Opinión: La Autoridad Palestina y sus “incentivos de sangre” al terrorismo

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Mahmud Abbas Foto: Kremlin.ru CC BY 4.0

Juan Carlos López

El líder de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, y otras personalidades que le acompañan en el Gobierno, frecuentemente se dirigen a los medios de comunicación no árabes con mensajes que condenan las acciones violentas y fomentan la convivencia y tolerancia. Sin embargo, las actividades de la AP ciertamente van en el sentido opuesto. Los mensajes en los medios árabes son virulentos y su lenguaje gráfico enaltece el martirio y los actos de violencia y terrorismo.

Para muestra de esta estrategia distractora de la Autoridad Palestina basta comparar su posición mediática con su política real hacia los palestinos que cometen actos de terrorismo y los incentivos que reciben cuando ejecutan estos actos criminales y cobardes en contra de mujeres, niños y civiles, en general, además de alguna que otra acción en contra de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Por absurdo que parezca para el mundo moderno y civilizado, un criminal palestino que penetra en una casa y asesina a una familia mientras celebran un rito o que apuñala a una madre frente a sus hijos puede recibir hasta $1 millón como recompensa.

Recientemente un boletín de Palestinian Media Watch (PMW) trataba el asunto y hacía una reveladora e indignante aproximación. Luego de cumplir una condena de veinte años por actos de terrorismo, un palestino recibiría una cantidad de dólares americanos suficientes como para comprar un Ferrari de $1 millón. Y, adicionalmente, la ley palestina lo eximiría de impuestos como compensación por su condena.

No cuesta mucho imaginarse el conflicto de intereses que se le puede generar a un joven palestino, que luego de realizar un acto terrorista pasaría veinte años de condena en un sistema carcelario moderno para, finalmente, al cumplir sus 40 años, haber acumulado un millón de dólares.

En pocas palabras, la Autoridad Palestina, la misma que pretende ser reconocida como un igual ante los Estados del mundo, ofrece provocativos incentivos financieros a la industria del terrorismo.

Los palestinos condenados por terrorismo por Israel se convierten automáticamente en una clase especial de ciudadano que recibe privilegios que exceden en mucho los de los médicos, maestros y otros ciudadanos. Y estos privilegios también alcanzan a sus familiares.

Por gracia de un acto terrorista, un palestino recibe un “salario” mensual acorde con los años de condena que le correspondan en una prisión israelí. En un arrebato de precisión financiera, el salario se compensa y actualiza si el terrorista es reincidente y retorna a prisión por el mismo delito de terrorismo. Todo esto expuesto en una inverosímil tabla de compensaciones adquiridas gracias al derramamiento de sangre de víctimas inocentes, porque de eso es de lo que se trata el terrorismo, de crear una vida miserable para los ciudadanos corrientes.

Las compensaciones convierten entonces a los palestinos en potenciales “terroristas asalariados”, cuyos ingresos mensuales varían desde unos $400 hasta $3.400. Y lo que es peor, estos son incentivos potenciales para los ciudadanos y familias menos aventajados y competitivos.

Otras condiciones aplican, por ejemplo, pagos adicionales si existe una esposa o por cada hijo o si el terrorista es residente en Israel o en Jerusalén.

Los terroristas amparados por esta ley no pierden su salario, en caso de ser empleados del Gobierno al momento de cometer el crimen pero, si su salario era originalmente muy bajo, entonces su situación mejora, ya que se le asigna el salario básico de un terrorista.

Los hijos de los terroristas gozan del sangriento esfuerzo de sus padres, ya que quedan exentos de cualquier gasto de matrícula educativa en su primaria y secundaria. Los gastos de universidad se reducen 80%, aunque algunas condiciones aplican, como el género y el tiempo de condena de su progenitor o progenitora. En el paroxismo de la apología al terrorismo, un terrorista podría recibir un título universitario financiado por la AP.

Y aún hay más. Los beneficios recibidos durante la condena se extienden a la vida del terrorista en libertad. Dependiendo del tiempo de condena este puede recibir una bonificación de entre $1.500 y $25.000. El terrorista es aplicable para recibir pagos por paro (desempleo) por un tiempo equivalente al que pasó en prisión. Automáticamente él o ella adquiere un trato preferencial entre sus conciudadanos para optar a cargos y, aún si no hubiera vacantes, igual se les pagaría el salario respectivo.

Vale acotar que las consideraciones con el género femenino resaltan a la hora de compensar los actos de terrorismo. Los años de condena para que las mujeres puedan acceder a los “beneficios salariales” es menor que la aplicada a los hombres: cinco años para ellas, diez años para ellos.

Los terrorista que hayan pagado cinco años de prisión y las terroristas que hayan pagado tres gozan de una exención total en los impuestos por concepto de salud y no tendrán que pagar nada por entrenamientos profesionales. Igualmente, uno de sus hijos gozará del pago por la AP de su matrícula universitaria. Y los terroristas que logren el récord de una condena de 20 años quedarán liberados de impuestos que gravan la compra de un auto nuevo.

En el caso de los terroristas que resultan muertos en su acción, la AP otorga a sus familias un bono inmediato de unos $1.700 más un pago mensual de por vida de $404, además de una serie de estipendios adicionales relacionados con la carga familiar y que dependen de su lugar de residencia, que podría multiplicar los ingresos varias veces.

La AP mantiene las cantidades asignadas a los “mártires” en un absoluto secreto que ha logrado evadir órdenes judiciales y el escrutinio de los donantes internacionales, de modo que solo salen a la luz luego de un arduo trabajo de investigación y ensamblaje de piezas dispersas de información.

PMW publicó el pasado 11 de noviembre el escalofriante balance del apoyo a las familias de los “mártires”, el cual revela que el presupuesto de la AP para 2018 incluye ayuda financiera a 350 familias, seguros para 28.000 familias, 700 becas académicas, 500 becas para viajes a La Meca, además de matrículas escolares para 40.300 niños.

Un punto muy importante y que escapa a toda lógica es que los fondos destinados a estas recompensas o “incentivos de sangre” provienen principalmente de los millones de dólares que anualmente recibe la AP o las instituciones relacionadas con el tema palestino, lo que ha llevado a los principales países involucrados a una revisión de dichas asignaciones.

Israel ha introducido legislaciones para impedir que la AP continúe con esta práctica que afecta a cerca del 7% de todo el presupuesto palestino. Por su parte, los Estados Unidos están introduciendo leyes para impedir el pago de lo que denominan “incentivos financieros al terrorismo”.

Es fácil inferir que el terrorismo, en lugar de ser condenado por la sociedad palestina, se ha convertido en una alternativa financiera muy rentable, en desmedro de los donantes internacionales y de los mismos palestinos, quienes esperan que su Gobierno les otorgue oportunidades dignas e igualitarias a todos los ciudadanos.

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