El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral emitió una orden de detención preventiva con fines de extradición de Irak para el ex ministro de Exteriores iraní Alí Akbar Velayatí, uno de los sospechosos del atentado al centro comuntario judío AMIA, que en 1994 en el que fueron asesinadas 85 personas en Buenos Aires.
Según informaron fuentes judiciales, el magistrado realizó dicho pedido a las autoridades iraquíes tras enterarse a través de medios periodísticos iraníes de que Velayatí, sobre el que pesa una orden de captura internacional desde 2006, había viajado a Bagdad para participar en unas conferencias.
El juzgado emitió la orden y espera que llegue lo más rápido posible, algo que puede complicarse debido a que Argentina no cuenta con representación diplomática en el país árabe.
Velayatí -que actualmente ejerce como consejero de Asuntos Exteriores del líder supremo iraní, el ayatollah Alí Khameneí- es uno de los imputados por el atentado a la AMIA, que 22 años después permanece impune.
El listado de sospechosos del atentado lo integran también el ex ministro iraní de Defensa Ahmad Vahidi, el ex ministro de Información Alí Fallahijan, el ex asesor gubernamental Mohsen Rezai, el ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y el ex funcionario diplomático Ahmad Reza Asghari.
Ya a finales de julio Canicoba Corral había realizado un pedido idéntico a las autoridades de Singapur y a Malasia, países a los que se supo que iba a viajar entonces el consejero iraní.
Sin embargo, las solicitudes no salieron adelante porque Argentina no mantiene un convenio de extradición con Singapur y de Malasia no obtuvieron respuesta alguna, señalaron las mismas fuentes judiciales.
La polémica sobre la investigación aumentó después de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kichner (2007-2015) firmara en 2013 un memorando de entendimiento con Irán para “esclarecer” el ataque, cuya planificación y ejecución se atribuye al grupo terrorista Hezbollah.
El acuerdo contemplaba la creación de una comisión de expertos para la revisión de la causa judicial por el atentado a la AMIA y el desplazamiento del juez argentino a cargo del caso a Teherán para interrogar a los sospechosos.
Sin embargo, el memorando fue declarado inconstitucional por un tribunal argentino y aunque nunca fue ratificado por Irán, generó un distanciamiento entre el Gobierno de Fernández de Kirchner y gran parte de la comunidad judía en el país suramericano.
El fiscal especial que estaba cargo de la investigación por el atentado, Alberto Nisman, consideraba que el pacto con Irán era un instrumento para encubrir a los iraníes sospechosos de planear el ataque y denunció a la presidenta ante la Justicia en enero de 2015.
Cuatro días después de hacerlo, Nisman fue hallado muerto de un disparo en la sien en su casa de Buenos Aires, en circunstancias aún por esclarecer.
La investigación del caso estuvo plagada de irregularidades, por lo que se abrió otra causa por presunto intento de encubrimiento de la conexión local.
El atentado contra la AMIA fue el segundo ataque terrorista contra blancos judíos en Argentina, después de que 29 personas fueran asesinadas en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, atentado también atribuido a Hezbollah. EFE