Benito Roitman
En una nota anterior reiteraba algunos de los problemas que enfrenta Israel en el ámbito económico, ubicados por un lado en el estancamiento en el ritmo de avance de sus exportaciones -que constituyen notoriamente un elemento esencial para su crecimiento- y centrados por el otro en el mantenimiento de altos niveles de costo de vida, entre los cuales destaca (aunque no de manera exclusiva) el proceso de aumento en el costo de la vivienda. Este último proceso ha conducido a una notoria disminución en la accesibilidad a la vivienda propia, especialmente para la porción de la población que se incorpora año con año a la demanda de habitación. Señalaba también que «no puede decirse que en el gobierno se ignoren estas situaciones. Lo que sí es discutible -para decirlo de manera suave- es que se estén tomando las disposiciones y políticas adecuadas para modificarlas y/o superarlas.»
En efecto el actual Ministro de Finanzas, Moshé Kahlón, basó su campaña electoral (en la que recalcó de manera explícita que su intención era precisamente ocupar el Ministerio de Finanzas) en dos promesas centrales: combatir el creciente costo de la vivienda y disminuir el alto costo de vida en Israel. Pero a poco más de un año de instalado el presente gobierno, ninguno de esos objetivos parecen estar a la vista.
Es cierto que es poco el tiempo transcurrido para poder contar con resultados positivos. Pero también es cierta la preocupación existente porque sus tendencias, que podrían mostrar algunos cambios alentadores, no parecen haberse modificado. En el año transcurrido, y de acuerdo con la información de la Oficina Central de Estadística, el precio de la vivienda aumentó alrededor de un 6%, después de un incremento de cerca del 5% en el año anterior. En cuanto al costo de vida, del cual el costo de la vivienda forma parte, no hay señales que muestren mejoras para el ciudadano medio; y esa falta de mejoras incluye -entre otras cosas- la permanencia de los altos índices de desigualdad en la distribución del ingreso.
En cuanto al crecimiento de la economía y a sus vínculos con el comportamiento de las exportaciones, su caída es notoria. Entre los años 2014 y 2015, las exportaciones de bienes cayeron un 7,2% y entre el primer semestre del 2015 y el del 2016, han vuelto a caer un 4,8%. En este marco, es difícil pensar en tasas de crecimiento de la economía sensiblemente superiores al crecimiento de la población (que por sí mismo genera cierta actividad positiva en la economía), y menos aún que ese tipo de crecimiento pueda continuar mucho más allá del corto plazo. De hecho, las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año se sitúan por debajo de 2,5%, cuando la población crece a poco menos de 2%.
¿Objetivos sin programa?
¿Cómo se puede superar esta situación? Grandes ideas no faltan. Se insiste en que es necesario aumentar la competitividad de la producción nacional para incrementar sus chances de exportar, que se requiere incorporar más mano de obra -y con mejores calificaciones- al mercado de trabajo, que la productividad del trabajo -y de la totalidad de los factores de la producción- debe aumentar significativa y permanentemente, que es preciso diversificar agresivamente los mercados de exportación, que es imperioso mantener e intensificar el ritmo de generación de nuevas iniciativas tecnológicas. Con todo ello es difícil discrepar; pero ¡es tan fácil opinar en grande! Y además, todas esas propuestas tienen un trasfondo tal de prerrequisitos y efectos políticos y sociales, que no puede dárseles un contenido operativo sin enmarcarlas en un programa que coordine sus desarrollos. Y un programa de esa naturaleza, a diferencia del supuesto funcionamiento automático de las fuerzas del mercado, requiere ser diseñado y ejecutado en un esfuerzo conjunto del Estado y de los sectores privados, incluyendo en estos últimos no sólo a las fuerzas productivas sino también la representación de los grupos sociales. Es esencial reconocer, además que la puesta en práctica de acciones coordinadas para cambiar el rumbo de la economía israelí y mejorar su perfil de crecimiento no arrojará resultados inmediatos; tomará su tiempo para rendir plenamente sus frutos, especialmente en lo que depende de cambios y avances significativos en el sistema educativo.
Pero en el entretanto, lo que ocurre en la escena política real no parece tener demasiado que ver con la instrumentación de transformaciones en el funcionamiento de la economía. Parecería más bien que estamos y que vivimos en el mejor de los mundos, y para probarlo proponemos disminuir impuestos, ya que la recaudación tributaria -se nos dice- habría superado las expectativas y sobrarían recursos en las arcas públicas. Y ni que decir que en materia de educación se está dando marcha atrás en materia de la obligación de impartir materias básicas en las escuelas religiosas que el Estado parcialmente financia.
La demagogia de la disminución de impuestos
La propuesta de disminución de impuestos – centrada en el impuesto a la renta de personas y empresas y anunciada de manera intempestiva por el Ministro de Finanzas- se ha visto en muchos medios políticos como una jugada de éste adelantándose a alguna propuesta similar del Primer Ministro, de manera de poder atribuirse la iniciativa y ganar así puntos con el electorado. Pero es necesario ser más preciso en cuanto a esos resultados de la recaudación tributaria. Como es sabido, los ingresos públicos presupuestados, la mayor parte de los cuales proviene de los diferentes impuestos existentes, constituyen año con año una previsión o estimación -fruto de modelos económicos específicos- de lo que se espera que ingrese en las arcas públicas.
En los últimos años, en una serie que va desde el 2004 hasta el 2015 con información del Departamento de la Contaduría Mayor del Ministerio de Hacienda, la comparación entre los ingresos estimados en el ejercicio presupuestal y los ingresos efectivos muestra que en cinco de esos años (2004, 2008, 2011, 2012 y 2014) los ingresos estimados superaron a los efectivos, mientras que en los siete años restantes los ingresos efectivos fueron superiores a los estimados. Es decir, de acuerdo a esos resultados, el eventual aumento de ingresos no es tendencial, sino que obedece a circunstancias propias de cada período, además de las características del o de los modelos utilizados para las estimaciones.
Pero en todo caso, la disminución propuesta en algunas tasas impositivas, junto con el establecimiento de techos para el déficit fiscal, llevan necesariamente a la larga a una disminución en el gasto público. En ese caso, ¿con qué recursos se financiarían las acciones que se requieren para mejorar la capacidad de competir, para aumentar la productividad, para mejorar la calidad de la educación, para continuar y ampliar la investigación académica y científica que alimenta los desarrollos tecnológicos y la creación de nuevos productos y servicios? Y todo eso sin mencionar con qué recursos se mejoraría la calidad de los servicios de salud, la necesaria mejora en el transporte público, la atención incrementada a los grupos poblacionales más necesitados.
El costo de las alianzas políticas con los religiosos
En cuanto a la marcha atrás con respecto a las condiciones para continuar financiando a las escuelas ultra religiosas, seguramente se ha de concretar como ley en estos días. Se trata de derogar la legislación existente que establece -establecía- la obligación de impartir un curriculum básico (inglés, matemáticas, historia) para tener derecho a un financiamiento público. La derogación de esta ley (que nunca fuera aplicada, pero que ahora desaparecería) va exactamente en sentido contrario de las acciones requeridas para apoyar a larga un mejor crecimiento económico y menores niveles de pobreza. ¿Pero cuánto interesa esto cuando está en juego el mantenimiento de la coalición, y con ello la continuidad del gobierno?
En los últimos años y cada vez que se ha abierto la discusión sobre el presupuesto público y el nivel del déficit, el Banco Central de Israel ha mantenido una posición invariable: al mismo tiempo que ha bregado por una disminución creciente del déficit como porcentaje del PIB, ha señalado la necesidad de incrementar el gasto público en las áreas sociales (y en el campo educativo en especial, en aras de una mejora a largo plazo de la productividad de la economía), financiando esos incrementos con aumentos en los impuestos. Pero las autoridades económicas del gobierno no han hecho demasiado caso de estas posiciones.
En este año no habrá discusión presupuestal. La decisión que tomara el actual gobierno el año pasado, de aprobar un presupuesto bienal para el 2015-2016 le está rindiendo fuertes dividendos, más allá de los que pudieran haberse previsto en su momento. Se está ahorrando, sobre todo, el duro debate que acompaña siempre la asignación de las partidas presupuestarias, pero que en este caso se acompañaría con el fuerte riesgo de desbaratar la débil coalición existente, por desacuerdos sobre esas asignaciones.
En resumidas cuentas: aquí no pasa nada, no ha pasado nada. No parece haber mejor formar de garantizar el mantenimiento del status quo. Hasta que no pueda mantenerse. ■