Los derechos de construcción de Holyland han sido restaurados

24 agosto, 2016

La Comisión de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén decidió restablecer los derechos de construcción de Holyland retirados en agosto del 2014. Se espera que se beneficien por esta decisión, Holyland Park Company, propiedad de Polar (60%), Kardan (20%) y el Banco Leumi (10%), que fue el mayor perjudicado por la decisión de reducir los derechos de construcción.
El tema de Holyland, comenzó en 2010, e incluyó la sospecha de soborno. A raíz de la investigación criminal, la Comisión de Planificación y Construcción del Distrito decidió en abril de 2011 reconsiderar el plan.
Holyland Park adquirió los derechos a finales de 1999, sólo cinco meses después de que la Comisión Nacional de Planificación y Construcción aprobara el plan. Antes de que el asunto se hiciera público, la empresa construyó ocho edificios en 2000-2010 (siete edificios y una torre), y conservó la propiedad de las parcelas en la parte occidental del sitio para cuatro edificios adicionales con un total de 254 unidades de vivienda.
La empresa presentó una objeción a la cancelación de sus derechos por parte de la Comisión de Planificación y Construcción del Distrito, quienes a su vez habían aprobado esos derechos en la década de 1990, alabando el plan y ninguno de los miembros de la Comisión era sospechado de aceptar un soborno.
Holyland consideró que si el nuevo plan se aceptó, esperaba recibir un estimativo de 500 millones de shékels en compensación por parte de la Comisión de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén.
Después de escuchar las objeciones, la Comisión decidió ir en contra de la reducción de viviendas aprobadas para la construcción. Esto explica la decisión que debió equilibrar la necesidad de considerar la importancia pública del tema Holyland en contra de la importancia económica de la cancelación de los derechos aprobados.
La Comisión de Planificación y Construcción del Distrito explicó que había descubierto que las necesidades públicas podrían cumplirse sin eliminar los derechos de construcción aprobados que aún no se habían utilizado. ■

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