ni sólidos.
Como base principal, el abogado apunta en su carta:
«Derribar a un Primer Ministro debidamente elegido sobre la base de una aplicación expansiva y sin precedentes de un estatuto penal amplio y expandible, pone en peligro la democracia».
De modo que prosigue a analizar los argumentos de las imputaciones de soborno y fraude y esclarece vacíos dejados por la legislación:
«[Con relación a] La acusación de que Netanyahu aceptó demasiados regalos [cigarros y licores] […] e hizo demasiados favores a cambio. ¿Pero cuánto es demasiado? La ley no lo dice […] nadie debe ser acusado de un delito a menos que haya cruzado voluntariamente una línea notoria y haya violado claramente un grave estatuto criminal».
Con relación a las acusaciones que apuntan a la figura de “tráfico de influencias”, Dershowitz aclara que la ley tampoco establece los límites dentro de los que las personalidades políticas se pueden relacionar con propietarios de medios de comunicación, y puntualiza que este tipo de acusaciones «[…] plantean peligros aún mayores para la gobernabilidad democrática y las libertades civiles».
Otras acusaciones estarían basadas en especulaciones acerca de los pensamientos y decisiones de algunos funcionarios; en este sentido Dershowitz apunta a que se trata de «especulaciones sobre el estado mental de los participantes».
Más adelante en su carta también señala:
«La relación entre la política y los medios, y entre los políticos y los editores, posee demasiados matices, es sutil y compleja, como para estar sujeta a la dura mano del derecho penal».
También indicó, en referencia a las supuestas motivaciones egoístas y particulares con las que se conducirían los políticos con frecuencia:
«Darle poder a los fiscales para que prueben estas motivaciones mixtas [de los políticos] es empoderarlos para ejercer un control antidemocrático sobre instituciones cruciales de la democracia».
Finalmente, Alan Dershowitz pidió al fiscal general Mandelblit que permita que la democracia siga su curso y que sean los electores los que condenen cualquier actitud cuestionable que pudieran percibir en el comportamiento de Netanyahu, en vez de forzarlas hacia el terreno criminal:
«Criminalizar estas diferencias políticas es poner en peligro la democracia y la libertad de prensa».