Los abogados de Sara Netanyahu, esposa del primer ministro, trasmitieron al fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, que su representada está dispuesta a pagar una multa para no ser acusada en el llamado «escándalo de las residencias», informó Canal 2.
De la filtración de la conversación entre el equipo legal de Sara Netanyahu y los representantes del Estado, se desprendía que los primeros ofrecían un pago de 50.000 shékels (unos 11.500 euros) para evitar que la esposa del primer ministro sea imputada.
Sara Netanyahu es sospechosa de contratar chefs particulares y hacer pedidos a domicilio de comidas por valor de decenas de miles de shékels al mes de restaurantes de lujo a cargo del erario público, pese a haber un cocinero en la Residencia, según un borrador de acusación que se presentará contra ella.
Los abogados de Netanyahu se quejaron a Mandelblit y al abogado del Estado, Shai Nitzan, de que su reunión había sido filtrada.
«Eso está mal y le estoy pidiendo a todo el mundo que no filtre», contestó Mandelblit, según recogió el diario Yediot Aharonot.
No se sabe cuándo el fiscal general llegará a una decisión sobre si imputar o no a Sara Netanyahu, pero sí se sabe que ella no aceptará ninguna responsabilidad por los cargos, según informaron sus abogados a Mandelblit.
Según el equipo legal de Netanyahu, ella «no era consciente de que podía estar cometiendo algún delito»; confiaba en los administradores financieros de la Residencia y la Oficina del Primer Ministro, explicaron, según el informativo del Canal 2.
Los abogados también adujeron, según esta filtración, que como Netanyahu no es una funcionaria pública, no puede ser inculpada por fraude o abuso de confianza.
Según la acusación, desde septiembre de 2010 y hasta marzo de 2013, Sara Netanyahu y el ex vicedirector general de la Oficina del Primer Ministro, Ezra Saidof, se pusieron de acuerdo para crear la falsa impresión de que no había un cocinero empleado en la residencia oficial de Jerusalén.
De este modo, son sospechosos de haber encontrado un subterfugio en las regulaciones para alegar que, como no había cocinero contratado, era permitido pedir comida a domicilio si fuera necesario, al tiempo que seguían recibiendo financiación para emplear cocineros en la residencia y pedir a domicilio.
El Canal 2 informó de que obtuvieron así financiación para cientos de comidas de chefs y restaurantes que le costaron al erario público unos 359.000 shékels (casi 83.000 euros). EFE