Montesquieu: el poder corrompe

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Joseph Hodara
Desde hace más de tres siglos, las principales ideas esbozadas por el francés Montesquieu no han perdido vitalidad. Al contrario: regímenes políticos que perduran más de un periodo razonable o aquellos que hoy sobreviven merced al astuto control de los medios que podrían voltearlos obligan a recordar premisas que constituyen el fundamento de una sana convivencia democrática.
Y una de sus ideas tiene hoy relieve y actualidad. Proclama que toda sociedad necesita un poder organizado si pretende sobrevivir; pero por sus características y por las consecuencias malignas que apareja, tal poder debe autolimitarse. Con este fin, la modalidad más acertada es dividir las fuentes de la autoridad en esferas que compiten conforme a reglas claras y bien definidas. Es decir, el poder debe repartirse en instituciones que, al actuar, limitan la capacidad de cada una de ellas.
Con este criterio, e influido por los principios liberales de la Ilustración, Montesquieu sugirió un esquema de tres poderes que, para beneficio y libertad del ciudadano, deben mantenerse en dinámico equilibrio: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Si un político logra quebrarlo, la sociedad entera oscilará entre la dictadura y la anarquía. Circunstancia que, por infortunio, se conoce hasta nuestros días en no pocos países.
Nació Montesquieu en Burdeos, Francia, en 1689. Dos figuras gravitaron en su educación. Con el físico-matemático-cabalista Isaac Newton, el politólogo francés aprendió que cualquier sociedad gobernada exclusivamente por la Biblia o por el Vaticano implica la esclavitud física e intelectual del ser humano; al cabo estas fuentes degradan y desmantelan cualquier aspiración libertaria.
Montesquieu exploró las causas y la estructura de los regímenes autoritarios en Europa y aprendió a través de Newton a apoyarse exclusivamente en su propio razonamiento. Así pudo comprobar y estudiar el carácter maligno del poder político cuando éste se despliega sin conocer limitaciones. El poder corrompe y la única manera de neutralizar sus malignos efectos es limitarlo con entidades de similar capacidad.
John Locke, por su lado, le ilustró con el ejemplo inglés que en el siglo XVII instituyó una monarquía republicana que prescribió severas restricciones a la autoridad -a la sazón arbitraria- de los reyes europeos. Por esta vía algunas tradiciones importantes fueron preservadas al lado de cambios que garantizaron la libertad ciudadana.
En sus Cartas Persas publicadas en 1721, Montesquieu inventó una correspondencia con un colega de otras tierras y culturas con el objeto de poner al descubierto las restricciones y los pecados del régimen monárquico europeo. Por esta vía alentó la formación de nuevos sistemas políticos que se resistían a aceptar sin objeciones un mandato bíblico o el decreto papal.
Originalmente, el esquema institucional sugerido por Montesquieu consistía de tres poderes -ejecutivo, legislativo, judicial- que deben mantener y aceptar firme autonomía con el objeto de asegurar la libertad de los ciudadanos. Sin este dinámico balance todo ejercicio del poder conduce -sin frenos- a la corrupción y a la dictadura. Ciertamente, la inclinación previsible de un político que ejerce funciones ejecutivas es cancelar la influencia de parlamentos y tribunales; pero la obligación de éstos es frenarlo imponiéndole las normas de la democracia.
El esquema tripartito de Montesquieu se ha ampliado considerablemente en estos días. Los medios masivos de comunicación en el plano nacional e internacional; el ascendiente de organismos como la ONU; y la militancia de grupos académicos no gubernamentales multiplican las posibilidades de reducir acciones arbitrarias por parte de gobiernos que lastiman las libertades públicas. Hoy, si un sistema político ignora estas críticas y limitaciones, su legitimidad y ejercicio se verán radicalmente menoscabados.
Corresponde observar que los rápidos progresos en la esfera de la comunicación electrónica tienen hoy efectos contradictorios respecto a la posibilidad de democratizar el poder político. De un lado, el ciudadano cuenta con recursos que le permiten difundir su parecer y sus posturas cuando se siente agredido por el poder político; pero éste cuenta también con múltiples vías para frenar protestas y cerrar las fuentes de información. En estas circunstancias, la aparición de algún descendiente ilustrado de Montesquieu se antoja impostergable.

2 Comentarios

  1. Hodara se refiere, muy evidentemente y sin nombrarlo, a nuestro Primer Ministro cuando dice “la inclinación previsible de un político que ejerce funciones ejecutivas es cancelar la influencia de parlamentos y tribunales”, o cuando agrega “regímenes políticos que perduran más de un período razonable o que sobreviven merced al astuto control de los medios que podrían voltearlos”. Pues resulta que el 4° poder en una democracia es efectivamente el de ‘los medios’ y sobre todo, el de los periodistas. Y ése poder no es democrático, no está sometido ni a elecciones ni a los famosos “checks and balances” a los que deben someterse los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y muchísima falta que les hace, porque si bien es cierto que el poder corrompe, el poder absoluto del que disfrutan los corrompe absolutamente.

  2. La idea de democratizar el poder político es demasiado vaga. Si por democratizar entendemos un gobierno de las ONGs o la gente en la calle gritando, o un ejecutivo tonto gobernando según las encuestas, es lo peor que le puede pasar a un país. En cuanto al papel de la religión en el Estado de Israel, es mucho más importante de lo que pueden suponer Hodara, Montesquieu, Newton o el mismísimo Moishele Pipquele. Aporta gobernabilidad –lo viene haciendo desde hace bastante. Los religiosos suelen ser más respetados que los seculares por amplios sectores de la minoría árabe, son ciudadanos que votan y pueden ser elegidos. La ley, no puede estar pensada para despreciar o reprimir minorías, y por eso en todas partes se dice que ésta es la única democracia de Medio Oriente. Es cierto que hay fueros difíciles de eliminar, pero hay suficientes ejemplos de cómo la ley alcanza a poderosos –religiosos o no– y los ubica donde corresponde.

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