Una comisión interna del Parlamento (Knéset) prohibió, a instancias del ministerio de Seguridad Interior, las visitas que realizan los diputados a presos condenados por delitos contra la seguridad del estado y terrorismo, en una medida que afecta sobre todo a los parlamentarios árabes.
La decisión la aprobó la Comisión de Asuntos Internos de la Kneset (Parlamento) a raíz del caso de un diputado árabe a quien desde el domingo se le investiga por la supuesta entrega de doce teléfonos móviles a dos terroristas presos –uno árabe israelí y otro palestino-.
El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdán, solicitó a la comisión que estableciera una nueva regulación para estas visitas y que, a partir de ahora, los legisladores deban pedir autorización por escrito a la presidencia del Parlamento antes de cada visita.
La petición sigue a la investigación contra el diputado árabe Basel Ghattas, del Partido Balad (Partido Árabe Democrático), integrado en la coalición Lista [Árabe] Conjunta, quien hoy fue interrogado por la supuesta entrega de móviles y mensajes encriptados a dos terroristas árabes presos, uno de ellos condenado por el secuestro y asesinato del soldado Moshé Tamam, de 19 años, cuando se dirigía a su hogar cerca de Natania, en 1984.
Ghattas, que estuvo cuatro horas en las dependencias policiales, dijo a los medios que «han hecho una montaña de un granito de arena», y que al final la verdad saldrá a la luz y se demostrará que «se trata de un nuevo caso de persecución política» contra los diputados y dirigentes de la minoría árabe.
La regulación anterior concedía absoluta libertad a los parlamentarios para realizar esas visitas, y debido a su inmunidad no eran revisados al entrar en prisión.
Sin embargo, la comisión parlamentaria ha considerado que las visitas sin restricción pueden ser interpretadas como una forma de aliento al terrorismo, y que este tipo de presos no estarán dentro de las actividades que conceden inmunidad automática a los parlamentarios.
Erdán defendió la nueva regulación debido al «creciente turismo de los diputados (árabes) a las celdas de terroristas» no tiene por objeto vigilar sus derechos como presos, sino mostrar apoyo político y solidaridad.
Para garantizar que se velan por esos derechos, el poder legislativo establecerá unas cuotas de diputados de diferentes partidos que sí puedan realizar visitas sin aviso. EFE y Aurora
El acusado lo justifica como una acción humanitaria, es decir denuncia malos tratos a los presos terroristas, un tema peliagudo en el que la seguridad del estado puede pesar mucho. En España ETA, la banda terrorista por la independencia del País Vasco, era habitual que denunciase torturas, violaciones y asesinatos por parte de los funcionarios españoles, además de que la política de dispersión en cárceles por todo el territorio español la consideraban poco humanitaria y que ponía en peligro constante a los familiares durante los viajes para las visitas. El estado español lo consideraba propaganda inventada, órdenes a los etarras para que denunciasen torturas si eran detenidos, según se decía esto lo hacían porque les proporcionaría un gran apoyo popular y el interés de organizaciones internacionales, al igual que ocurrió con los casos de terrorismo de estado ya juzgados, uno de estos terroristas fascistas hace unos días fue detenido cuando planeaba un atentado suicida yihadista. Con el paso del tiempo poco se ha aclarado sobre la veracidad de estas denuncias.