Palestinos: Arrestos arbitrarios y silencio mundial

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Las críticas de los civiles son completamente ignoradas

 Khaled Abu Toameh

Durante muchos años, los palestinos y sus partidarios en todo el mundo han condenado a Israel por arrestar a presuntos terroristas sin juicio.

Sin embargo, resulta que la Autoridad Palestina (AP) tiene una política que permite a uno de sus altos funcionarios ordenar el arresto de cualquier palestino, independientemente de la naturaleza del delito que comete.

Israel mantiene presuntos terroristas en “detención administrativa” sobre la base de leyes tales como: Orden militar israelí N° 1651 de disposiciones de seguridad, encarcelamiento de leyes de combatientes ilegales y reglamentos de defensa (emergencia), una ley que reemplaza las leyes de emergencia del período del mandato británico de Palestina (1920-1948).

Vale la pena señalar que los ciudadanos israelíes, y no sólo los palestinos, han sido detenidos en “detención administrativa” en las últimas décadas. Esto significa que Israel no distingue entre un palestino y un israelí cuando se trata de combatir el terrorismo.

Mientras que la campaña contra las “detenciones administrativas” de Israel estaba teniendo lugar, la Autoridad Palestina ha estado, según los activistas y abogados palestinos de derechos humanos, realizando arrestos ilegales y arbitrarios contra sus propios electores.

Una vez más, el doble rasero de los palestinos y sus partidarios internacionales han quedado expuestos.

Durante más de una década, la Autoridad Palestina ha detenido a palestinos sin juicio hasta por seis meses, sobre la base de una orden firmada por uno de sus altos funcionarios, generalmente un gobernador designado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbás.

Pero mientras Israel usa la “detención administrativa” como una herramienta para frustrar el terrorismo, los líderes de la Autoridad Palestina detienen a personas sin juicio como un medio para silenciarlas y evitar que expresen cualquier tipo de crítica contra Abbás y otros líderes palestinos.

La AP argumenta que sus “detenciones administrativas” se llevan a cabo dentro del marco de la ley y como una medida preventiva para salvaguardar la seguridad pública y prevenir la violencia.

Pero mientras que los detenidos administrativos en Israel tienen derecho a ver a un abogado, recibir visitas de familiares y apelar contra su encarcelamiento, a los palestinos detenidos por la Autoridad Palestina se les niegan los derechos básicos. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos obsesionadas con Israel parecen totalmente desinteresadas en este hecho.

¿Cómo funcionan, entonces, las “detenciones administrativas” de la Autoridad Palestina?

Según abogados y defensores de los derechos humanos palestinos, un gobernador palestino o un alto funcionario está autorizado a emitir órdenes de arresto contra cualquier palestino por cualquier motivo.

Aunque no queda claro sobre qué base los gobernadores de la AP y los altos funcionarios tienen derecho a ordenar arrestos, algunos expertos legales dicen que creen que la práctica se basa en una ley jordana de 1954 que todavía está vigente en Cisjordania.

Los expertos dicen que, aunque un tribunal jordano derogó la ley hace muchos años, la Autoridad Palestina continúa usándola contra su propio pueblo.

El abogado palestino y ex juez Daoud Dirawi dijo que la práctica de detener a palestinos bajo las órdenes de los gobernadores y altos funcionarios de Abbás era “ilegal” e “inconstitucional” y señaló que el Tribunal Supremo de Justicia de Palestina ha fallado en contra de esta práctica.

“El encarcelamiento ilegal es un delito castigado por la ley”, explicó Dirawi. “Cualquier persona afectada por esta práctica tiene derecho a demandar por daños. Este es uno de los ataques más peligrosos contra las libertades públicas”.

El Centro para la Independencia del Poder Judicial y la Profesión Jurídica (Musawa), dice que ha recibido muchas quejas de los palestinos sobre las detenciones ilegales por parte de la Autoridad Palestina.

Tras señalar que las detenciones fueron “inconstitucionales” y constituyen una grave violación de los derechos humanos, Musawa dijo que los gobernadores y altos funcionarios no tienen el poder de ordenar el arresto de nadie.

El año pasado, la Facultad de Derecho en la universidad An-Najah, la universidad palestina más grande de Cisjordania, celebró un seminario dedicado a las “detenciones administrativas” de la Autoridad Palestina.

El Dr. Muayad Hattab, decano de la facultad, dijo que la mayoría de los expertos legales palestinos estaban de acuerdo en que las detenciones sin juicio constituían una violación de la ley y la constitución palestinas. También señaló que los tribunales palestinos habían fallado reiteradamente en contra de la práctica de detener a personas sin juicio.

El abogado palestino Ala Al-Badarneh, que realizó un estudio sobre las “detenciones administrativas” de la Autoridad Palestina, encontró que la mayoría de las detenciones se llevaron a cabo sin el conocimiento del gobernador o del alto funcionario palestino en cuyo nombre se realizó la detención. “La detención de personas por órdenes del gobernador a veces ocurre sin el conocimiento del gobernador”, dijo Al-Badarneh.

“Incluso cuando el gobernador tiene conocimiento de la detención, el detenido no es llevado ante el gobernador. El gobernador a menudo niega tener conocimiento de la detención cuando las familias lo piden. La ley jordana estipula que cuando alguien es detenido por orden del gobernador, él o ella debe comparecer ante el gobernador. Pero esto no es lo que está sucediendo con aquellos que están siendo detenidos sin juicio por la Autoridad Palestina”.

Al-Badarneh también señaló que los “detenidos administrativos” palestinos estaban siendo detenidos sobre la base de evaluaciones de las fuerzas de seguridad palestinas, sin referirse a la parte que supuestamente ordenó el arresto: un gobernador o un alto funcionario.

En algunos casos, los gobernadores palestinos y altos funcionarios, que se han convertido en agentes de la ley, recurren a “detenciones administrativas” para eludir el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Un tribunal, por ejemplo, puede ordenar la liberación de un detenido, pero él o ella puede permanecer tras las rejas si un gobernador o alto funcionario firma una orden de arresto.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Mahmoud Asideh de Nablus, la ciudad palestina más grande de Cisjordania. Después de 37 días de detención, varios tribunales palestinos ordenaron la liberación de Asideh. Sin embargo, para evitar implementar las órdenes de los tribunales, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina le entregaron una orden de arresto firmada por el gobernador de Nablus. Otro detenido, Anas Judallah, también de Nablus, fue detenido por orden del gobernador de Nablus, aunque un tribunal palestino decidió liberarlo.

En 2016, el periodista palestino Ragheed Tabasiyeh estuvo detenido durante 17 días por orden del gobernador de la ciudad cisjordana, Kalkilia. Tabasiyeh dijo que fue interrogado sobre la naturaleza de su trabajo periodístico y el partido para el que estaba trabajando. Finalmente fue liberado sin fianza ni cargos.

En diciembre de 2017, grupos palestinos de derechos humanos recibieron quejas de siete palestinos que dijeron que habían sido detenidos sin juicio por orden de un gobernador. Dos de los detenidos han sido liberados desde entonces, mientras que los otros cinco siguen detenidos sin juicio.

Los palestinos dicen que la Autoridad Palestina está usando las “detenciones administrativas”, principalmente, como una herramienta contra sus oponentes políticos y para silenciar a los críticos y no como una medida de precaución para prevenir un crimen, como afirma la Autoridad Palestina.

Khalil Assaf, director de la Asociación Independiente de Palestinos en Cisjordania, denunció la práctica como un crimen y dijo que su objetivo principal era silenciar a los críticos de la Autoridad Palestina. Refiriéndose al presidente Mahmoud Abbás.

Assaf se preguntó: “¿Cómo puede aquel que está al frente de la Autoridad Palestina y viola la ley pedir a su pueblo que cumpla la ley? La violación de la ley por parte de cualquier persona es inaceptable. Detener a cualquier persona por órdenes del gobernador o un alto funcionario es un crimen castigado por la ley”.

Por lo tanto, tenemos otro ejemplo más de cómo la Autoridad Palestina financiada por Occidente se burla de su sistema judicial y continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y los asaltos contra las libertades públicas. En un mundo donde cualquiera de los altos funcionarios de Abbás puede firmar una orden de arresto contra un palestino, los palestinos sólo pueden seguir soñando con tener un país con leyes y orden.

Sin embargo, lo particularmente inquietante no es que el liderazgo de la Autoridad Palestina esté actuando como un régimen tiránico (esto es absolutamente esperado por quienes están familiarizados con el funcionamiento interno de Abbás y sus partidarios), sino por el silencio e indiferencia permanentes de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos. Aquellos que protestan sobre las medidas de seguridad de Israel contra el terrorismo les darían a los palestinos un mejor servicio abriendo sus bocas para denunciar la manera en que los derechos humanos son devastados por la Autoridad Palestina.

 

Fuente: Gatestone Institute

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