El primer ministro, Biniamín Netanyahu, visitó el sur de Tel Aviv, un área que ha visto, en los últimos años, el arribo masivo de migrantes africanos, y prometió que el Gobierno “devolverá” el barrio a los habitantes israelíes.
Netanyahu, que anunció su intención de establecer un comité ministerial para tratar la cuestión, apareció acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, y la ministra de Cultura, Miri Regev.
La demostración de fuerza tuvo lugar luego que la Corte Suprema dictaminara que el Gobierno puede continuar con su controvertida práctica de deportar a los inmigrantes indocumentados a un tercer país –que no fue nombrado-, pero subrayó que no puede encarcelar a aquellos que se niegan a irse por más de 60 días.
«Estamos aquí con la misión de devolver el sur de Tel Aviv a los habitantes israelíes», declaró el primer ministro. «He oído a los residentes, y lo que escucho es dolor y crisis. La gente tiene miedo de abandonar sus hogares».
Regev afirmó que los habitantes del sur de Tel Aviv son «refugiados en su propio país».
La ministra denunció, que los africanos que arribaron en masa al país, «no son refugiados.»
«Son infiltrados», refiriéndose a la masiva inmigración de sudaneses y eritreos.
«Los habitantes del sur de Tel Aviv son los que se han convertido en refugiados en su propio país», manifestó.
Regev instó al Gobierno a sortear la sentencia de la Corte Suprema mediante una legislación en la Kneset (Parlamento).
«Necesitamos la penalización de los empleadores que pagan los salarios a los infiltrados que emplean», añadió. «Necesitamos esfuerzos legales contra los propietarios que alquilan sus apartamentos a los infiltrados para que no se permita que hagan lo que quieran con sus propiedades, sin supervisión, incluyendo la división de los apartamentos».
Netanyahu aseveró que el Gobierno adoptará un enfoque de tridimensional para el problema.
Las medidas son: la valla de seguridad a lo largo de la frontera con Egipto, que ya ha logrado reducir significativamente el número de migrantes que cruzan a Israel desde los países africanos, el aumento de la penalización contra los que emplean inmigrantes ilegales y de los migrantes que violan la ley, y un comité ministerial que el primer ministro dijo que conducirá él mismo.
Los habitantes aplaudieron sus comentarios y corearon consignas contra la Corte Suprema.
Numerosos habitantes han protestado contra los solicitantes de asilo, argumentando que están involucrados en el crimen, y han acusado al Gobierno de haberlos «abandonado».
Netanyahu y Erdan también inauguraron un nuevo edificio para el patrullaje policial en el sur de Tel Aviv, que servirá a unos cincuenta policías.
La expulsión a un tercer país es en gran medida sin precedentes en Occidente. Italia y Australia firmaron acuerdos similares con terceros países -Italia con Libia, y Australia con Malasia- pero ambas propuestas fueron desbaratadas por los tribunales locales. En ambos casos, los tribunales dictaminaron que los proyectos de ley son incompatibles con el derecho internacional y la Convención de Naciones Unidas de 1951 sobre los refugiados, de la que Israel también es parte.
Sin embargo, la Corte Suprema también dictaminó que, debido a que las deportaciones deben ser realizadas con el consentimiento de los migrantes, la negativa a abandonar Israel no puede ser considerada como un comportamiento no cooperativo. Israel no puede encarcelar a los inmigrantes, que se niegan a dejar el país, por más de 60 días.
De acuerdo con el Centro de Desarrollo de Refugiados de África, hay aproximadamente 46.437 africanos en Israel, que se autodefinen como solicitantes de asilo. La mayoría, el 73 por ciento son oriundos de Eritrea, y aproximadamente el 19 por ciento de Sudán.