La Fiscalía acusó formalmente a Sara Netanyahu, esposa del primer ministro, Biniamín Netanyahu, de «delitos de fraude sistemático» por presuntamente haber cargado unos cien mil dólares (85.000 euros dólares) a los gastos de la residencia oficial entre 2010 y 2013, informó el Ministerio de Justicia.
Después de revisar todas las pruebas y sopesar las circunstancias del caso, el fiscal general, Avichai Mandelblit, decidió procesar a Sara Netanyahu «por los actos y ofensas que se le atribuyen», y junto con ella acusó al ex vicedirector general de la Oficina del Primer Ministro, Ezra Saidoff.
Ambos han sido acusados ante el Tribunal de Magistrados de Jerusalén de recepción fraudulenta de bienes, fraude y abuso de confianza, mientras que sobre Saidoff también pesa la acusación de falsificación por parte de un funcionario público.
Según la acusación, Sara Netanyahu habría gastado un total de 85.000 euros en restaurantes de comida de lujo y chefs particulares en violación de las normas de la Residencia del Primer Ministro, que ya no eran eventos oficiales y la vivienda contaba con un cocinero.
Desde septiembre de 2010 y hasta marzo de 2013, según la acusación, Sara Netanyahu y Saidoff se pusieron de acuerdo para crear la falsa impresión de que no había un cocinero empleado en la residencia oficial.
De este modo, son sospechosos de haber encontrado un subterfugio en las regulaciones para alegar que, como no había cocinero en servicio, estaba permitido pedir comida a domicilio, al tiempo que seguían recibiendo financiación para emplear a cocineros en la residencia.
En 2015 se abrió una investigación preliminar después de la publicación de un informe del contralor general del Estado sobre los gastos en la residencia oficial del primer ministro, y en 2017 Mandelblit anunció que presentaría una acusación contra Sara Netanyahu y Saidoff, a la espera de una audiencia.
A principios de mayo de este año, los abogados de Netanyahu transmitieron a la Fiscalía que su representada estaba dispuesta a pagar una multa para no ser acusada en el llamado «escándalo de las residencias», pero la oficina del fiscal rechazó la propuesta.
Y a finales de ese mes, la Fiscalía dio a Sara un ultimátum para que aceptara un acuerdo y devolviera al Estado parte de los gastos personales en encargos de comida de lujo que supuestamente costeó con fondos públicos, a cambio de evitar el procesamiento.
Sus abogados informaron a Mandelblit de que Sara no aceptaría ninguna responsabilidad por los cargos, según se supo por una filtración difundida por el Canal 2 hace más de un mes.
Según el equipo legal de Netanyahu, ella «no era consciente de que podía estar cometiendo algún delito» y confiaba en los administradores financieros de la residencia y la oficina, explicaron.
Los abogados también adujeron que, como Netanyahu no es una funcionaria pública, no puede ser inculpada por fraude o abuso de confianza.
Sara Netanyahu también ha sido interrogada por el Caso 4000 o Caso Bezeq, que implica a su marido y que indaga si su familia recibió una cobertura positiva del portal de noticias de internet Walla a cambio de favores por parte del jefe del Gobierno a su propietario. EFE y Aurora