El Estado de Israel objetó este viernes de forma oficial la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de la Haya para estudiar crímenes de guerra en la ofensiva en Gaza, así como la legalidad para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro, Benjamín Netanyau, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.
“Israel presentó dos escritos legales separados. En un escrito, Israel describió la manifiesta falta de competencia de la CPI en el presente caso“, anunció este viernes en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
“Y en otro escrito, Israel detalló la violación injusta del Estatuto de la Corte y el principio de complementariedad por parte del Fiscal de la CPI, al no brindarle a Israel la oportunidad de ejercer su derecho a investigar por sí mismo las reclamaciones planteadas“, objetó el texto.
El pasado 20 de mayo, el fiscal general de la CPI, Karim Khan, solicitó autorización a los jueces para emitir ordenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por “crímenes de guerra“.
A su vez, solicitó órdenes de detención también contra la cúpula de Hamás: Yahya Sinwar, su jefe absoluto; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe de su ala militar (las Brigadas al Qasam); así como del posteriormente muerto Ismail Haniyeh, entonces jefe del brazo político y muerto el 31 de julio en un ataque en Teherán.
Khan los consideró “penalmente” responsables de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en territorio de Israel y en Gaza desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.
Si bien Israel no es miembro de la CPI, por lo que no estaría obligado a acatar una potencial orden de detención, todos los países de la Unión Europea (UE) han ratificado el Estatuto de Roma, por lo que técnicamente tendrían que extraditar al mandatario israelí si llega a sus fronteras.
Agencias contribuyeron con este artículo de Aurora.